La prohibición de arrojar residuos radiactivos al mar, a punto de expirar
GALICIA
Hace 50 años la sociedad gallega ya mostraba su preocupación por estos vertidos
12 mar 2018 . Actualizado a las 05:00 h.Es fácil imaginar que si en pleno 2018 unos barcos empezaran a tirar bidones radiactivos en el Atlántico habría una reacción social de un tamaño incalculable. Precisamente este año en curso marca el punto final -o seguido- para la moratoria que entró en vigor en febrero de 1994 con el objeto de prohibir durante 25 años el vertido sistemático de residuos radiactivos, supuestamente de baja intensidad, en las zonas más profundas de este océano, muchas de ellas próximas a Galicia. Nada menos que 115.000 toneladas.
Entonces se decidió que se haría, antes de febrero del 2019 -cuando termina de forma efectiva la prohibición-, un amplio estudio científico para calibrar las consecuencias de aquellos vertidos masivos, que hoy, cuando la conciencia ecológica ha impregnado a casi todos los sectores sociales, serían impensables. A la luz de ese estudio, que deberían liderar los países que firmaron la enmienda a la Convención de Londres -que prohibía los vertidos- y la Organización Marítima Internacional, se decidiría si a partir del 2019 se continuaría con la prohibición. Pero no hay que preocuparse. No se van a gastar un duro en el estudio porque saben de sobra que en el momento actual jamás podrían permitir tal barbaridad. Y el informe estaba pensado para actuar de bálsamo tranquilizador sobre el efecto radiactivo de los vertidos, con el objetivo no confesado de tener una ventana para poder volver a legalizarlos. Ahora, además, hay sistemas de almacenamiento mucho más fiables.
Volveremos más tarde sobre este asunto. Antes habría que recordar que los bidones radiactivos ya suponían una preocupación para la sociedad de finales de los años sesenta. En una noticia publicada en La Voz tal día como hoy de 1968 se aseguraba lo siguiente: «No existen riesgos de contaminación radiactiva de nuestras costas pesqueras». Este era el mensaje oficial en referencia al fondeo de residuos nucleares en una fosa oceánica situada a 450 kilómetros de la costa. En esta información se explicaba que estos restos, las primeras tandas que se decidió que fueran sumergidas en el mar a un mínimo de 4.000 metros de profundidad, «fueron colocados en recipientes especiales, de manera que soportasen perfectamente cerrados por lo menos diez años». Se daba por hecho entonces que los materiales guardados en estos compartimentos terminarían siendo liberados, aunque siempre se mantendrían, supuestamente, en unos niveles de contaminación que entonces se consideraban tolerables.
Poco o nada se ha preocupado la comunidad internacional y en concreto España por vigilar los efectos de estos vertidos desde el 2005, cuando se efectuó una amplia monitorización amparada por la Organización Internacional de la Energía Atómica. Hubo un intento de Alemania para realizar otra campaña amparada por la Convención sobre la Protección del Medio Marino del Atlántico Nordeste, pero finalmente se demoró la decisión.
Ahora la Organización Marítima Internacional, que debe velar por el cumplimiento de la Convención de Londres, no tendrá más remedio que prorrogar el veto de forma casi automática en febrero del 2019, pues la enmienda de la moratoria se decidió en 1993, pero entró en vigor en febrero de 1994 por un período de 25 años. «Sería escandaloso que no se continúe con la prohibición. No se puede controlar lo que depositas en el mar». Esta es la opinión al respecto de Jordi Bruno, una de las mayores autoridades españolas en residuos nucleares.
Durante este año debería estar ultimándose el estudio científico que prescribía la enmienda. Pero recientemente se decidió que se sustituiría por un dosier con la literatura científica acumulada sobre este asunto en los últimos años. A la luz de este informe se resolvió que no había razones para emprender otra monitorización radiológica de los vertidos, pues no darían lugar a conclusiones diferentes de las que habían sustentado la prohibición.