La Axencia de Protección da Legalidade Urbanística ejecutó 205 demoliciones en el 2017
31 ene 2018 . Actualizado a las 19:04 h.La Xunta está decidida a ampliar sus poderes en disciplina urbanística para aplicar las normas de la nueva Lei do Solo en la mayor parte del territorio gallego. La conselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato, ha inaugurado la primera de las jornadas en la que se explican las nuevas competencias que tendrá la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), destinadas, aclaró Mato, a aumentar los instrumentos «para protexer a nosa paisaxe». El objetivo de su departamento, explicó, es reforzar la inspección y la reposición de la legalidad, pero también «que non haxa nengún concello sen planeamento urbanístico». La APLU batió en el 2017 su récord en demoliciones con 205 derribos de construcciones ilegales, frente a los 182 del 2016.
Tanto la conselleira como el director de la agencia, José Antonio Cerdeira, explicaron los nuevos poderes de este organismo creado en el 2007. Además de ayudar a los concellos adheridos a vigilar la finalización de las fachadas -una de las novedades de la nueva ley-, la APLU asumirá también el control de las obras que no precisan de licencia, sino de una simple comunicación previa. Entrarían en esta categoría los galpones, construcciones agrícolas y ganaderas o muros, que son las que habitualmente «provocan máis conflictos» en los concellos más rurales, admitió Cerdeira. Durante el 2018 esta competencia se ejercerá solo en los municipios de menos de 5.000 habitantes, que son los que menos capacidad de gestión administrativa tienen.
La APLU también resolverá los recursos que presenten las personas afectadas por una posible demolición y se repartirá con los concellos el 10 % de lo recaudado por las sanciones, con un límite de 30.000 euros. Actualmente hay 66 municipios adheridos a la APLU y la conselleira se marca como objetivo aumentar esta cifra.