Encarcelan en la República Dominicana a un arousano acusado de blanquear 30 millones de dólares en un año

Serxio González Souto
s. gonzález VILAGARCÍA / LA VOZ

GALICIA

A Francisco Javier Oubiña Magariños se le imputa el liderazgo de una red que lavaba dinero del narcotráfico y lo enviaba a Estados Unidos, Colombia, Puerto Rico y China

20 feb 2018 . Actualizado a las 11:48 h.

Se llama Francisco Javier Oubiña Magariños, nació en Valga (Pontevedra) y está a punto de cumplir 43 años. Aunque fue detenido en Colombia, en agosto del 2016, ha acabado entre rejas, de momento de forma provisional, en la República Dominicana. Hasta allí fue extraditado hace meses bajo la acusación de encabezar una maquinaria perfectamente engrasada para el blanqueo de dinero procedente del narcotráfico. Las cifras hablan por sí solas. De acuerdo con el auto con el que la Corte Suprema de Justicia colombiana decidió ponerlo en manos de las autoridades dominicanas, el arousano era el cerebro de una organización a la que se atribuye el lavado de treinta millones de dólares estadounidenses en un solo año.

A Oubiña Magariños, conocido por los apodos de J y el Español, se le acusa de utilizar como fachada una serie de empresas dedicadas, teóricamente, a la comercialización de hidrocarburos. Es el caso de Mercandisa, una firma creada en Panamá. A través de ellas se generarían las facturas falsas que permitían a la organización justificar el ingreso, en diferentes bancos comerciales, de los fondos procedentes del tráfico de sustancias psicotrópicas. A partir de ahí, el dinero se transfería a cuentas de Colombia, Estados Unidos (Florida, sobre todo), Puerto Rico e incluso China. A nombre de los imputados figuran, por ejemplo, un millón y medio de dólares que el arousano trató de evadir a Panamá, a última hora, pero el Gobierno dominicano pudo interceptar.

La Fiscalía sostiene que Oubiña Magariños, cuyo nombre está vinculado al de varias empresas con sede en Pontevedra y A Coruña, se encargaba de establecer los contactos necesarios y de coordinar las operaciones. La banda cobraba entre un 6 y un 12 % del dinero al que daba disfraz legal, cuyas entregas se llevaban a cabo en parques, centros comerciales y espacios públicos.