La ley contra incendios tropieza con la falta de personal en los concellos para ejecutarla

Juan María Capeáns Garrido
juan capeáns SANTIAGO / LA VOZ

GALICIA

CARLOS CASTRO

Los ayuntamientos piden auxilio administrativo a la Xunta para gestionar los expedientes

10 feb 2018 . Actualizado a las 05:00 h.

La legislación gallega que permite a los concellos tomar medidas de impacto en fincas con masa forestal fuera de ordenación incluso sin consentimiento expreso de los propietarios ni autorización judicial va camino de convertirse en papel quemado. Los pasillos verdes de seguridad que la Xunta quiere ver al borde de viales y zonas habitadas -franjas de al menos 50 metros sin plantaciones pirófitas como acacias, pinos o eucaliptos- tienen toda la consideración de las instituciones locales, pero una cosa es redactar una norma y otra muy distinta aplicarla.

El problema ya no es de manos. Desbrozar de oficio con cargo a las arcas municipales el borde de caminos o fincas abandonadas «es cuestión de dinero». «Lo contratas, lo gastas y ya está», explica Alfredo García, presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias, que sigue su relato por la parte complicada: «Lo complejo es entrar en las fincas, localizar y notificar a todos los herederos e iniciar un número de expedientes imposibles de asumir. Yo felicito al alcalde de Ribadeo por su iniciativa, y en esa línea queremos trabajar muchos, pero lo cierto es que en Valdeorras, por ejemplo, técnicamente hemos sido capaces de tramitar ciento y pico expedientes, cuando tenemos por delante más de 12.000 parcelas, y ahí es donde estamos desbordados», explica el también alcalde de la localidad ourensana. A ese ritmo, inasumible para concellos más pequeños, parece temerario hablar de resultados a medio plazo.

Como ha hecho el regidor de Ribadeo, García también pide a la Xunta un esfuerzo extraordinario para dar soporte administrativo para sacar adelante este reto, vital para evitar situaciones de riesgo y muertes como en la última oleada de incendios de octubre. Sin embargo, son pocos los concellos que han requerido esta ayuda autonómica -Curtis, Mondoñedo y Camariñas sí lo hicieron- o que hayan dejado constancia en Medio Rural de sus iniciativas para que se cumplan las distancias reglamentarias.