Un año sin cobrar un caso porque no le traducen una sentencia en catalán

Un abogado gallego presenta una queja ante el Poder Judicial


santiago / la voz

El decreto de nueva planta terminó en 1718 con el uso del catalán en los tribunales de Baleares. La lengua autóctona de las islas no retornó a la oficialidad de una sentencia hasta 271 años después. Fue en diciembre de 1989, cuando la sección tercera de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca emitió un fallo que simultaneaba catalán y castellano. Casi tres décadas después, la convivencia de ambos idiomas en la Justicia está lejos de normalizarse y se producen situaciones tan llamativas como la que sufre el abogado gallego Ubaldo Rivas, que ha tenido que presentar una queja ante el Consejo General del Poder Judicial porque lleva año y dos meses sin cobrar un dinero ni recurrir una sentencia porque está redactada en catalán y nadie la traduce.

El letrado, con bufete en Santiago, está muy vinculado a Palma por trabajo. En este caso, el pleito se originó por unos honorarios que no le había pagado un cliente y, a petición suya, se celebró íntegramente en castellano. Su sorpresa fue máxima cuando, el 14 de diciembre del 2016, le llegó la sentencia y la jueza, Margalida Victória Crespi Serra, la había redactado íntegramente en lengua catalana.

Ante este inesperado contratiempo, Rivas Romero solicitó la traducción al castellano de la sentencia, lo que implica la inmediata suspensión de la ejecución del fallo, que le daba la razón, aunque solo parcialmente, por lo que el letrado necesitaba valorar si presentaba recurso o se resignaba a cobrar una cantidad más baja que la que reclamaba al demandante.

Un plazo de año y medio

Han pasado los meses y todo lo que le han explicado en el servicio de traducción es que el plazo aproximado para enviarle el fallo en castellano es de año y medio. Al margen del perjuicio que ya le ha originado la larga espera, se cierne sobre él uno peor, ya que el cliente al que demandó es israelí y está en trámites para marcharse a su país, «lo que conllevaría consigo la imposibilidad de ejecución de la sentencia, todavía más cuando ya ha procedido a vender algunos de los bienes de su propiedad», explica el letrado compostelano en la reclamación que ha presentado ante el CGPJ.

Entiende Ubaldo Rivas que la jueza ha vulnerado sus derechos constitucionales «a sabiendas de que el letrado y el cliente no eran de la comunidad autónoma y desconocían el idioma y procedió al cambio del mismo después de haberse utilizado el castellano en todo el procedimiento», añade. Considera que la magistrada ha creado un conflicto «que era innecesario», por lo que le ha solicitado al Consejo General del Poder Judicial que tome cartas en el asunto para que se pueda ejecutar la sentencia.

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