La limpieza de biomasa: un proceso lento, muy costoso y que enfrenta a las administraciones

Galicia ardió en el 2006 y vino la ley de prevención del bipartito. Los propietarios debían de tener libre de maleza una franja de 100 metros alrededor de cualquier núcleo. El PP la rebajó luego a 50, con la ley del 2012. Un límite que no distingue si es zona rural o periurbana y que, según expertos, tal vez debiera tener en cuenta la singularidad de cada zona. Sin embargo, Galicia sigue enfrentándose a un problema: la fragmentación de la propiedad, el desconocimiento de la titularidad de las fincas y la inhibición de los dueños descarga la responsabilidad en los concellos, que ejecutan los trabajos de limpieza de forma subsidiaria. A la vista está que esto no ha ocurrido siempre. Y para muestra lo sucedido en octubre, cuando el fuego cercó las casas.

De nuevo, volvió a abrirse un debate social y hasta hubo cambios legales. Ahora, Xunta y concellos pueden limpiar la maleza de fincas sin orden judicial. Y más aún: pueden expropiar las parcelas de dueños desconocidos cuando, ante reiterados incumplimientos de desbroce, el coste de la limpieza sea superior al valor catastral del terreno. Avances, sin duda, para minimizar riesgos, pero que siguen sin dar respuesta a cuestiones que no son intrascendentes en un territorio como el gallego, expuesto periódicamente al riesgo de incendio. Por ejemplo, en una comunidad como Galicia, cabe preguntase si existe el suficiente personal y el dinero para desarrollar los trabajos de limpieza de la biomasa en las parcelas cuya titularidad se desconoce.

Los ayuntamientos ya han dicho que no hay gente ni recursos. Y en esas seguimos.

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