d. s.
santiago / la voz

Juzgados desiertos, salas de vistas apagadas, pasillos en silencio y funcionarios concentrados a las puertas. Esta fue ayer la tónica general en los juzgados de Galicia durante la primera jornada de la huelga indefinida convocada por los siete sindicatos de Xustiza, que tuvo como efecto directo la obligación de suspender entre 500 y 600 juicios en una comunidad que ya padece un enorme atasco judicial, con 126.000 causas pendientes.

Los representantes de los trabajadores aseguran que un 95 % del personal ha secundado el paro, una cifra que la consellería reduce hasta el 38,74 %. Es decir, 1.046 empleados de una plantilla total de 2.700. El enorme desfase entre las cifras de participación aportadas por una y otra parte se explica porque el Gobierno autonómico incluye entre los que sí fueron a sus puestos a los 770 (un 28 % del total) que lo hicieron obligados por estar incluidos en los servicios mínimos. Tampoco cuenta como huelguistas a los 116 que tenían vacaciones, libranzas o asuntos propios.

Según los datos de las organizaciones sindicales, Vigo fue la ciudad en la que el seguimiento de la huelga fue mayor, con un 94,5 % de la plantilla. En Ourense y Pontevedra llegó al 94, mientras que en Santiago fue del 93 %. Más bajo fue en A Coruña, Ferrol y Lugo, donde un 85 % de los trabajadores han apoyado la movilización. En municipios de gran entidad, como A Estrada o Marín, el paro fue completo, mientras que Lalín y Cambados rozaron el pleno con un 98 %, Caldas estuvo en el 93 %, Vilagarcía en el 90 % y Carballo en el 70 %.

Los servicios mínimos, eso sí, funcionaron con total normalidad y permitieron celebrar las causas penales con preso, que son prioritarias, así como el funcionamiento del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) o de los servicios de atención a las víctimas de la violencia machista. Los registros civiles, por su parte, tan solo atendieron para inscripciones de nacimientos y licencias de enterramiento.

Los abogados piden diálogo

De prolongarse muchos días el paro, la situación se volverá muy delicada. El presidente del Consello da Avogacía Galega, Félix Mondelo, alertó del «colapso» que puede provocar la huelga indefinida. «Si dura una semana, es indudable que el retraso va a ser muy perjudicial tanto para los ciudadanos como para los profesionales y la Administración», afirma. Por ello, solicita que ambas partes «no corten el diálogo».

Tanto la Xunta como los sindicatos aseguran que mantienen abierta su disposición al diálogo para intentar desconvocar una huelga que continuará en los próximos días. Sin embargo, las posturas parecen más alejadas que nunca. Mientras el Gobierno gallego insiste en defender una oferta de incremento salarial de 660 euros anuales para el cuerpo de auxilio, 744 para el de tramitadores y 900 para el de gestores, los sindicatos tachan de «engano» la propuesta, que consideran «unha manipulación», según Manuel Díaz, de UGT y portavoz del comité de huelga en Santiago.

Los representantes de los trabajadores, sin embargo, destacan que la subida salarial se dividiría en tres años y que no comenzaría hasta el 2019, «polo que quedaría nunha media de vinte euros ao mes por traballador cada ano ata 2021», explicó Manuel Tejada, de USO, que es presidente del comité de huelga compostelano.

Tampoco se ponen de acuerdo en la situación en la que quedaría Galicia con esa mejora. Mientras la Xunta afirma que estaría por encima de la media, los funcionarios vuelven a ver un «engano» porque ese dato contabiliza las 17 autonomías más Ceuta y Melilla. Creen que se debe excluir del cómputo las dos ciudades autónomas y que las cinco que no tienen transferida la competencia deben contar solo como una. Son Murcia, las dos Castillas, Extremadura y Baleares. «Se fas así o cálculo seguimos á cola, como a segunda peor das comunidades transferidas e dentro duns anos aínda peor, xa que moitas comunidades están a negociar ou xa pactaron subas», añade el portavoz de UGT.

Los trabajadores también tienen otras reivindicaciones que no son atendidas, como que les dejen de recortar entre el 50 y el 25 % de sus nóminas cuando están de baja por enfermedad, algo que no padecen magistrados, jueves, fiscales ni secretarios.

Feijoo ve imposible la petición sindical y cifra su coste en 600 millones de euros

La huelga indefinida ocupó ayer una parte importante de la sesión de control del Parlamento, donde el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, dio a entender que no se podrán atender las reivindicaciones salariales de los trabajadores porque, trasladadas al resto de los empleados públicos en aras de la «equidade», supondría para la Xunta «un incremento de 600 millóns de euros ao ano en gastos de persoal».

El mandatario autonómico respondió de este modo al portavoz de En Marea, Luís Villares, que lo acusó de practicar recortes en Galicia para hacer méritos en el PP y tener «carreira política en Madrid» como sucesor de Rajoy. También señaló que la oferta salarial de la Xunta para desactivar la huelga supondría «cero euros» en las nóminas para el 2018, algo a lo que reaccionó Feijoo advirtiendo que «sería ilegal facer un incremento das retribucións no 2018», pues así lo estaba notificando el Ministerio de Justicia. «E vostede, dende o seu currículo, proponme un acordo en contra da lei?», inquirió Feijoo a Villares, antes de poner de relieve que una medida así derivaría en un recurso contra la Xunta.

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La primera jornada de huelga paraliza los juzgados y suspende casi 600 juicios