El Gobierno gallego lo sanciona con 21.500 euros por tres faltas graves y una leve
31 ene 2018 . Actualizado a las 05:00 h.El pulso que mantienen Xunta y Concello de Vigo desde que la primera puso en cuestión la calidad del agua ha derivado en un expediente sancionador al Ayuntamiento como responsable del servicio de abastecimiento de agua de consumo humano. El Gobierno gallego anunció ayer la multa de 21.520 euros argumentando que detectó reiteradas deficiencias en los controles realizados desde noviembre por el laboratorio municipal en grifos de consumidores e incumplimientos en la calidad del agua que no fueron comunicados a la autoridad sanitaria para activar las medidas recogidas en los protocolos.
La Xunta determina cuatro infracciones administrativas, tres tipificadas como graves y una de carácter leve. El delegado del Ejecutivo autónomo en Vigo, Ignacio López-Chaves, aseguró ayer que sus inspecciones evidencian el incumplimiento reiterado de la normativa que establece los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo, y constatan también que ninguno de estos incumplimientos fue confirmado con una segunda analítica en las 24 horas posteriores a su detección, como establece la normativa, ni comunicado por el Ayuntamiento a la autoridad sanitaria, que es la Xunta. Dichas analíticas tampoco están disponibles en el Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo (Sinac), que depende del Ministerio de Sanidad.
La gestión del abastecimiento del agua corresponde a la concesionaria Aqualia. Sin embargo, el control en el grifo del consumidor es competencia del Concello. Por ello, la Jefatura Territorial de la Consellería de Sanidade en Pontevedra, que dirige Ángeles Feijoo-Montenegro, determinó la cuantía provisional de la sanción en 21.520 euros, cifra que responde a las cuatro infracciones administrativas. Las tres infracciones graves son dos de 6.010 euros, por el hecho de que el laboratorio municipal no tenga acreditación y por la falta de concreción de los metales pesados que tendrían que figurar en los resultados de los análisis, pero que no están; y otra de 8.000 euros por no notificar a la Xunta los valores constatados de agua no apta para el consumo. En cuanto a la infracción leve, se impone la cantidad de 1.500 euros por no suministrar los datos al Sinac.
El Ayuntamiento tiene un plazo de 15 días para presentar alegaciones al expediente. La Xunta empezó a sembrar dudas en diciembre sobre la calidad del agua de Vigo, pero en todo este tiempo no ha habido dos análisis seguidos que mostrasen que no es potable.
Suspendido el laboratorio municipal
Las acciones emprendidas por la Xunta contra el Concello de Vigo incluyen la incoación de un expediente sancionador al Ayuntamiento que obliga a suspender temporalmente el funcionamiento del laboratorio municipal. La Xunta argumenta que entre los análisis que fueron realizados por dicho laboratorio en grifos del consumidor en los años 2016 y 2017 se detectaron hasta 24 que calificaban el agua como no apta para el consumo y otros 31 que figuraban «baixo a clasificación de apta con non conformidade». En el año 2015, el Gobierno gallego expuso que no se realizaron los análisis mínimos fijados para cada año, que son 120.
Abel Caballero dice que se trata de «un ataque político» y anuncia que recurrirá
El Gobierno de Abel Caballero recurrirá la sanción. Ayer respondió que el laboratorio municipal está en las mismas condiciones que con los ejecutivos de Corina Porro y Manuel Pérez, del PP, y, por lo tanto, «las analíticas actuales tienen la misma validez que las que se hacían entonces sin que la autoridad autonómica tomara decisión alguna para resolverlo». Los análisis del laboratorio de Vigo fueron utilizados en diferentes ocasiones para la toma de decisiones de la Xunta conociendo esta situación, argumenta la alcaldía: «Agora, abren un expediente que non ten outra causa que o ataque político; trátase simplemente de iniciar un proceso para avalar as palabras de Núñez Feijoo difamando a esta cidade por toda España. O goberno de Vigo iniciou unha reforma do laboratorio hai un ano que foi contestada politicamente con gran virulencia polo PP de Vigo, nun pleno no que eles mesmos avalaron o laboratorio da cidade».