Fomento destaca que el vial gallego es por quinto año consecutivo el que más quejas genera por retenciones e incidencias en el pago con tarjetas, y el segundo por la cuantía de sus tarifas
31 ene 2018 . Actualizado a las 05:00 h.La autopista del Atlántico no sale bien parada de la comparación de su gestión con otros viales de España. Sus usuarios son al menos los que más se quejan del servicio que reciben, según pone de manifiesto el informe anual que sobre el sector de las concesionarias de carreteras en España hizo público ayer el Ministerio de Fomento.
El estudio se hace eco de las quejas presentadas por los conductores ante cada una de las 31 concesionarias estatales y autonómicas, siendo 188 las ocasiones en que los usuarios han pedido el libro de reclamaciones en las cabinas de peaje o ante las oficinas de Audasa durante el 2016, ejercicio analizado ahora por el ministerio. No hay ninguna otra autopista en España que supere las cien denuncias. La AP-9 es además por quinto año consecutivo la que más reclamaciones soporta, tras haber tenido en los anteriores ejercicios, hacia atrás, 215, 254, 281 y 283 quejas presentadas.
A tenor del estudio de Fomento, lo que más molesta a los usuarios de la principal autopista gallega son los problemas surgidos en la utilización de tarjetas de crédito para el pago de peajes. En ninguna otra autopista de España hay más reclamaciones motivadas por la gestión de dicho medio de pago, como tampoco hay otro vial que genere más protestas por el sufrimiento de retenciones de tráfico, y solo la AP-7 entre Alicante y Cartagena tiene más protestas que la gallega por sus sistemas de peajes, y la misma AP-7 entre La Junquera y Tarragona, más críticas por la cuantía de sus tarifas.
Audasa se mantiene claramente en cabeza en el número de quejas pese a haber bajado en un 15 % el índice que reclamaciones respecto al año anterior y situarse ahora en 10,3 por cada cien millones de kilómetros recorridos por los usuarios de la AP-9. Las dos autopistas autonómicas solo han recibido cinco reclamaciones en el año estudiado, la mayoría por sus sistemas de peaje, mientras que la AP-53 sumó diez, sin ningún motivo que sobresaliese de forma notoria sobre los demás.
Los vehículos que utilizaron la AP-9 en todo el año analizado recorrieron 1.821,1 millones de kilómetros, convirtiéndose con ellos en la tercera autopista de España que más usuarios soporta, de los que el 7,75 % la utilizaron exclusivamente para transitar por los tramos gratuitos de circunvalación urbana.
La media ponderada de tráfico en cada uno de sus tramos sitúa sin embargo la AP-9 como la séptima con más tráfico, con 22.659 vehículos al día, que, descontados los que no pagan, se quedan en 20.008, que es la cuarta cifra más alta de la red de autopistas estatales y autonómicas.
Audasa es también la tercera concesionaria que cuenta con más trabajadores (213), pese a haber bajado su plantilla en 45 puestos en los últimos cinco años. Al cobro de peajes destina 131 personas y 57 al mantenimiento del vial.
En todo caso, 14 autopistas de toda España tienen más personal por kilómetro que la AP-9, cuya media es de 0,97, por 0,93 en las dos autonómicas y 0,71 en la de Santiago a Dozón, la tercera con menos plantilla de España y solo 9 cobradores declarados.
Audasa declara haber amortizado solo el 28 % de la infraestructura pese a haber ingresado 2.657 millones
Las cabinas de Audasa facturan cada hora 15.824,4 euros en peajes. No siempre estuvo a ese nivel, e incluso la autopista no comenzó a dar beneficios hasta 1994, pero aun así la cuenta de ingresos de la concesionaria de la AP-9 alcanza ya 2.657 millones de euros en peajes, y este año sus beneficios netos sumarán mil millones desde que dejó atrás los números rojos. Pese al montante de dicha caja, Audasa declara ante Fomento haber amortizado sus inversiones en el vial en solo un 28,6 %, transcurridos 38 años de la concesión que concluye en el 2048. La gestora de la AP-9 indica que la concesionaria ha destinado a amortizaciones 464 millones de euros. Al valorar Audasa en 1.625 millones la inversión desembolsada en la autopista le restaría aún recuperar otros 1.160,4 millones de euros en sus últimos 31 años antes de que revierta el vial al Estado. Tan solo la AP-2 (Zaragoza-Mediterráneo) y la AP-4 (Sevilla-Cádiz) declaran una inversión mayor que la principal autopista de Galicia. La AP-53 está amortizada en un 15 % y las autonómicas gallegas en otro 17,8 %.
El grupo Itínere, matriz de Audasa, será el primero que pierda una concesión en España al vencer su plazo de explotación. En otoño se quedará, en teoría, sin peaje la AP-1, Burgos-Armiñón, y el año que viene la AP-7, Tarragona-Valencia-Alicante, y la AP-4, Sevilla-Cádiz. El ministro de Fomento reclamó ayer un pacto de Estado sobre las autopistas que acaban su concesión y las rescatadas, lo que abre la puerta a mantener en ellas algún tipo de peaje.
El BNG pide en solitario investigar los peajes e irrita al resto de la oposición
d. s.
El debate abierto en torno a la AP-9 y su política de peajes volverá a estar en el menú del pleno que celebrará el Parlamento gallego la próxima semana, de la mano del BNG, que pidió en solitario que se cree una comisión de investigación para revisar los convenios que contribuyeron al aumento de las tarifas de la autopista, irritando con ello al resto de la oposición.
Ana Pontón, portavoz nacional del Bloque, cree que hay materia para una comisión de investigación en el análisis de los contratos suscritos por el Gobierno del PSOE en el 2011 y por el del PP en el 2013, que provocaron que el precio del peaje se disparara ahora para repercutir el importe de las obras de ampliación de Rande y Santiago y algunas bonificaciones.
No obstante, el resto de la oposición, al igual que el PP, miraron con recelo la proposición no de ley del BNG. Para pedir una comisión de investigación en O Hórreo se necesita tener la firma de 15 diputados (el BNG tiene seis) o de dos grupos políticos. Los nacionalistas no cumplieron ninguno de estos requisitos, así que plasmaron su demanda en un párrafo de una iniciativa ordinaria.
«Non é a vía adecuada», recriminó el portavoz socialista, Fernández Leiceaga, quien insiste en que el BNG conoce cuáles son las vías para activar una investigación y, si no las invocó, significa que «non quere» investigar.
«Nós o que queremos é que se levante o veto ao traspaso da AP-9», añadió por su parte Luís Villares (En Marea), dejando claro que todo lo demás, incluida la petición del BNG, les parece «secundario». Es más, En Marea cree que con una mayoría absoluta como la que tiene el PP las comisiones de investigación «chegan a portos moi pequenos», pues no aprecia la más mínima disposición a que desde la Xunta se asuma alguna autocrítica.
Pedro Puy, portavoz del PP, coincidió en que la proposición no de ley no es la vía adecuada para pedir una investigación. En cambio, sí puso más interés a la propuesta esbozada previamente por Leiceaga para analizar con algún tipo de instrumento parlamentario todos los peajes implantados en Galicia para ver la posibilidad de establecer una política más coherente y racional.