El ayuntamiento de Sada solicita una convocatoria extraordinaria de la comisión de expertos impulsada por la Xunta
17 feb 2018 . Actualizado a las 17:25 h.«El pazo de Meirás no está a la venta todavía, pero lo estará». Son declaraciones al diario ABC de Francis Franco, uno de los hijos de Carmen Franco Polo tras publicar este viernes OK Diario que la familia tiene intención de poner en venta la propiedad por ocho millones de euros. En declaraciones a LOC, su hermano Jaime Martínez-Bordiú también niega la venta de la propiedad. «No está a la venta, acabamos de abrir el testamento y aún no hemos repartido nada. No sé si alguno de mis hermanos piensa en venderlo, pero no lo hemos hablado», recoge la publicación..
La decisión de los hijos de Carmen Franco poner en venta el pazo de Meirás tras su muerte el pasado mes de diciembre podría encontrarse con algunos obstáculos. Aunque los Franco poseen el título de propiedad del inmueble, desde el pasado mes de noviembre una comisión de expertos impulsada por la Xunta después de que se incumpliera en repetidas ocasiones la obligación de abrir al público el complejo al menos cuatro veces al mes, trabaja para esclarecer la titularidad de la propiedad con el fin de incorporarla al patrimonio público. El ayuntamiento de Sada ha solicitado este sábado una convocatoria extraordinaria de esta comisión.
El concejal de Urbanismo de Sada, Francisco Montouto, en condición de integrante de la comisión de expertos ha solicitado una reunión urgente en nombre del Ayuntamiento de Sada. El motivo de la reunión sería «acelerar y concluir» un análisis jurídico de alternativas y actuaciones de los poderes públicos en relación con la eventualidad de la venta del inmueble con el objeto de «definir y concretar una solución para que el Pazo de peirás se incorpore al patrimonio público». «La urgencia de la situación no admite dilaciones ni demoras», indica.
El concejal sostiene, además, que la Xunta conoce perfectamente el régimen de tutelas y garantías en el supuesto de transmisión de un Bien de Interés Cultural, como es el pazo, como también conoce «la vergüenza de la posesión, por los herederos del dictador, de la propiedad del pazo». «La complacencia de la Xunta con una eventual transmisión del pazo sólo puede ser entendida como pasividad cómplice con los intereses económicos de los herederos de Franco en relación con una propiedad obtenida mediante la extorsión, el expolio y los instrumentos represivos y coercitivos de una dictadura», afirma. También concluye que según la legislación en vigor «no se admiten cambios de uso» en los terrenos del pazo.
Pero este no es el único frente abierto que tienen los Franco sobre el pazo Meirás en Galicia. La Diputación de A Coruña, con el respaldo de más de treinta concellos coruñeses y de una quincena de entidades y asociaciones, puso en marcha la Xunta pro-Devolución do Pazo de Meirás, que estudia las distintas alternativas que se pueden llevar a cabo para que el histórico edificio, que está en manos de la familia Franco, pase a tener un uso público. Esta Xunta alega que los Franco no recibieron la propiedad del pazo fruto de una donación en 1938, sino como consecuencia de coacciones. Tras conocerse la información de la posible venta del pazo, la vicepresidenta de la Diputación coruñesa, Goretti Sanmartín, cree que el anuncio supone la constatación de que el trabajo para recuperar la propiedad «vai por bo camiño» y avanzó que en las próximas semanas se presentará el informe jurídico que señalará los pasos para que pase a ser un bien público.
La muerte de la única hija del dictador, Carmen Franco, el pasado 29 de diciembre, ha roto ahora los últimos lazos sentimentales de la familia con este lugar, y podría haber acelerado la decisión de sus hijos de desprenderse de la propiedad.
Desde la Consellería de Cultura se especifió este viernes que no existía «ningunha comunicación formal nin informal» de los propietarios sobre un posible deseo de vender el pazo de Meirás, declarada bien de interés cultural y sujeta a un régimen de visitas públicas que gestionan desde la Fundación Francisco Franco, entidad desde la que se remarcó este viernes que tampoco se tenía conocimiento de la supuesta venta.
Desde la Xunta se aseguró que no entraría en un derecho de tanteo en el caso de confirmarse la venta, al que tendrían opción en caso de que existiera una oferta. «A vontade política de Galicia manifestada no acordo parlamentario do 27 de setembro céntrase en procurar incorporar ao patrimonio público a propiedad das Torres de Meirás, sen que a dita incorporación ao patrimonio público implique un novo custo para o pobo de Galicia, que xa o asumiu no ano 1938», se apuntó desde Cultura.
Proceso de compra
Según recoge el artículo 49 de la Ley de Patrimonio gallega, «cualquier pretensión de transmisión» de las propiedades protegidas como Bienes de Interés Cultural debe ser comunicada a la Administración. La intención, apunta «deberá ser fehacientemente notificada a la consellería competente en materia de patrimonio cultural con indicación del precio y de las condiciones en las que se proponga realizar». Del mismo modo, prosigue, llegado a un acuerdo, deberá «acreditarse también la identidad de la persona adquiriente», llegado el momento. Al tratarse de un BIC, la Xunta «dispondrá de un plazo de tres meses para ejercer el derecho de tanteo», esto es, tendrá preferencia para adquirir el bien al mismo precio que se haya acordado con un vendedor privado.
«Si la pretensión de transmisión y sus condiciones no fueren notificadas correctamente, se podrá ejercer, en los mismos términos previstos, el derecho de retracto, en el plazo de un año a partir de la fecha en la que se tenga conocimiento de las condiciones y del precio de la enajenación», finaliza la Ley de Patrimonio.
Declarado BIC
En 2008 la Xunta de Galicia aprobó la declaración del Pazo como Bien de Interés Cultural, un paso que suponía la obligación de abrirlo al público al menos cuatro días al mes. Ahí empezaron a surgir los problemas porque la familia no cumplió el régimen de visitas. De hecho el gobierno autonómico le impuso el pasado mes de septiembre una multa de 4.500 euros a la Fundación Franco, encargada de gestionar el inmueble.
