El dato de los colegios profesionales es la punta del iceberg de los casos de amenazas, insultos y coacciones
16 mar 2018 . Actualizado a las 13:11 h.Casi nunca son agresiones físicas pero sí insultos o amenazas. En una consulta médica, el pasillo de hospital o la sala de espera de urgencias. Las agresiones al personal sanitario no van a menos, pese a tipificarse ya como atentado a la autoridad si el trabajador está ejerciendo como funcionario público. El Consello Galego de Colexios Médicos se sumó ayer al manifiesto y a las demandas que realizó la Organización Médica Colegial y el Observatorio Nacional de Agresiones, que piden que también las coacciones verbales sean consideradas atentado contra la autoridad; que se incluya a los profesionales que trabajan en el ámbito privado; o que se tomen medidas especiales con los médicos que ya han sufrido agresiones previas.
En el 2016 el Sergas registró 226 incidencias que afectaron a 244 trabajadores de todas las categorías. Sanidade todavía no ha facilitado los datos del 2017, pero según las cifras de los colegios médicos, han ido a más. Las entidades colegiales han registrado 13 denuncias en el 2017 solo de facultativos, y estiman que suponen un 10 % de las recogidas por el Sergas, por lo que esta cifra subiría a 130 entre facultativos. Los trece casos registrados suponen la cifra más alta de este decenio, aunque al ser números pequeños las oscilaciones son considerables.
En ninguno de los casos se trató de agresiones físicas, sino de insultos o amenazas, y el origen está mayoritariamente en discrepancias con la atención médica. Uno de cada cuatro incidentes se debió a que el médico no prescribió al paciente el fármaco que quería. En cuanto al lugar de las agresiones, la atención primaria, bien sea en urgencias o en consultas, concentra el 54 % de los casos. El informe elaborado por los facultativos también recoge que el perfil del agresor es un hombre, en el 40 % de los casos un familiar y en el resto el propio paciente. Siete de cada diez se dirigieron a facultativos varones, pero mientras que en el caso de los hombres las víctimas superan casi siempre los 56 años, cuando se trata de mujeres la mayoría son menores de 35.
En Galicia la tasa de agresiones es inferior a la media estatal, con una por cada mil facultativos, y solo Navarra, País Vasco y Aragón tienen cifras menores. En el lado opuesto están Andalucía, Extremadura y Cantabria, con más de tres agresiones por mil profesionales. En España estos incidentes alcanzaron un nuevo máximo histórico en el 2017, con 515, un 4 % más que en el 2016.
Interlocutor policial
Además de tipificar en el Código Penal desde el 2015 la agresión a un sanitario en el ejercicio de su profesión como atentando a la autoridad, el Sergas puso en marcha el llamado botón del pánico para alertar a los compañeros; y el programa Acude, que se está implantando para que el sanitario pueda avisar de una situación complicada aunque no esté en su consulta, haciendo uso de cualquier dispositivo móvil.
Además, en julio del 2017 el Ministerio del Interior creó la figura del interlocutor policial sanitario, que además de servir de intermediario permitirá detectar puntos conflictivos en la red de atención -por ejemplo centros con más problemas-; o hacer un catálogo para ver cuáles tienen seguridad privada o botón del pánico. En Galicia se firmó ya el convenio entre Sanidade y la Delegación del Gobierno para empezar a implantarlo.
«Hay facultativos que han necesitado tratamiento y baja»
Pese a que no suelen ser agresiones físicas, el insulto o la amenaza en el contexto de una consulta «es muy diferente a si te ocurre en el coche conduciendo, porque tienes que seguir atendiendo a estos pacientes», explica José Manuel Bendaña, secretario del Consello de Colexios Médicos y miembro del observatorio nacional de agresiones.
-¿Aumentan los casos?
-Nosotros registramos la punta del iceberg. Por la extrapolación con otras comunidades autónomas viene a ser un 10 % de lo que registra el Sergas, y aún así tampoco sería la realidad porque hay gente que asume las coacciones y los insultos y no los comunica. Lo que está claro es que hemos registrado más, hemos conseguido que la gente venga más a denunciar, lo que puede significar que haya más o no.
-¿A qué se enfrenta el médico en la consulta?
-La situación violenta más común es la que altera al profesional y tiene trascendencia en lo que va a hacer después con ese paciente o con los que vienen detrás. Básicamente son amenazas o insultos, y también hay violencia física algunas veces. Hay enfermos que son más receptivos, colaboran más o confían más en ti, pero la situación agresiva es aquella en la que te faltan al respeto al amenazar o insultar.
-¿Se da por igual en todos los ámbitos asistenciales?
-Los servicios de urgencias, tanto en primaria como en atención hospitalaria, son los que generan más tensión y por tanto más violencia. Por decirlo de forma coloquial, la gente llega de uñas y, a la mínima, salta.
-¿Qué tiene que hacer el Sergas?
-El Sergas es, por así decirlo, la empresa, y lo que tiene que hacer es garantizar la seguridad de los trabajadores. En la estadística se recoge que casi el 40 % de los afectados no se sienten respaldados. Y no solo es el respaldo, sino que hay una responsabilidad jurídica por la que cuando hay antecedentes de una conducta violenta deben ponerse medidas preventivas. En el fondo subyace que las condiciones de trabajo no son mejores que antes, la presión asistencial es mayor, la gente está más crispada y la situación estructural sanitaria también ha empeorado.
-¿Hay facultativos que lo han pasado mal por este tema?
-Sí, recuerdo que cuando empezamos los estudios creíamos que drogadictos y enfermos mentales iban a ser los agresores, y no, son pacientes o familiares de pacientes sin patología mental. Me vienen a la cabeza dos casos de médicas acosadas en su trabajo; los pacientes iban a reclamar esto y aquello, amenazando con cosas tipo «como no me lo des voy a por ti». Hay gente que lo ha pasado mal y ha necesitado asistencia psiquiátrica, tratamiento y baja.
SOS Sanidade recaba el apoyo de la oposición contra la reforma de la Lei de Saúde de Galicia
d. s.
La plataforma SOS Sanidade Pública recabó ayer el respaldo de los grupos de la oposición para seguir combatiendo la reforma de la Lei de Saúde de Galicia, que será discutida la próxima semana en el pleno del Parlamento, donde está garantizada su aprobación merced a los votos del grupo mayoritario del PP. Dicha reforma, entre otras cuestiones, reduce de once a siete las áreas sanitarias de Galicia, pero tanto la plataforma sanitaria como En Marea, PSdeG y BNG están de acuerdo en que supone un «avance» hacia la privatización del sistema de salud y el desmantelamiento de los hospitales comarcales.
El encuentro con los grupos parlamentarios de la plataforma que agrupa a facultativos, asociaciones de pacientes o sindicatos se produjo en la casona de O Hórreo y, al término del mismo, el portavoz de SOS Sanidade Pública en Santiago y a la vez presidente de la Asociación Galega de Medicina Familiar, Jesús Sueiro, advirtió que todos los colectivos que están en contra de la reforma de la Lei de Saúde «no van a detenerse» con la aprobación del texto, pues entienden que se trata de «un nuevo escalón» del peligro que se cierne sobre el sistema sanitario.
«Con el consenso de todos»
«Cuando las reformas se hacen de manera unilateral y en contra de todo el mundo, no estamos respetando un pilar básico del estado del bienestar como es la salud», manifestó Jesús Sueiro, quien hizo un llamamiento a que cualquier reforma legislativa o reguladora en ámbitos como la sanidad se lleve a cabo «con el consenso de todos» y no mediante la aprobación unilateral de una fuerza política o del Gobierno de turno.
Por otra parte, el portavoz de SOS Sanidade Pública también puso en valor que los grupos políticos de la oposición recogieran «con interés» las propuestas esgrimidas desde esta plataforma, que redundarían en la mejora de la calidad de la sanidad pública. Durante la reunión se tocaron aspectos como la transformación de las áreas sanitarias en distritos, la descapitalización y «desmantelamiento» de los hospitales comarcales, los avances hacia la privatización de la sanidad o el refuerzo de los recursos humanos del sistema de salud, pues el colectivo demanda que se recupere al menos el número de profesionales que había antes del estallido de la crisis.