Técnicos de las empresas que instalaron la seguridad afianzan la acusación contra el ADIF en el caso Alvia

Al menos dos testigos ratificaron que la empresa pública de ingeniería Ineco no realizó el informe de evaluación independiente de la curva de Angrois

El abogado de las víctimas, Manuel Alonso Ferrezuelo
El abogado de las víctimas, Manuel Alonso Ferrezuelo

redacción / la voz

Las declaraciones como testigos de cuatro técnicos de las empresas que instalaron la señalización y los elementos de seguridad en la línea de alta velocidad Santiago-Ourense (Thales y Dimetronic, ahora Siemens) no aportaron grandes revelaciones a la causa, pero al menos sirvieron para afianzar buena parte de la línea de acusación contra el ADIF, y en menor medida contra Renfe, en lo que respecta a la gestión de la seguridad y el riesgo en la curva de Angrois. Abogados que estuvieron presentes en las declaraciones, que pudieron llevarse a cabo pese a la huelga de los empleados de Justicia, constataron que al menos dos de los técnicos ratificaron que la empresa pública de ingeniería Ineco no realizó el informe de evaluación independiente de la curva de Angrois, aunque sí del resto de la línea que se gestiona desde el enclavamiento de O Irixo, que es prácticamente rectilínea. Esta apreciación coincide con lo que declararon los propios técnicos de Ineco, aunque estos como investigados. También está probado documentalmente que se discutió en varias reuniones si se debía hacer esa evaluación de riesgos independiente. En cualquier caso, los técnicos incidieron en que ellos no analizan las curvas, sino que ven las líneas como una sucesión de velocidades máximas.

Varios técnicos fueron interpelados sobre si había algún inconveniente para llevar el ERTMS (el sistema que supervisa en todo momento la marcha del tren) hasta la estación de Santiago cuando se decide explotar la línea en ancho ibérico y no en internacional. Y contestaron que no, una respuesta que contrasta con la versión oficial del ADIF, que alega que se aplicaron las normas internas de ingeniería del administrador respecto a las señales de entrada en la estación.

Un técnico de Thales cifró en un 19 % la rebaja sobre el coste inicial que supusieron las modificaciones en el proyecto cuando se decidió que los trenes operaran en ancho ibérico, otra cuestión que ya estaba en la causa a través de los pliegos del ADIF. En cualquier caso, no parece que el ahorro presupuestario fuera la razón que sustentó la rebaja de la seguridad en los cuatro últimos kilómetros antes de la estación de Santiago.

Para muchas cuestiones relacionadas con la seguridad, los empleados de las empresas se remitieron a otro técnico cuya comparecencia fue anulada por la huelga de funcionarios. El juez todavía no ha fijado una nueva fecha para las declaraciones que fueron suspendidas.

Las partes están a la espera del dictamen que el juzgado ha solicitado a la Agencia Europea del Ferrocarril sobre la evaluación de riesgos en Angrois, un informe que será clave para orientar la acusación en la fase final de la instrucción.

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