Las dos partes se reunieron este lunes durante nueve horas, pero se mantiene el paro, que perjudica a miles de ciudadanos
20 feb 2018 . Actualizado a las 00:31 h.Dos no negocian si uno no quiere, y si las dos partes están reticentes, la situación se complica. La huelga en la Justicia sigue enquistada en Galicia y causando graves perjuicios a los ciudadanos, que asisten atónitos a un paro que amenaza con colapsar todavía más la actividad judicial. Tras más de nueve horas de negociaciones, sindicatos y Xunta no lograron este lunes ningún acuerdo. Xustiza presentó una nueva oferta que no mejora la última a nivel retributivo, y los representantes de los trabajadores no ven ningún acercamiento y consideran que tan solo se trata de un intento de manipulación pública por parte de la Administración.
La propuesta de la Xunta pasa por convertir en fijas 36 plazas de refuerzo, que ya se ofertarían en el próximo concurso de traslados, lo que supone un coste de más de un millón de euros y permitiría trasladarse a Galicia a funcionarios que estén destinados fuera de la comunidad. También se ha presentado una mejora en las sustituciones, de manera que si un funcionario desempeña temporalmente un puesto de rango superior, percibiría el sueldo que le correspondería por ese trabajo. Esta medida entraría en vigor ya cuando se firme el acuerdo. En cuanto a la constitución de nuevos puestos de trabajo, la Xunta asegura que con su oferta se de forma negociada en los sitios en los que sean necesarios.
En donde no ha habido movimiento es en la propuesta económica. Se mantiene una subida de entre 816 y 1.080 euros anuales, que se materializaría en los años 2019 y 2020, y que según la Xunta situaría a Galicia por encima de la media estatal. En cuanto al abono de las bajas laborales, no hay cambios en el planteamiento de la Xunta, pues está supeditado a la modificación de la norma estatal. Si hay acuerdo, recuerdan, «aplicarase en Galicia».
El conflicto en la Justicia gallega, en huelga desde el pasado día 7, se ha atascado en las últimas horas. Alguno de los comentarios que se pusieron encima de la mesa de negociación no hicieron más que encrespar los ánimos. Las redes sociales recogieron uno que indignó a los sindicatos, al asegurar, según ellos, el director xeral de Función Pública a los trabajadores, que si no estaban contentos podían irse a otra comunidad. Tras más de nueve horas reunidos, los directores xerais de Xustiza y de Función Pública se levantaron sin ningún avance y emplazaron a los sindicatos a un nuevo encuentro para hoy a las nueve de la mañana.
En unas breves declaraciones los responsables de la Administración lamentaron que las demandas sindicales se limiten a una cuestión salarial, mientras que los representantes de los trabajadores -que querían seguir con las conversaciones hasta que se les emplazó a marcharse- calificaron de «paripé» la postura de la Xunta. Nilo Fernández, del Sindicato Profesional de Xustiza-USO, aseguró que la oferta presentada era igual a la de la semana pasada, pero afirmó que hoy volverán a la negociación, aunque solo estarán los siete miembros del comité de huelga.
Los huelguistas cifraron el seguimiento del paro de este lunes en un 90 %, lo que mantiene bloqueados los juzgados
«A reunión versou sobre a cuestión salarial». El director xeral de Xustiza, Juan José Martín, aseguró tras una jornada maratoniana de negociaciones que los sindicatos tienen un único interés en el conflicto abierto en la Justicia gallega, y es el aumento retributivo. La oferta de la Xunta de un incremento de entre 816 y 1.080 euros anuales es inamovible, por lo que las mejoras que han podido introducirse en otros aspectos como la creación de nuevas plazas o en el sistema de sustituciones, no llegan para alcanzar un acuerdo. Martín insistió en que una petición de un 13 % de subida «é inasumible». El mismo argumento utilizó el director xeral de Función Pública, José María Barreiro: «Intentamos falar doutras cousas pero era unha desculpa porque so querían abordar o aumento retributivo». La versión de los sindicatos es muy distinta, y dicen que no se puede avanzar si la Administración se enroca en una postura.
Los sindicatos cifraron en un 90 % el seguimiento del paro este lunes. La Xunta rebaja esos datos al 39,26 %.
Perjuicios a los ciudadanos
En una jornada con dieciséis juicios suspendidos en Ourense, el decano del Colegio de Procuradores, Ricardo Garrido, cree que se debería habilitar algún sistema para evitar los perjuicios añadidos que generan los desplazamientos de profesionales y particulares implicados en casos afectados por la huelga. Cita un asunto en el que tenía él participación profesional la pasada semana. Una modificación de medidas en un caso del juzgado de familia, que ya se había suspendido una vez en las primeras jornadas de huelga, tampoco se pudo resolver ahora por el mismo motivo. Con la particularidad, aclara, de que tanto la letrada como la mujer implicada en el litigio se desplazaron desde A Coruña. Para situaciones como esta, debería buscarse alguna fórmula con el fin de minimizar los perjuicios de las partes implicadas, informa Pepe Seoane, de la Redacción de La Voz en Ourense.
Garrido anticipa que los efectos de la huelga se dejarán sentir muchas semanas. «Nosotros seguimos con nuestro ritmo, presentando escritos y recursos para no perder plazos, pues Lexnet sigue recibiendo lo que presentamos. Pero cuando se reanude la actividad, en los juzgados habrá un montón de asuntos acumulados, un tapón que deberán ir resolviendo. Y no se puede hacer de un día para otro», lamenta.
Los trabajadores de servicios mínimos de Vigo salvan del colapso a Lexnet
e. v. pita
Los funcionarios de la oficina de reparto judicial de Vigo, en servicios mínimos, han salvado del colapso al programa telemático LexNet, a través del cual los abogados envían escritos y demandas al juzgado y reciben sus notificaciones. El sistema informático acumulaba más de 2.300 escritos y demandas en las cinco primeras jornadas y los servicios mínimos solo daban curso a las causas urgentes. Pero han cambiado de parecer y han descargado y volcado los miles de asuntos recibidos durante la huelga para transferirlos al programa Minerva, plataforma en la que trabajan los juzgados. Al vaciar LexNet, desaparece el riesgo de colapso.
Los empleados públicos de reparto explicaron este lunes que limpiaron LexNet porque se dieron cuenta de que ellos no podían abrir cada expediente que entraba y seleccionar qué asuntos eran urgentes y cuáles no, pues esa tarea correspondía hacerla al juzgado. A partir del miércoles iniciaron una «purga» de asuntos hasta que este lunes estaba el servidor de Vigo completamente vacío.
A mediados de la semana pasada, en el quinto día de huelga, el sistema acumulaba 2.300 asuntos y los funcionarios solo habían dado curso a 46 demandas y 300 escritos, aquellas que ellos consideraron más urgentes. Los huelguistas daban por hecho que LexNet iba a «reventar» de un momento a otro por la acumulación de asuntos, con un gran perjuicio para abogados y procuradores. Al final, el personal de servicios mínimos lo descargó todo y los asuntos ya están en sus juzgados correspondientes.
El caso Gradiant
La novena jornada de huelga obligó este lunes a suspender la declaración de un alto directivo de la empresa Balidea, que había sido citado por el Juzgado de Instrucción Número 1 de Vigo, que investiga un supuesto fraude en las subvenciones de la UE en el entorno de la desarrolladora Gradiant. El problema fue que el trabajador que debía ayudar en la toma de declaración estaba de huelga y el juez que sustituye a la titular en este caso aplazó la vista. El investigado había viajado desde Santiago para comparecer.
