Jueces y procuradores reclaman el fin de la huelga que bloquea la Justicia

La huelga en la Justicia está causando graves perjuicios a los ciudadanos. Se cuentan por miles los juicios que ya han tenido que suspenderse, a lo que hay que sumar infinidad de asuntos civiles, recursos, demandas, registros y otros trámites que están bloqueados desde que se inició el paro, el pasado día 7. Y lo peor está por venir, porque cada día que pasa aumenta el colapso de asuntos que habrá que resolver cuando concluya la huelga. Hay causas en fase de instrucción que están paralizadas al no poder tramitarse las declaraciones de testigos y otras diligencias. Y todo puede empeorar.

El juez decano de Ourense, Leonardo Álvarez, cree que la situación «empieza a ser delicada» en algunos juzgados. «No voy a entrar en valoraciones sobre los motivos de la huelga ni sobre las razones de las dos partes. Tengo mi opinión personal, pero no voy a exponerla. Lo que sí digo es que cuantos antes se llegue a un acuerdo será mejor para todos», dice Álvarez. Como el de Ourense, también alzó la voz el decano de los jueces de A Coruña, Luis Pérez Merino, que hace unos días pidió una solución al conflicto para evitar un mayor atasco judicial.

El decano de Ourense, que dirige el Juzgado de Instrucción número 1 de la ciudad, advierte de la gravedad del conflicto: «En Ourense no se está moviendo ni un papel, pues el seguimiento de la huelga es mayoritario. Un juzgado que esté al día puede soportar unos días de atasco, pero a uno que esté al límite, o directamente sobrepasado, la continuación de la huelga le generaría una situación imposible». Solo ayer se suspendieron 64 juicios y 16 declaraciones en Ourense. En opinión del juez decano, el impacto de la huelga es especialmente gravoso para los juzgados más cargados de trabajo y para los que desarrollan su actividad con más declaraciones de personas. Augura que muchas causas deberán ser declaradas complejas aunque no lo sean, porque si no será imposible cumplir con el período legal de seis meses de instrucción que marca la ley para los casos ordinarios.