Abogados y procuradores temen no llegar a fin de mes por la huelga

La negociación está bloqueada y ya son más de 2.000 los juicios suspendidos


redacción / la voz

La huelga indefinida en la Justicia empieza a ahogar a los bufetes de Vigo por la suspensión de juicios y la falta de ingresos. Así lo creen los sindicatos. «Un abogado necesita cobrar tres juicios para llegar a fin mes: los despachos están parados, el lunes se asfixiarán y presionarán por un acuerdo», prevé una fuente sindical.

El procurador vigués Jesús González-Puelles admite la sequía de pleitos: «Está todo parado, es como agosto, sin cobrar nada tiramos de ahorros o del fondo de armario. Quien no pueda pasar minutas por asuntos viejos no llegará a fin de mes. Ahora hace daño y un mes entero será grave». Otra profesional añade: «Perdemos dinero y tiempo, nos citan a juicios que aplazan». Manuel Carpintero asegura que, con el «atasco» que tienen los abogados, «el paro ni se nota». La letrada Ana Costas avisa: «Si no salen sentencias, no se cobran los procedimientos. Hay compañeros que no llegan a fin de mes por la precariedad, porque cobran unas cantidades miserables».

El conflicto ha cumplido una semana de huelga indefinida en la que se han tenido que suspender más de 2.000 juicios en toda Galicia. Los sindicatos elevan esta cifra por encima de los 3.000, mientras que la Xunta cree que en ningún caso se han superado las 1.500 vistas aplazadas.

Cada día hay cientos de afectados por la paralización de los juzgados Son cientos las personas afectadas cada día por la paralización en los juzgados. Por ejemplo, ayer, una vecina de Melilla demandante en un procedimiento de cláusulas suelo en Ourense. Había solicitado que se le permitiera declarar por videoconferencia, pero tuvo que acudir al ser formalmente necesaria su presencia en el juicio, que finalmente se suspendió. Manuel González, de UGT, asegura que este es un claro exponente del impacto del paro, ya no solo porque no se celebre la vista oral y se retrase el desenlace, sino porque, con la sentencia ya dictada, aún quedará para una fase posterior la determinación de las cantidades, pues en un pleito como este la cuantía es indeterminada. Ante la perspectiva de que se añadan intereses, queda por ver quién carga con ellos, sin haber tenido parte en el retraso. De ese modo, la huelga añade perjuicios a los propios de la acumulación de los casos de cláusulas suelo.

En A Coruña, donde menos seguimiento está teniendo la huelga -los sindicatos la sitúan en un 81 %-, se celebró ayer una multitudinaria asamblea en la que los representantes sindicales trasladaron a los trabajadores la marcha de las negociaciones. Más de 300 funcionarios escucharon que «hay avances», pero no en lo más importante, que es la equiparación salarial con otras comunidades autónomas. Entre los asistentes había alguna voz que mostró su preocupación por la dilación de las negociaciones con la Xunta, que conllevará una importante reducción salarial en la nómina de febrero, si bien todos coinciden en que el ofrecimiento de la Dirección Xeral de Xustiza es «inasumible».

Última oferta

La negociación está completamente estancada y con las posturas muy alejadas. Los representantes de los trabajadores reclaman una subida lineal de 225 euros al mes por trabajador -2.700 al año-, mientras que la Xunta, en la que ha calificado como su última y definitiva oferta económica, se ha plantado en un incremento salarial de 90 euros al mes para el cuerpo de gestores, 76 para el de tramitadores y 68 para el de auxilios. Es decir, 1.080, 912 y 816 euros anuales para cada una de las categorías laborales.

Así las cosas, hay una diferencia de como mínimo 135 euros al mes (1.620 al año) entre la subida que está dispuesta a asumir la Xunta y la que reclaman los siete sindicatos con representación en la Justicia gallega.

Tampoco hay acuerdo en otro asunto que los sindicatos consideran «irrenunciable», como es que les descuenten el 50 % de la nómina los cuatro primeros días de baja y el 25 % los días siguientes.

Para hoy están convocadas movilizaciones y manifestaciones en todas las ciudades gallegas por parte de los convocantes de la huelga.

Información elaborada por Xurxo Melchor, Enrique Vázquez Pita, Pepe Seoane y Alberto Mahía.

Los jueces también amenazan con movilizaciones si el Gobierno no atiende a sus reivindicaciones laborales

No solo los funcionarios de los juzgados están en conflicto. Las asociaciones judiciales advirtieron ayer que podrían participar en movilizaciones si no se alcanza un compromiso serio para abordar el régimen retributivo del colectivo y las cargas de trabajo. Así lo expresaron en un comunicado conjunto, recogido por Efe, la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia y el Foro Judicial Independiente.

Según explican, en junio del año pasado, las asociaciones elaboraron un documento, que fue suscrito a título individual o en juntas de jueces y juezas por una inmensa mayoría del colectivo, con catorce propuestas para la mejora de la Justicia, entre ellas la referida a la reforma del Consejo General del Poder Judicial, los nombramientos de altos cargos judiciales o la modernización de la Justicia. Transcurridos ocho meses, ninguna de ellas se ha materializado.

En materia retributiva, el 31 de enero requirieron a los ministerios de Hacienda y Justicia para que convocasen la mesa de retribuciones prevista en la Ley, que lleva 15 años sin reunirse, a fin de iniciar el proceso de negociación. Según las asociaciones, el Ministerio de Justicia ha previsto una reunión de trabajo para el próximo día 22, pero el de Hacienda ni siquiera ha contestado al requerimiento.

Respecto a las cargas de trabajo, el CGPJ se comprometió a tenerlas preparadas en noviembre pasado, pero no lo ha hecho. Por todo ello, las asociaciones judiciales quieren nuevamente expresar su «enorme decepción por el escaso o nulo interés de las instituciones» por la mejora de la Justicia.

Recuerdan los jueces que el 28 de febrero finaliza el plazo dado para que Hacienda proceda al cumplimiento de la ley. «En caso de que no haya respuesta o esta sea evasiva, los máximos órganos de representación de la asociaciones consensuarán las medidas de conflicto a adoptar, sin descartar ninguna de ellas», aseguran.

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