Cantabria pide incorporarse al frente del norte para la reforma de la financiación del que forma parte Galicia

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, reclama que su comunidad participe y se integre en el frente autonómico del norte, que se ha ido conformando en distintos encuentros entre Galicia, Asturias, Castilla y León, además de Aragón, a la hora de plantear una demanda conjunta para defender en la reforma de la financiación autonómica que se tengan en cuenta criterios como el envejecimiento o la dispersión de la población. «¿Quiere Cantabria estar en ese grupo de comunidades autónomas que defendemos lo mismo. Totalmente, lo que pasa es que a la última cumbre no se me invitó», destacó el presidente, quien señaló que tras la cita pidió explicaciones a su homólogo en Castilla y León, Juan Vicente Herrera. Este le señaló que el asunto predominante fue la energía y la minería aunque también se abordara la financiación autonómica.

Revilla añadió que va a celebrar una cita bilateral con La Rioja sobre esta materia y recalcó que, en todo caso, el lugar más oportuno para debatirlo sería una nueva convocatoria de la Conferencia de Presidentes Autonómicos «que Rajoy dijo que convocaría hace un año y no lo ha hecho».

El tamaño de la población

El presidente cántabro destacó que «esto es un tema crucial para el futuro de esa parte de España que representamos Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, La Rioja, también Extremadura» y expresó su temor de que vaya a predominar el criterio del tamaño de población puro -que defienden comunidades del levante- y que consideró «absolutamente injusto». Esa tesis, señaló, va en perjuicio de «aquellos que tenemos territorios envejecidos, dispersos y donde el coste de los servicios es enorme. Es una injusticia y además aumenta el riesgo de lo que ya sucede, la despoblación de las zonas rurales de una gran parte de España».

En el debate sobre la financiación autonómica hay una fuerte división territorial. Las comunidades del noroeste defienden que se tenga en cuenta estos criterios frente a los del número de habitantes, dado que el coste de los servicios, desde la educación o la sanidad, es mucho más elevado en territorios con una población envejecida (mayor gasto sanitario) o con núcleos muy dispersos (mayor gasto para garantizar la misma oferta educativa).