Montoro se limita a un parche fiscal sin concretar, ante el enfado de los jubilados

La rebaja del IRPF solo beneficiaría a unos 70.000 de los 500.000 retirados gallegos


madrid / la voz

Las aguas del río de las pensiones públicas bajan revueltas y nadie, ni jubilados ni Gobierno, oculta su nerviosismo. Los pensionistas, que durante los años más duros de la crisis se han convertido en muchos casos en el sostén económico de la familia, acaban de cambiar el salón de su casa por la calle como escenario en el que mostrar su enfado. Porque mientras el coste de la vida crece, sus prestaciones no, o lo hacen en un porcentaje ínfimo (el Ejecutivo aplica el mínimo del 0,25 % desde que la reforma del 2013 desvinculó la revalorización de la inflación). El jueves de la pasada semana miles de jubilados protestaron por toda España -incluso a las puertas del Congreso de los Diputados- y hoy volverán a hacerlo.

En Madrid, la convocatoria será ante la sede del Ministerio de Hacienda, ya que el anuncio de Cristóbal Montoro de incluir una prima fiscal que rebaje el IRPF de los pensionistas de mayor edad no ha apaciguado en absoluto los ánimos de este colectivo.

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Los pensionistas gallegos del 0,25 Aseguran que la subida anunciada por el gobierno no da ni para un café. Algunos tienen más de medio siglo cotizado. Su retiro más o menos cómodo no les impide solidarizarse con aquellos a los que la paga apenas cubre los gastos de cada mes

Aunque el martes el ministro apenas concretó los detalles de la medida, más allá de que será una deducción en la cuota del IRPF por edad, «porque las personas al llegar a una edad muy avanzada» tienen «unos costes inherentes de discapacidad mayores», del acuerdo que había alcanzado el Gobierno con Ciudadanos en verano para lograr su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado se desprende que la edad que marcaría dicha rebaja sería, al menos, la de 75 años.

Así las cosas, la crítica general a la medida -un «caramelo fiscal» con el que calmar la indignación en la calle- es que se trata de una propuesta cosmética, ya que su alcance será muy reducido. Según los cálculos del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), en Galicia el 70,4 % de los pensionistas tienen una renta inferior a los 12.000 euros anuales, de modo que están exentos de presentar el IRPF y, en consecuencia, no se beneficiarán. ¿A quién llegaría la rebaja? «A un tercio de los pensionistas con mayores ingresos», dice Gestha.

Dado que en Galicia hay prácticamente medio millón de jubilados, que algo más de 233.500 son mayores de 75 años -según los datos de la Seguridad Social- y que solo un tercio disponen de ingresos que los obligan a hacer la declaración de la renta, el guiño de Montoro solo beneficiaría a unos 70.000 gallegos (14 % de los pensionistas de la comunidad), que podrían reducir su factura fiscal cuando se conozcan las condiciones concretas de la medida, que se incluirá en la Ley de Presupuestos que aprobará el Consejo de Ministros el día 23.

Reunión del Pacto de Toledo

A las once de la mañana, la misma hora a la que los pensionistas se han dado cita para iniciar su protesta, en el Congreso se reunirán la Mesa y los portavoces de la comisión del Pacto de Toledo, hacia la que el Ejecutivo desvía la responsabilidad de que no se hayan adoptado aún nuevas medidas para mejorar la sostenibilidad del sistema público de pensiones, dado que no ha emitido todavía sus recomendaciones.

De hecho, la ministra de Empleo volvió a apelar el martes al diálogo para que se alcance cuanto antes en la comisión un acuerdo que dista de estar próximo. Porque el mismo bloqueo que hay en el hemiciclo se repite en el Pacto de Toledo, que se reúne a puerta cerrada, con los diferentes grupos enrocados en posturas contrapuestas. Un ejemplo es que el PSOE reclama que se vuelvan a indexar las pensiones al IPC, algo que el PP rechaza.

Respecto al anuncio del titular de Hacienda, la portavoz socialista en la comisión, Mercè Perea, señaló ayer a Europa Press que, «si la propuesta de Montoro pasa por comprar votos a los pensionistas, se está equivocando».

«Con estas pensiones nos obligan a estar en la miseria»

m. vázquez

Alfonso Iglesias Gómez, jubilado ourensano

El ourensano Alfonso Iglesias Gómez empezó a trabajar cuando tenía solo 11 años. Después tuvo la oportunidad de formarse como mecánico de barcos en la Escuela de Máquinas de Ferrol, lo que le permitió convertirse en un empleado del Estado, y fue destinado como técnico mecánico a una central térmica del Sáhara. Más tarde fueron evacuados de la zona y regresaron a España, pero Alfonso enfermó y ya nunca pudo volver a trabajar. No había cumplido los 40 años y le calcularon la pensión en base a los dos últimos años, justo los que había estado de baja. Eso le redujo la base de cotización, pero asegura que el dinero siempre le ha bastado para vivir modestamente, porque estaba por encima del salario mínimo. Ahora ya no. «Estoy con 678 euros al mes y la verdad es que la vida así es bastante fastidiada», reconoce. Lo que lo salva, como a muchos otros jubilados que viven en zonas rurales, es que puede cosechar una gran parte de lo que precisa para comer. «Sembramos ajos, patatas, tomates y lechugas y solo vamos al supermercado si queremos comer algo de carne o pescado, pero la verdad es que lo pasamos mal, es complicado subsistir», reconoce.

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A. B.

¿Desaparecerán las pensiones públicas? La respuesta unánime es que no. Pero ante la pregunta de si las prestaciones públicas en exclusiva serán suficientes para vivir dentro de unos años, si aún habrá pensiones dignas, la unanimidad se volatiliza. Expertos y políticos son conscientes de que es urgente introducir reformas que, si no los resuelven, al menos palíen los grandes problemas de la Seguridad Social, que básicamente son la demografía y la sostenibilidad del sistema.

Porque tenemos una población cada vez más envejecida, es decir, menos cotizantes y más jubilados, que, además, perciben prestaciones mayores y durante más tiempo, dado el aumento de la esperanza de vida. Y ante el desequilibrio entre los ingresos que entran en la caja y el dinero que sale, dado que hay más pensionistas y con una nómina mayor, los números rojos son inevitables.

De ahí que sea necesario explorar fórmulas para garantizar la sostenibilidad del sistema, bien aumentando los ingresos (una opción sobre la mesa es financiar algunas prestaciones vía impuestos) o reduciendo los gastos (desvincular las subidas del IPC fue el primer intento).

El sistema español de pensiones públicas es de reparto o solidaridad, es decir, los trabajadores de hoy pagan las pensiones de los jubilados actuales, igual que estos abonaron en su momento las de quienes los antecedieron.

«¿Cómo va a correr peligro mi pensión si llevo cuarenta años cotizando?», es una pregunta recurrente que muchos ciudadanos aún se hacen, pero que refleja desconocimiento, ya que España no tiene, a diferencia de otros países, un sistema de capitalización (que puede ser individual o de empresa) que sí supondría que cada uno dispondría de las cotizaciones acumuladas en su vida laboral.

En cualquier caso, esta fórmula tampoco sería la panacea, ya que, de media, un jubilado español consumiría todo lo acumulado en apenas doce años, según señalan expertos como José Antonio Herce. Por eso complementar la pensión pública -que tenderá a reducirse- con ahorro privado es la recomendación más extendida para planificar el futuro.

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