Fomento cifra ahora en 8.870 millones el coste máximo a pagar por eliminar el peaje en la AP-9

Elude perder el control sobre el vial para no tener que pagar a Audasa si Galicia decidiese su gratuidad

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vigo / la voz

El Gobierno central no estima que exista posibilidad alguna de que la autopista del Atlántico sea liberada de peaje antes de que concluya la concesión de la infraestructura en el 2048. Fomento advierte que el coste de tal medida sería muy alto y así lo indica ante el Congreso de los Diputados en un nuevo cálculo por el que eleva hasta 8.870 millones de euros el precio de la implantación de dicha gratuidad.

Para rechazar por tercera vez debatir la petición de traspaso de la AP-9 a la Xunta, el ministerio aduce que, de llevarse a cabo ese cambio de titularidad, la Administración central se quedaría sin poder de decisión sobre el vial, pese a tener que seguir afrontando los compromisos ya suscritos con Audasa y compensar a la empresa por la liberalización de los peajes, si esta llegase a ser decidida algún día por el Gobierno gallego. El año pasado Fomento ya había valorado en 4.300 millones de euros el montante de la indemnización que a su juicio debería obtener Audasa por eliminar los peajes 30 años antes del fin de la concesión. Dicha cifra está calculada teniendo en cuenta los peajes que dejaría de cobrar la concesionaria, y no el beneficio neto de la explotación.

Y ahora, a esa cuenta el ministerio le añade otra cuantía similar. Esta la justificaría en el pago de 224 millones de euros en los que son valoradas las obras de ampliación de la AP-9 en Rande y Santiago. Le agrega 120 millones más, a razón de cuatro millones al año, por la bonificación de la gratuidad del peaje en los viajes de vuelta entre Vigo y Pontevedra. Y suma 210 millones más por el pago del paso gratuito por Rande y A Barcala hasta el 2048. A esa cuenta le agrega aún 4.016 millones en concepto de «compensación por parte del Estado», sin especificar en qué se distingue de la indemnización de 4.300 millones calculada desde el principio.

En Marea, grupo autor de la nueva petición de traspaso a Galicia de la AP-9, tachó ayer de «cifras falsas e infladas para asustar» las aducidas ahora por Fomento, y añadió la diputada Alexandra Fernández que el rescate por una posible gratuidad «que agora non se pide» llevaría como mucho la indemnización a Audasa a 2.054 millones de euros.

Por comparación, el Estado calcula que la responsabilidad patrimonial que tendrá que sufragar por rescatar las 9 autopistas en quiebra será de 2.000 millones.

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