La Xunta bate récords en demoliciones y refuerza sus poderes disciplinarios
GALICIA
Derribó 205 construcciones el año pasado y asumirá el control de todo tipo de obras
01 feb 2018 . Actualizado a las 05:00 h.El director de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), José Antonio Cerdeira, confesó ayer que su departamento ya tiene una cierta fama en el ámbito de la disciplina urbanística. «Hay gente que cree que nos pasamos el día derribando casas», dijo. De ahí que a menudo enfatice otras de las múltiples funciones de la agencia. Para este fin acudió en su ayuda la conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, Beatriz Mato, que inauguró en A Coruña unas jornadas para explicar a alcaldes y técnicos de urbanismo las nuevas competencias que asumirá la APLU en los concellos que se han adherido a este organismo creado en el 2007, entre ellas vigilar todo tipo de obras y no solo aquellas que necesitan licencia (viviendas). En cualquier caso, la vertiente disciplinaria sigue siendo una parte crucial del trabajo de esta agencia autonómica y las demoliciones volvieron a batir un récord el año pasado, con 205 derribos.
La Xunta está decidida a ampliar sus poderes en disciplina urbanística para aplicar las normas de la nueva Lei do Solo en la mayor parte del territorio gallego. La conselleira aclaró que este estirón competencial de la APLU está orientado a aumentar los instrumentos «para protexer a nosa paisaxe, unha das principais riquezas de Galicia». El objetivo de su departamento, explicó, es reforzar la inspección y la reposición de la legalidad, pero también «que non haxa ningún concello sen planeamento urbanístico». «Trátase de cambiar o “ti vai facendo” polo “ti faino ben”», aseguró.
En cualquier caso, las demoliciones siguen siendo un aspecto importante de la actividad del organismo autónomo que vela por la legalidad urbanística, y está demostrado que tienen un gran valor disuasorio. Desde que en el 2009 se inició esta actividad con 37 derribos, la cifra no ha parado de crecer hasta multiplicarse por cinco el año pasado. Aunque hay derribos de numerosas casas móviles y fines de semana, ha aumentado considerablemente el número de casas unifamiliares derribadas, la mayoría por haber sido construidas en suelo rústico.
El organismo resolvió el año pasado 441 expedientes y realizó 1.256 inspecciones, dentro de lo que denominan labor preventiva para evitar las agresiones al territorio antes de que sea más compleja la restitución. En primer lugar se da prioridad a los municipios adheridos, que suponen el 20 % del territorio; después, a aquellos que no fueron inspeccionados en los últimos tres años; a municipios por donde transcurren las distintas rutas jacobeas; y a los concellos costeros o con espacios naturales protegidos.
Tanto la conselleira como el director de la agencia, José Antonio Cerdeira, explicaron los nuevos poderes de este organismo creado en el 2007. Además de ayudar a los concellos adheridos a vigilar la finalización de las fachadas (una de las novedades de la nueva ley), la APLU asumirá también el control de las obras que no precisan de licencia, sino de una simple comunicación previa. Entrarían en esta categoría los galpones, construcciones agrícolas y ganaderas o muros, que son las que habitualmente «provocan máis conflitos» en los concellos rurales, admitió Cerdeira. Durante el 2018 esta competencia se ejercerá solo en los municipios de menos de 5.000 habitantes, que son los que por motivos obvios tienen menos capacidad de gestión administrativa. La conselleira dijo que fueron los propios concellos los que reclamaron el aumento competencial en este ámbito. En cualquier caso, la delegación de esta competencia será voluntaria y requerirá de una modificación de los convenios de adhesión.
La APLU también resolverá los recursos que presenten las personas afectadas por una posible demolición. Actualmente es una función que realiza el personal municipal, pero a menudo supone una importante carga de trabajo para los concellos. De ahí que la agencia esté dispuesta a asumir la gestión de estos recursos para agilizarlos.
Concellos adheridos
Estas medidas irán acompañadas de un aumento de los ingresos que perciben los ayuntamientos por las sanciones que impone la agencia. Actualmente hay 66 municipios adheridos a la APLU y la conselleira se marca como objetivo aumentar esta cifra. Entre las medidas para atraerlos está la creación de un servicio de asistencia técnica para el día a día de la gestión urbanística municipal.
Otro aspecto interesante de la integración en la agencia es que las posibles responsabilidades jurídicas que se deriven de actuaciones relacionadas con la disciplina urbanística son asumidas íntegramente por la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, evitando que los concellos y sus cargos políticos y técnicos se vean perjudicados. Por ejemplo, la no tramitación de una denuncia puede dar lugar a un proceso judicial en el que el concello se vea obligado a nombrar abogado y procurador. Delegando las competencias en la agencia se evitan estos problemas, al tiempo que la Xunta efectúa un control más efectivo sobre el urbanismo de los concellos pequeños, mediatizados a menudo por ser un lugar donde todos se conocen y donde se hace difícil denunciar a un vecino.
¿Hay que comunicar a la Fiscalía una denuncia por un galpón?
Las incomodidades de mantener la disciplina urbanística en pueblos pequeños quedó de manifiesto ayer en las primeras jornadas sobre las nuevas competencias de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística. Alguien del público relacionado con la gestión municipal preguntó si era necesario judicializar asuntos como un pequeño galpón ilegal de un vecino remitiendo el expediente a la Fiscalía. El director de la agencia, José Antonio Cerdeira, recordó que el propio ministerio público se dirigió a la agencia para que les remita toda la información sobre construcciones ilegales y explicó que estas medidas son necesarias para disuadir a los infractores.