La diputada Alexandra Fernández acusa al PP de «blanquear» la gestión de Audasa y a Fomento de discriminar a Galicia respecto a Cataluña y el País Vasco
14 feb 2018 . Actualizado a las 11:38 h.El traspaso de la competencia de la titularidad de la autopista AP-9 a la Xunta ha vuelto a ser rechazada esta mañana por el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en el Congreso de los diputados al defender que el vial gallego forma parte de la red estatal, en la que considera debe de continuar al considerarse una infraestructura de interés general. El ministro respondió a una pregunta de la diputada viguesa de En Marea, Alexandra Fernández, durante la sesión de control al Gobierno, defendiendo el derecho de veto del Ejecutivo a tramitar proposiciones de la oposición que considere incrementan el gasto público y el déficit del Estado.
Dicha respuesta fue criticada con dureza por la diputada gallega, que culpó al PP y a Audasa de llevar «años siendo el tándem del expolio de Galicia» o de que «el PP se dedica a hacerle el trabajo sucio y blanquear sus intereses», negando además que el traspaso fuese a suponer un aumento del gasto público, dado que el Parlamento gallego cambió su petición eliminando la premisa de que se llevase a cabo el rescate de la autopista con la consiguiente indemnización a Audasa, acción que Fomento valoró en su día en más de 4.000 millones de euros, «datos inflados y falsos», a juicio de Fernández.
La diputa de En Marea mostró también su rechazo a que viales de interés general y fronterizos sí hayan sido traspasados a la Generalitat y al Gobierno vasco. «Es que somos menos», inquirió.
De la Serna respondió señalando que «a favor de Audasa no vota nadie», sino a favor de defender los intereses del Estado haciendo uso de los recursos que otorga la Constitución como el derecho de veto a las proposiciones en la Cámara que aumenten el gasto público. Puso en valor el ministro el acuerdo alcanzado con la Xunta para crear una comisión de cogestión de la AP-9, que señaló ha permitido liberar a la Xunta del pago de la mitad del montante que junto a Fomento venían afrontando desde el 2006 por la gratuidad de los pasos por Rande y A Barcala, o eliminar el peaje próximamente en el tramo de Redondela, que tendrán que asumir sin embargo el resto de los usuarios de la autopista gallega.
Tras rechazar el traspaso de nuevo, conminó a En Marea a acudir a los tribunales o al Constitucional, como ya ha hecho dicha formación, aunque negó que los datos económicos en los que basa Fomento la negativa al traspaso sean falsos.