Feijoo estima que la reivindicación salarial de Xustiza trasladada a toda la Xunta costaría 600 millones

El presidente de la Xunta insiste en que la oferta retributiva que estaba encima de la mesa colocaría el sueldo de los funcionarios judiciales gallegos por encima de otras diez comunidades


Santiago / La Voz

La huelga indefinida que comenzó este miércoles en los juzgados gallegos marcó la sesión de control del Parlamento, donde el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, se lamentó que los trabajadores de Xustiza no aceptara la mejora retributiva ofrecida desde el Gobierno autonómico, dando por sentado que sus reivindicaciones esas inasumibles en su totalidad, pues aplicadas al conjunto de los empleados públicos de la Xunta supondría un desembolso de 600 millones de euros al año.

Fue el portavoz de En Marea, Luís Villares, el encargado de interpelar a Feijoo por la Xustiza, si bien reorientó la pregunta hacia las cuestiones internas del PP para denunciar que todos los recortes que se hacen en Galicia se hacen en función «da carreira dunha persoa en Madrid», pues insistió en que la única «ambición» de Feijoo es la de suceder a Feijoo.

Feijoo recordó que desde que llegó a Galicia como conselleiro, en el 2003, se empezó a especular con su regreso a Madrid y, entretanto, tuvo la oportunidad de ser recibir un mandato para ser presidente de la Xunta 12 años. «Non sei se vostede durará tanto como portavoz, pero dame a min que non», le espetó a Villares.

Dicho eso, cuestionó que Villares desviara la discusión sobre la huelga judicial a los asuntos internos del PP. Así que se lanzó a desgranar la oferta puesta sobre la mesa a los empleados de Xustiza para llegar a un acuerdo, una oferta que les permitiría obtener un salario por encima de la media española, superior a los de los trabajadores de Valencia o Cataluña. «Coa nosa oferta habería entre 10 e 12 comunidades nas que se cobraría menos», valoró Feijoo.

Dicho eso, el mandatario gallego consideró legítimo que se reclamen subidas salariales, e incluso dijo que fue el primero en reconocer el esfuerzo hecho por los funcionarios durante la crisis, con su recorte retributivo, para poder cuadrar las cuentas. Pero insistió en que aceptar la tabla reivindicativa de Xustiza y extenderla a los empleados de la Xunta supondría 600 millones de euros más al año. «Quer resolver o problema da Xustiza ou incendiar o problema da Xustiza?», preguntó retóricamente a Villares, antes de insistir en que su apuesta iba a ir por la «equidade», pero no por «tomarlle o pelo á xente».

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