Funcionarios de Vigo se apiadan de ciudadanos en apuros y les echan una mano en sus pleitos
GALICIA
La oficina de reparto común acumula todavía 900 demandas sin tramitar
14 feb 2018 . Actualizado a las 11:14 h.Varios funcionarios de Vigo que prestaban servicios mínimos echaron un cable a unos ciudadanos en apuros por razones de «buen corazón» y porque justificaron que estaban en una situación de urgencia. Al menos, han trascendido dos casos, pero puede que haya más. A un cubano le tramitaron los papeles del divorcio antes de que tomase su vuelo para Miami, que le había costado mil euros. Y a una trabajadora despedida le ingresaron en su cuenta una gran suma que acababa de obtener de indemnización tras dos años de pleitos.
Las dos buenas acciones se realizaron en la oficina de reparto común, que acumula 900 demandas sin tramitar en cinco días. Los funcionarios en servicios mínimos solo dieron curso a 46 litigios en cinco días, así como a todos los de malos tratos. Solo hicieron dos excepciones excluidas de la lista de trámites urgentes. Los empleados públicos tramitaron esos expedientes porque, de no hacerlo, se habría cometido una gran injusticia a los afectados. Eran expedientes urgentes que si no los tramitaban causarían un perjuicio a los litigantes.
En el caso del divorciado que quería irse de viaje, el ciudadano, de origen cubano, presentó una demanda de separación de mutuo acuerdo, excluida de los servicios mínimos. Tenía que ratificarse en la demanda antes de partir de viaje a Estados Unidos. Aunque la huelga terminase mañana, cuando lo llamasen para ratificar la demanda ya estaría en otro continente. Y si se quedaba, perdería los mil euros del billete aéreo.
El funcionario que le atendió tomó una decisión salomónica: si le enseñaba el billete aéreo, le tramitaría la separación, una vez autorizado por el juzgado de familia. El afectado corrió a casa a buscarlo y volvió un rato después con el tique. Todo era correcto y tramitaron su petición, una de las pocas que se cursaron en esa jornada de huelga. «No haberle ayudado habría sido una gran injusticia, habría perdido mucho dinero sin culpa», explicó el empleado público.
La otra excepción por razones humanitarias fue la de una joven trabajadora que recibió una indemnización de 16.000 euros por despido improcedente tras litigar durante dos años. La empresa acababa de pagarle y de entregar el cheque al juzgado. Los funcionarios, tras sopesar la situación, consignaron el dinero a la despedida, una operación excluida de los servicios mínimos, para que lo recogiese en las cuentas judiciales. «Esa mujer llevaba mucho tiempo aguardando por su indemnización, no tenía sentido hacerle esperar más», explicó una empleada de reparto.
