Rueda avisa a los sindicatos que la Xunta ya no mejorará la última oferta de aumento salarial
14 feb 2018 . Actualizado a las 05:00 h.Tras una semana de huelga indefinida, nada augura un desenlace positivo para el conflicto que mantiene en pie de guerra a los trabajadores gallegos de Justicia. Las posturas están a años luz de permitir un acuerdo que devuelva la normalidad a los juzgados, que ya han visto cómo se han suspendido más de 2.000 juicios.
los sindicatos
Subida salarial de 2.700 euros al año y mejoras sociales. Los representantes de los trabajadores reclaman ahora mismo una subida salarial de 225 euros al mes para cada trabajador, lo que supone 2.700 euros al año. Exigen, además, que les dejen de descontar una parte de su sueldo cuando están de baja laboral. Ahora mismo, salvo para intervenciones quirúrgicas e ingresos hospitalarios, les quitan un 50 % de la nómina los cuatro primeros días de ausencia y un 25 % de la cuarta a la vigésima jornada. También reclaman que se cubran las 106 plazas vacantes o que los empleados que sustituyen a un compañero de categoría superior cobren lo mismo que él.
La xunta
Oferta de incremento de entre 816 y 1.080 euros al año. La última oferta de la Xunta a los sindicatos de Justicia elevaba 14 euros de media al mes la anterior. Así, quedaría en 1.080 euros al año para el cuerpo de gestores, 912 para el de tramitadores y 816 para el de auxilios. Al mes, la subida sería de 90, 76 y 68 euros, pero se haría efectiva al 50 % en el 2019 y ya al cien por cien en el 2020. Con respecto a los descuentos durante las bajas laborales, el Gobierno gallego pide que se espere a que se llegue a un acuerdo que se está actualmente negociando para retirar esta medida a todos los empleados de función pública del Estado.
la negociación
Calificativos de «ridícula» y «fóra da realidade». Para la Xunta, las reclamaciones salariales de los sindicatos de Justicia están «fóra da realidade», mientras que para los representantes de los trabajadores la última oferta de la Xunta es simplemente «ridícula». Con unos posicionamientos tan alejados, nada hace pensar en un acuerdo a corto plazo. Todo lo contrario. Lo que parece que se avecina es una larga huelga indefinida. No en vano, el vicepresidente gallego, Alfonso Rueda, que es además conselleiro de Xustiza, lanzó ayer un aviso a las organizaciones sindicales de que no aceptarán «nin un pulso nin un toma e daca» y que, aunque están dispuestos a retomar la negociación, ya no mejorarán la oferta de incremento salarial, ya que lo que les ofrecen, asegura, incrementaría un 4 % sus retribuciones globales. «Nós xestionamos recursos públicos e debemos administralos con racionalidade», añadió.
los efectos
Posibles problemas en cobros de pensiones. Al margen de los 600 juicios que cada día se suspenden en Galicia -la Xunta rebaja esta cifra a la mitad- las consecuencias de la huelga indefinida son claras, porque han logrado paralizar casi por completo los juzgados, en los que casi no se están practicando diligencias. No obstante, ese no sería el problema más grave, ya que, al no haber quedado incluida entre los servicios mínimos la expedición de certificados de defunción y fes de vida, en poco tiempo podrían empezar a surgir problemas para cuestiones tan vitales como el cobro de pensiones de viudedad, orfandad o jubilación, así como para el cobro de ayudas por incapacidad. Estos documentos también son necesarios para poder celebrar matrimonios civiles e incluso para la firma de algunos contratos laborales. En algunos registros sí se entregan fes de vida, pero por decisión del funcionario de turno.
La jueza de bodas civiles ayudó a novios a eludir los piquetes por un pasillo secreto
La jueza del Registro Civil de Vigo se compadeció de las parejas que fueron a casarse por lo civil el pasado viernes. Los piquetes informativos avisaron de que iban a boicotear esas bodas por no ser servicio mínimo. Esa mañana hicieron sonar bocinazos, tambores y vociferaron por megafonía: «No te cases, únete». La magistrada ideó una ruta alternativa y pasó discretamente a los novios por un pasillo secreto que comunicaba con el salón de bodas, cerrado con llave. Ofició tres ceremonias antes de que los sindicalistas descubriesen el truco. La cuarta pareja quedó atrapada en un corte de tráfico por una manifestación y al llegar tarde se topó de bruces con el piquete. Tras acosar a los novios a bocinazos, les dejaron casarse. La única boda de ayer se celebró con normalidad.
Funcionarios de Vigo se apiadan de ciudadanos en apuros y les echan una mano en sus pleitos
e. v. pita
Varios funcionarios de Vigo que prestaban servicios mínimos echaron un cable a unos ciudadanos en apuros por razones de «buen corazón» y porque justificaron que estaban en una situación de urgencia. Al menos, han trascendido dos casos, pero puede que haya más. A un cubano le tramitaron los papeles del divorcio antes de que tomase su vuelo para Miami, que le había costado mil euros. Y a una trabajadora despedida le ingresaron en su cuenta una gran suma que acababa de obtener de indemnización tras dos años de pleitos.
Las dos buenas acciones se realizaron en la oficina de reparto común, que acumula 900 demandas sin tramitar en cinco días. Los funcionarios en servicios mínimos solo dieron curso a 46 litigios en cinco días, así como a todos los de malos tratos. Solo hicieron dos excepciones excluidas de la lista de trámites urgentes. Los empleados públicos tramitaron esos expedientes porque, de no hacerlo, se habría cometido una gran injusticia a los afectados. Eran expedientes urgentes que si no los tramitaban causarían un perjuicio a los litigantes.
En el caso del divorciado que quería irse de viaje, el ciudadano, de origen cubano, presentó una demanda de separación de mutuo acuerdo, excluida de los servicios mínimos. Tenía que ratificarse en la demanda antes de partir de viaje a Estados Unidos. Aunque la huelga terminase mañana, cuando lo llamasen para ratificar la demanda ya estaría en otro continente. Y si se quedaba, perdería los mil euros del billete aéreo.
El funcionario que le atendió tomó una decisión salomónica: si le enseñaba el billete aéreo, le tramitaría la separación, una vez autorizado por el juzgado de familia. El afectado corrió a casa a buscarlo y volvió un rato después con el tique. Todo era correcto y tramitaron su petición, una de las pocas que se cursaron en esa jornada de huelga. «No haberle ayudado habría sido una gran injusticia, habría perdido mucho dinero sin culpa», explicó el empleado público.
La otra excepción por razones humanitarias fue la de una joven trabajadora que recibió una indemnización de 16.000 euros por despido improcedente tras litigar durante dos años. La empresa acababa de pagarle y de entregar el cheque al juzgado. Los funcionarios, tras sopesar la situación, consignaron el dinero a la despedida, una operación excluida de los servicios mínimos, para que lo recogiese en las cuentas judiciales. «Esa mujer llevaba mucho tiempo aguardando por su indemnización, no tenía sentido hacerle esperar más», explicó una empleada de reparto.