La Xunta cifra en el 13 % la subida que tendría ahora el personal de Xustiza

El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, aseguró ayer que la subida propuesta por el Gobierno gallego a los funcionarios de Xustiza en el marco de las negociaciones que se están manteniendo con los sindicatos, sumada al incremento acordado ayer a nivel estatal por el Ministerio de Hacienda, supondría que estos trabajadores pasasen a cobrar un 13 % más. Antes de participar en un acto, el número dos de la Administración gallega puso en valor la voluntad negociadora del Ejecutivo gallego, que tan solo en la jornada del viernes «mellorou tres veces a súa oferta».

El vicepresidente sostiene que, con el nuevo paso dado por la Xunta, el planteamiento se sitúa en los parámetros que reclamaban los sindicatos. Según Rueda, se supera el promedio estatal, incluso contando todas las comunidades autónomas que no tienen transferida la competencia como un solo territorio.

«O acordo parlamentario que eles dicían que era válido, no que se dicía que había que situar por riba da media a Galicia, con esta proposta queda situada por riba da media», indicó el conselleiro de Presidencia, que recordó que el único obstáculo en la negociación sigue siendo el aspecto económico. En ese sentido, subrayó que cuatro de los cinco puntos con los que arrancaron las negociaciones ya están solucionados, incluido el de las incapacidades temporales, en el que, tras el acuerdo conseguido a nivel estatal, la Xunta se comprometió a aplicar «a súa versión máis favorable para os traballadores aquí en Galicia».

Dificultad negociadora

En este escenario, la Xunta reitera que las únicas discrepancias se mantienen en el aspecto económico, a pesar de que la Administración gallega, según Rueda, elevó su oferta por encima del promedio estatal, tal y como pedían los sindicatos y el acuerdo parlamentario. «Non se pode cambiar continuamente de criterio e cando se chega ao que se estaba pedindo elevalo un pouco máis: así non imos chegar nunca a un acordo», lamentó el vicepresidente. En la jornada del pasado viernes, nueve horas de intensa negociación no fueron suficientes para que los sindicatos aceptasen desconvocar la huelga indefinida que desde hace ya más de un mes tiene paralizados los juzgados gallegos. La situación de parálisis y colapso en la justicia seguirá a pesar de que la Xunta desbloqueó el pasado viernes dos asuntos que para los sindicatos eran irrenunciables y que afectaban a la materia salarial. La primera, a la que se había opuesto Xustiza, era que parte del aumento de los sueldos se hiciera efectivo ya este año. La Xunta lo ve posible porque para todo el Estado se acaba de lograr un acuerdo que permitirá subir un 9 % el sueldo de los funcionarios durante los tres próximos años.

El segundo escollo era que el incremento fuese lineal, es decir, que no se hiciesen distinciones entre los tres diferentes cuerpos que, además de los forenses, hay en la Administración de Justicia: gestores, tramitadores y de auxilio. La Administración gallega lamenta, tal y como expresó ayer el propio Rueda, que no exista flexibilidad en la otra parte y que cuando se está más cerca del acuerdo, los sindicatos lo rechacen y vean la propuesta «moi lonxe». Esto fue lo que ocurrió en la última jornada de negociación.

El pasado viernes, último día de conversaciones, la Xunta presentó al comité de huelga una oferta que suponía un incremento de 105 euros al mes para todos los trabajadores en el complemento autonómico transitorio (CAT), que es actualmente de 445 euros y que quedaría en 550 euros.

Las cesiones del Gobierno no han tenido eco en los sindicatos

No se mueve ni un solo papel. Y la huelga indefinida no solo supone que hay juicios suspendidos, sino que muchos ciudadanos no pueden hacer trámites tan necesarios como registrar nacimientos y defunciones o para poder acceder a una prestación. Hay personas fallecidas que siguen oficialmente vivas para la Seguridad Social, y esto afecta a pensiones como las de viudedad o de orfandad. Incluso hay juicios que se están aplazando ya para el 2019. Han sido miles los suspendidos, y desde el poder público autonómico han sido ya muchas las voces que han llamado a llegar a un acuerdo que ponga fin a un conflicto que condiciona la vida de los ciudadanos. Pero las cesiones no han tenido eco en los sindicatos. Cada día de huelga supone para el funcionario una pérdida de entre 60 y 80 euros.

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