Los representantes de los trabajadores advierten de que no suspenderán la huelga. El vicepresidente de la Xunta dice que la reivindicación salarial es lo que está impidiendo el acuerdo en Xustiza
06 mar 2018 . Actualizado a las 16:59 h.El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, compareció este martes ante el pleno del Parlamento gallego para mostrar su disposición a «tender a man» a los sindicatos para llegar a un acuerdo que ponga fin a la huelga indefinida de la Administración de Xustiza, que va camino de cumplir un mes. «É necesario buscar unha solución», manifestó el número dos del Gobierno gallego, quien remarcó que la reivindicación salarial, esa petición que cifró en un incremento de 2.700 euros más al año, «é o que está impedindo o acordo», pues se trata de una cifra inasumible para la Xunta y el conjunto de la función pública.
Para recibir a Rueda, unos 200 empleados judiciales se concretaron a las puertas del pazo do Hórreo coreando consignas como «Rueda, escoita, a Xustiza está en loita», que se escuchaban en los pasillos de la Cámara. Pero el vocería de fuego no alteró ni un ápice el formato de la comparecencia, pues el vicepresidente autonómico se limitó a hacer un relato de hecho, de lo ocurrido hasta ahora, con las 12 reuniones celebradas entre la Xunta y los sindicatos, así como con las cuatro ofertas económicas, «cada unha delas á alza», que se pusieron sobre la mesa.
«Non é certo que a Xunta non negocie», insistió Rueda, que cuestionó que desde los sindicatos se puedan cuestionar quien asuma la representación de la Administración autonómica en las conversaciones. «Non se senta ningún representante da Xunta, séntase a Xunta», arguyó el también responsable de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, que hizo un constante llamamiento a retomar la negociación, pero sin esbozar desde la tribuna ninguna nueva propuesta.
La última oferta hecha hasta el momento, que se traduciría en una mejora salarial media de 1.000 euros al año para los trabajadores de Xustiza, frente a los 2.700 que reclaman los sindicatos, es lo que sigue vigente a los ojos de la Xunta, señaló Rueda, que preguntó a los grupos de la oposición y ellos autorizarían dicho incremento que, extendido al resto de funcionarios, supondría un desembolso de 500 millones de euros al año. Es más, recordó que en la tramitación de los últimos presupuestos de la Xunta, BNG y PSOE propusieron cero euros de incremento al mes para los funcionarios judiciales, y En Marea habló de una subida de 4 euros mensuales.
Los sindicatos se sentarán de nuevo a negociar
Los representantes del comité de huelga de los funcionarios de la Administración de Justicia de Galicia han respondido hoy que acudirán a la llamada de la Xunta, pero aclaran que no desconvocarán el paro indefinido, según informa EFE. Las conversaciones se rompieron el pasado 20 de febrero, cuando los sindicatos rechazaron la presencia del director general de la Función Pública, José María Barreiro, al que acusaron de dinamitar las negociaciones. Esperan que en la próxima mesa, a la que la Xunta irá, según Rueda, dispuesta a negociar también sobre la parte económica, Barreiro no sea el interlocutor, sino que esté alguien con autoridad por encima de él.
«El comité de huelga acudirá, como no puede ser de otro modo, a la convocatoria que realice la Xunta de Galicia, con voluntad de negociación y diálogo como hizo siempre hasta de ahora», han explicado los representantes de los trabajadores en el comunicado que han leído tras una reunión en los juzgados de Santiago. «Por supuesto, se sigue manteniendo la huelga como derecho fundamental de los trabajadores y trabajadoras en defensa de sus reivindicaciones laborales», concluyen, como rechazo a la posibilidad de desconvocar los paros.
La oposición cuestiona el papel de la Xunta
La oposición aprovechó sus intervenciones para cuestionar el papel desempeñado por la Xunta en este conflicto. «Ven aquí con enganos e mentiras», resumió Luís Bará (BNG), «non a tender a man, senón a facer de bombeiro pirómano». La socialista Patricia Vilán cuestionó que el Gobierno gallego ponga como condición para sentarse a negociar que se suspenda la huelga. «Esa pretensión é preconstitucional», dijo Vilán, quien emplazó a la Xunta a sentarse primero y a doblar la oferta hecha a los sindicatos. Carmen Santos (En Marea) manifestó que al Ejecutivo autonómico «non lle importa a folga con tal de impoñer a súa man de ferro».
El diputado popular Alberto Pazos cerró la ronda de intervenciones cargando contra una oposición que «carece de calquer tipo de convicción» sobre este conflicto, pues su opinión «é a do último colectivo ao que reciben». A su vez, Rueda aprovechó la réplica para constatar que los grupos de la oposición quieren convertir el problema judicial en un conflicto político, y les reprochó que consumieron la mayoría de sus intervenciones en hablar del narcotráfico, de la supuesta corrupción del PP o de Salvados. «Dez minutos para falar dos problema da Xustiza son moitos», le espetó Rueda a Carmen Santos, para explicar que toda la oposición coincidiera en aludir a otras cuestionar o en calificarlo al propio vicepresidente, como él mismo resumió, de «chulo, prepotente ou arrastrado».
Cerró la comparecencia diciendo que si los sindicatos mantienen su pretensión de lograr un incremento salarial cercano a los 3.000 euros al año, «nin con Rueda nin sin Rueda» habrá acuerdo. Ahora bien, avanzó que, para mañana mismo, la Xunta convocará una nueva reunión con los sindicatos para sentarse a hablar e intentar llegar a una solución.
