Los sindicatos de la Justicia rechazan la última subida ofrecida por la Xunta

El incremento propuesto es de entre 816 y 1.080 euros al año por trabajador, pero los sindicatos reclaman 2.700

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santiago / la voz

Por primera vez desde que el pasado miércoles se inició la huelga indefinida en la Justicia gallega, sindicatos y Xunta retomaron ayer las negociaciones. Un buen paso que, sin embargo, no acerca ni un ápice la desconvocatoria del paro. Las posturas siguen distantes. Y eso que el Gobierno autonómico mejoró casi un 22 % de media su oferta de incremento salarial para los trabajadores, que pasarían así a cobrar 1.080 euros más al año en el cuerpo de gestores, 912 en el de tramitadores y 816 en el de auxilios.

Para los sindicatos, esta oferta es «ridícula» y, aunque han rebajado sus pretensiones iniciales, siguen estando muy por encima de lo que puede asumir la Xunta, ya que reclaman un incremento lineal de 225 euros para cada trabajador en el complemento autonómico transitorio (CAT), lo que supondría que cada funcionario de la Justicia gallega pasase a cobrar 2.700 euros más.

Si los representantes de los trabajadores ven «ridícula» la oferta de la Xunta, al director xeral de Xustiza, Juan José Martín, le parece que la de los sindicatos está «fóra da realidade» y es «inasumible para as arcas públicas», ya que supone un incremento del 50 % del complemento que paga el Gobierno gallego, cuando el máximo que están dispuestos a asumir es del 20,2 % para los gestores, el 17 % para los tramitadores y el 15,3 % para los auxilios. Es decir, una subida de 90 euros al mes para la primera categoría laboral, de 76 para la segunda y de 68 para la tercera. Además, recuerdan que los funcionarios gallegos, que cobran parte de su sueldo del Estado, percibirán también la subida que se aplicará a todos los empleados públicos españoles y que, según el Gobierno central, rondará el 8 % en los próximos tres años.

La nueva oferta de Xustiza que ha rechazado el comité de huelga también suponía una mejora en lo que se refiere a la forma en la que los trabajadores iban a percibir la subida salarial. Inicialmente se les ofreció dividirla en tres años, entre el 2019 y el 2021, y ahora se reduce ese tiempo a solo dos ejercicios, 2019 y 2020.

Los sindicatos, sin embargo, prefieren que la subida sea en tres años siempre y cuando comiencen a cobrarla ya en el 2018. De hecho, califican de «irrenunciable» esa exigencia, que el director xeral de Función Pública, José María Barreiro, advierte que «non é posible» porque lo impide la normativa básica del Estado. Falta por ver si pese a lo alejadas de las posturas, la negociación permite un acercamiento y una votación en asambleas de la oferta final de la Xunta.

Los juzgados siguen paralizados por el seguimiento del paro y los juicios suspendidos rondan los 2.000

x. m./ e. v. pita

Tras cuatro jornadas efectivas de huelga indefinida -descontando el fin de semana-, la cifra de juicios suspendidos ronda los 2.000, según las estimaciones de los sindicatos, que calculan unas 600 vistas aplazadas cada día, a excepción de los viernes, cuando hay muchos menos señalamientos. La Xunta califica de exagerados estos cálculos y los reduce a, como mucho, la mitad.

También son muy dispares las cifras de seguimiento del paro aportadas por una y otra parte. Si los sindicatos hablan del 90 % de los trabajadores apoyando la huelga, el Gobierno gallego ofrece una cifra de tan solo el 41,07 %. Asegura la Xunta que ayer se ausentaron de sus puestos 1.109 funcionarios de un total de 2.700, mientras que otros 168 tenían vacaciones, libranzas o asuntos propios. Los servicios mínimos, que afectan a 770 empleados, se cumplieron totalmente.

Al margen de las suspensiones de la gran mayoría de los juicios que no sean causas penales con preso, que el acuerdo de servicios mínimos obliga a celebrar, la huelga mantiene casi completamente paralizados los registros civiles, que no tramitan ni certificados de defunción ni fes de vida, lo que ya está empezando a bloquear el cobro de pensiones de viudedad, de orfandad y de jubilación, y el de incapacidades, la celebración de matrimonios y la firma de algunos contratos laborales.

En Vigo, los juzgados de familia están funcionando con normalidad salvo en los divorcios, que no entran en los servicios mínimos si los cónyuges que se separan no tienen hijos menores a su cargo. De este modo, una de cada tres parejas tiene que retrasar su juicio de divorcio porque carece de descendencia o sus vástagos ya han cumplido la mayoría de edad. Por ello, la batalla legal solo afecta al reparto de los bienes gananciales, de la vivienda o del coche o de las mascotas. Algo que la ley no considera prioritario, y este tipo de juicios se atrasan por la huelga porque no se destinan servicios mínimos a cubrirlo.

El paro también afecta a las medidas provisionales o la modificación de estas. Por ejemplo, las disputas por la cuantía de la pensión de alimentos o la compensatoria o el régimen de visitas. Rige el mismo criterio: si hay que adoptar medidas en relación con hijos menores tanto en los divorcios como en las separaciones de parejas de hecho, se celebra el juicio. Si no los hay, se suspende.

Función Pública pide que se espere al futuro acuerdo estatal sobre los descuentos por baja

Otra de las reivindicaciones que el comité de huelga califica de «irrenunciable» para desconvocar el paro indefinido es la de los descuentos por incapacidades temporales. Actualmente, cuando un funcionario de Justicia gallego cae de baja, exceptuando las operaciones quirúrgicas, le descuentan el 50 % de su nómina los primeros cuatro días y el 25 % los restantes hasta la vigésima jornada. Una situación que no sufren ni jueces ni fiscales ni secretarios judiciales. En este punto tampoco hay acuerdo, porque los representantes de los trabajadores exigen que se derogue la medida inmediatamente, mientras que la Xunta les pide tiempo. El director xeral de Función Pública, José María Barreiro, explicó ayer que actualmente está negociándose en el conjunto del Estado la posibilidad de eliminar a todos los empleados de la función pública estos recortes durante las ausencias por enfermedad, por lo que considera que es necesario esperar a ver cómo finaliza ese posible acuerdo.

Los 225 euros más al mes que exigen los sindicatos los haría mejor pagados que en Madrid

El complemento autonómico transitorio (CAT) es la parte del sueldo de los funcionarios de Justicia que paga cada comunidad. En Galicia está ahora situado en 445,39 euros. Una cifra que, si nos atenemos a las doce autonomías con la competencia transferida, deja a los funcionarios gallegos de este ámbito como los últimos de la clasificación en la categoría de gestores y penúltimos en las de tramitadores y auxilios.

Con la última oferta de la Xunta rechazada por los sindicatos, Galicia pasaría a ocupar la novena plaza del ránking en la categoría de gestores, la octava en el de tramitadores y la sexta en la de auxilios. Sin embargo, con la subida de 225 euros lineales para los tres grupos que exigen los sindicatos, los funcionarios gallegos de Justicia pasarían a ser los segundos mejor pagados de España en el caso de tramitadores y auxilios, solo por detrás del País Vasco, y los terceros en el de los gestores, en los que además de Euskadi quedarían también por detrás de Navarra. En todos los casos, superarían en ingresos a sus compañeros de Madrid en entre 30 y 70 euros al mes.

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