La ley contra incendios tropieza con la falta de personal en los concellos para ejecutarla
GALICIA
Los ayuntamientos piden auxilio administrativo a la Xunta para gestionar los expedientes
10 feb 2018 . Actualizado a las 05:00 h.La legislación gallega que permite a los concellos tomar medidas de impacto en fincas con masa forestal fuera de ordenación incluso sin consentimiento expreso de los propietarios ni autorización judicial va camino de convertirse en papel quemado. Los pasillos verdes de seguridad que la Xunta quiere ver al borde de viales y zonas habitadas -franjas de al menos 50 metros sin plantaciones pirófitas como acacias, pinos o eucaliptos- tienen toda la consideración de las instituciones locales, pero una cosa es redactar una norma y otra muy distinta aplicarla.
El problema ya no es de manos. Desbrozar de oficio con cargo a las arcas municipales el borde de caminos o fincas abandonadas «es cuestión de dinero». «Lo contratas, lo gastas y ya está», explica Alfredo García, presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias, que sigue su relato por la parte complicada: «Lo complejo es entrar en las fincas, localizar y notificar a todos los herederos e iniciar un número de expedientes imposibles de asumir. Yo felicito al alcalde de Ribadeo por su iniciativa, y en esa línea queremos trabajar muchos, pero lo cierto es que en Valdeorras, por ejemplo, técnicamente hemos sido capaces de tramitar ciento y pico expedientes, cuando tenemos por delante más de 12.000 parcelas, y ahí es donde estamos desbordados», explica el también alcalde de la localidad ourensana. A ese ritmo, inasumible para concellos más pequeños, parece temerario hablar de resultados a medio plazo.
Como ha hecho el regidor de Ribadeo, García también pide a la Xunta un esfuerzo extraordinario para dar soporte administrativo para sacar adelante este reto, vital para evitar situaciones de riesgo y muertes como en la última oleada de incendios de octubre. Sin embargo, son pocos los concellos que han requerido esta ayuda autonómica -Curtis, Mondoñedo y Camariñas sí lo hicieron- o que hayan dejado constancia en Medio Rural de sus iniciativas para que se cumplan las distancias reglamentarias.
Los alcaldes tampoco pretenden un tutelaje permanente de la Xunta, pero sugieren una acción puntual coordinada y respaldada por medios económicos y humanos, que resolvería en un tiempo razonable miles de casos de propietarios que nunca se han sentido apelados por las medidas de seguridad de la legislación forestal. «Y con los dueños localizados ya empezamos a tomar medidas más justas», insiste el representante de las instituciones locales, quien ve injusto que los propietarios que dan la cara asuman las cargas mientras que otros esquivan sus responsabilidades. Por ello reclama poner «nombre y apellido a cada metro cuadrado de monte gallego, porque de otra forma en veinte años la mitad de los montes no tendrán dueño», augura.
Con todo, en el ámbito local y autonómico hay coincidencia en que se avanza por el buen camino en el plano teórico, aunque con una ejecución práctica muy lenta. En una comunidad que cuenta con 700.000 propietarios de montes sobre una población de 2,7 millones de gallegos, cualquier iniciativa se queda pequeña. La propia Xunta ha encontrado dificultades para avanzar en el pasado en el cumplimiento de la ley de Montes, del 2012. Desde entonces, solo apercibió a 320 propietarios por año por tener plantaciones ilegales.
En el último trimestre del 2017, Medio Rural inició una campaña de control de plantaciones de arbolado para obligar a cumplir las distancias reglamentarias. Los resultados, modestos todavía en cifras, fueron sin embargo satisfactorios en términos relativos. A través de fotografías aéreas, los técnicos identificaron las parcelas que se saltaban la normativa, que contrastaron con una comprobación de campo, procediendo a continuación a la localización de propietarios a través de la información catastral.
La novedad de esta iniciativa, que se desarrolló de forma experimental en la provincia de A Coruña y que se va a extender a toda Galicia, fue la instalación de carteles con información que indicaban que la plantación se encontraba en una ubicación ilegal, indicando las sanciones a las que se exponía: de 100 a 1.000 euros en caso de infracción leve; y de 1.001 a 100.000 para las graves.
Los agentes implicados destacaron también el carácter pedagógico de esta práctica, al tratarse de un aviso de carácter público a la vista de todos los vecinos, que toman buena nota. El balance en un trimestre fue el siguiente: 85 fincas revisadas, 51 situaciones corregidas, seis multas; y una veintena de casos en proceso de negociación con los dueños.
Artículo 21.1 de la Lei de Montes
Nos espazos definidos como redes secundarias de faixas de xestión de biomasa nos plans municipais de prevención e defensa contra os incendios forestais, será obrigatorio para as persoas que resulten responsables conforme ao artigo 21 xestionar a biomasa vexetal, de acordo cos criterios estipulados nesta lei e na súa normativa de desenvolvemento, nunha franxa de 50 metros:
a) Perimetral ao chan urbano, de núcleo rural e urbanizable.
b) Arredor das edificacións, vivendas illadas, urbanizacións, depósitos de lixo, cámpings, gasolineiras e parques e instalacións industriais situados a menos de 400 metros do monte.
c) Arredor das edificacións illadas en chan rústico situadas a máis de 400 metros do monte.
La limpieza de biomasa: un proceso lento, muy costoso y que enfrenta a las administraciones
Ahora, Xunta y concellos pueden limpiar la maleza de fincas sin orden judicial, incluso pueden expropiar parcelas de dueños desconocidos
mario beramendi
Galicia ardió en el 2006 y vino la ley de prevención del bipartito. Los propietarios debían de tener libre de maleza una franja de 100 metros alrededor de cualquier núcleo. El PP la rebajó luego a 50, con la ley del 2012. Un límite que no distingue si es zona rural o periurbana y que, según expertos, tal vez debiera tener en cuenta la singularidad de cada zona. Sin embargo, Galicia sigue enfrentándose a un problema: la fragmentación de la propiedad, el desconocimiento de la titularidad de las fincas y la inhibición de los dueños descarga la responsabilidad en los concellos, que ejecutan los trabajos de limpieza de forma subsidiaria. A la vista está que esto no ha ocurrido siempre. Y para muestra lo sucedido en octubre, cuando el fuego cercó las casas.
De nuevo, volvió a abrirse un debate social y hasta hubo cambios legales. Ahora, Xunta y concellos pueden limpiar la maleza de fincas sin orden judicial. Y más aún: pueden expropiar las parcelas de dueños desconocidos cuando, ante reiterados incumplimientos de desbroce, el coste de la limpieza sea superior al valor catastral del terreno. Avances, sin duda, para minimizar riesgos, pero que siguen sin dar respuesta a cuestiones que no son intrascendentes en un territorio como el gallego, expuesto periódicamente al riesgo de incendio. Por ejemplo, en una comunidad como Galicia, cabe preguntase si existe el suficiente personal y el dinero para desarrollar los trabajos de limpieza de la biomasa en las parcelas cuya titularidad se desconoce.
Los ayuntamientos ya han dicho que no hay gente ni recursos. Y en esas seguimos.
La Xunta invirtió ya 1,5 millones en regeneración de suelos quemados en octubre
El director xeral de Ordenación Forestal, Tomás Fernández-Couto, avanza que hay otro millón y medio en ejecución
El director xeral de Ordenación Forestal, Tomás Fernández-Couto, informó ayer en la comisión de Agricultura que la Xunta ya ha invertido 1,5 millones de euros en la regeneración de los suelos quemados en la ola de incendios del pasado mes de octubre, y que hay otro millón y medio en ejecución.
Lo explicó Fernández-Couto como respuesta a una pregunta de Paula Quinteiro, diputada de En Marea, quien denunció que «no se estaban tomando medidas en todos los municipios» y que el Gobierno gallego no invertía con igual intensidad en «zonas poco pobladas». El responsable de la Xunta rechazó esa premisa: «Estoy hablando de criterios técnicos, no políticos».
Acolchamiento
Fernández-Couto precisó que la mayor parte del trabajo se realizó «en áreas que no son precisamente visibles». Y puso un ejemplo: se acolcharon 500 hectáreas -fundamental para retener la humedad y crear humus- y se han creado 15 kilómetros de barreras filtrantes «tremendamente repartidas, que requieren un nivel muy grande de detalle». Y concluyó sobre el acolchamiento que «puede no parecer mucho [en octubre se quemaron unas 49.000 hectáreas] pero supone un trabajo ingente realizado en unos dos meses».
A la pregunta de Xosé Luís Rivas, Mini (BNG), sobre por qué se desclasifica como monte vecinal en mano común el de A Lanzada (Sanxenxo), el responsable gallego de la ordenación forestal explicó que es un deslinde del Ministerio de Agricultura que «se opone al uso privativo de estos suelos» y lo considera «zona de dominio público».