Están enterrados, pero judicialmente vivos

El paro en la Justicia deja a más de mil familias sin poder certificar la muerte de sus parientes

Cola en el registro civil de Pontevedra
Cola en el registro civil de Pontevedra

santiago / la voz

En Galicia mueren unas 32.000 personas al año. Casi noventa al día. Desde que el 7 de febrero comenzó la huelga indefinida de funcionarios de Justicia han pasado ya 26 días y más de 2.300 gallegos no habrán visto el fin del conflicto. «Serán algúns máis, porque esta época, co tempo tan cambiante que tivemos e tanto frío, é mala para os velliños. Morren máis», advierte la que quizás sea la voz más autorizada en Galicia en esta cuestión, el presidente de la Federación Galega de Servizos Funerarios (Fegaserfu), José Becerra. No es posible saberlo a ciencia cierta, pero el propietario de Pompas Fúnebres de Ordes calcula que de todos esos fallecimientos, hay ahora mismo unos 1.100 que no se han podido cerrar. Los finados se fueron, un médico certificó sus muertes y un juzgado autorizó las inhumaciones o incineraciones. Están enterrados, pero de algún modo vivos aún. Al menos oficialmente, para la Administración, porque la huelga ha llevado el caos a los registros civiles, en los que en muchos casos no se están expidiendo los certificados de defunción, el documento básico para poder engrasar el gigantesco engranaje de la burocracia que lleva aparejado el último adiós de un ser querido.

La imposibilidad de obtener el certificado de defunción es un golpe duro para las familias, que al dolor de la muerte añaden el de verse inmersos en un auténtico limbo legal. Pero también es demoledor para las funerarias, que son las que en la mayoría de los casos gestionan todo el papeleo que implica un fallecimiento. «Este é o documento que acredita que esa persoa está falecida e que nos piden para solicitar o certificado de últimas vontades, na Seguridade Social para pedir pensións, nos bancos para facer trámites como cancelacións de contas e tamén para as sucesións e para deixar de cobrar a pensión de xubilación e tramitar a de viuvez», explica Becerra.

Estos profesionales se encuentran ahora muchas veces la puerta cerrada cuando van al Registro Civil para dar curso a esta diligencia. Nunca saben qué va a pasar, porque ahora mismo depende casi por completo de la buena voluntad o el humor que tenga ese día el funcionario que está de servicios mínimos. O, lógicamente, de si está o no secundando el paro. «Hai algúns que, por razóns económicas e para que non lles desconten tanto na nómina, non van todos os días á folga. Se cadra que ese funcionario está no Rexistro Civil, ao non estar en folga, ten que facer os certificados. Despois, hai sitios onde si os están facendo, pero nos máis grandes, nos das cidades, é onde máis problemas está habendo», asegura el presidente de Fegaserfu.

La orden de servicios mínimos para la huelga especificaba claramente que debían tramitarse las licencias de enterramiento, pero no los certificados de defunción. Y de ahí viene el problema. Los días han ido pasando y tras casi un mes de paro el colapso es tal que la Xunta ha tenido que pedir por carta al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que tome medidas. Los sindicatos aseguran que el Gobierno gallego exagera la situación para ponerlos en contra de los ciudadanos y que los registros civiles están tramitando todas las solicitudes cuando se acredita que son urgentes y que puede vencer algún plazo.

El atasco tiene en vilo a las funerarias mientras dura la huelga, porque tienen que estar dando constantes explicaciones a las familias pidiéndoles paciencia. Y porque, cuando acabe, tendrán que asumir una enorme carga de trabajo acumulado para poder sacar adelante todos los certificados de defunción que han quedado retrasados.

Económicamente no les afecta, porque pueden seguir prestando los servicios, pero ya tienen ganas de que se solucione el conflicto. «O único que temos claro é que se teñen que xuntar ambas partes, ceder un pouco as dúas e chegar a un acordo, porque é unha situación que está prexudicando moito aos cidadáns. Isto é malo para os funcionarios, para a Administración e para os cidadáns», señala Becerra sobre una situación que ha complicado como nunca algo que ya es de por sí siempre difícil: morir.

Sin prestación por maternidad ni pediatra para el bebé

La huelga en la Justicia no solo ha complicado como nunca el morirse en Galicia. También el nacer. Muchos padres también están teniendo problemas para inscribir a sus bebés. Si no lo hacen en el hospital en un plazo de 72 horas, se encuentran luego con que los funcionarios del Registro Civil no lo hacen hasta que no está a punto de expirar el plazo máximo legal, que es de 40 días. Mientras, se quedan sin cobrar la prestación por maternidad y sin pediatra para su hijo.

Fuentes sindicales defienden que la inscripción de nacimiento tampoco entra en los servicios mínimos decretados por la Xunta hasta que esté a punto de expirar el tope legal para realizar este trámite obligatorio. Además, mientras no se formalice la inscripción de nacimiento, el bebé no será reconocido jurídicamente ni constará en el libro de familia, por lo que formalmente no existe para la Administración. Esta situación también impide empadronar al bebé o incluso hacerle el DNI.

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