Doscientos padres gallegos denunciaron a sus hijos por maltrato

Los menores cometen cada año unos 2.500 delitos y el 85 % son graves. Dieciséis adolescentes fueron juzgados en un año por violencia machista

Crimen de adulto, ¿castigo de adulto? La actual Ley del Menor contempla medidas de internamiento en régimen cerrado durante un máximo de 8 años para aquellos menores de entre 14 y 17 años que cometen delitos. De 13 para abajo son inimputables. ¿Es nuestra norma demasiado proteccionista?

redacción / la voz

«Notamos un auxe da violencia no ámbito familiar. E ultimamente tamén casos de violencia de xénero». La frase la pronunciaba esta semana Julio Barreiro, director de la asociación Arela, que gestiona un centro de intervención educativa en medio abierto. Barreiro hablaba de su experiencia cotidiana, y los datos estadísticos le dan la razón. Según la última memoria de la Fiscalía, el 12 % de las infracciones penales cometidas por menores tienen que ver con la violencia familiar. El balance, referido a Galicia y al año 2016, recoge un total de 2.129 delitos atribuidos a menores a lo largo de ese ejercicio (2.520 si se incluyen los delitos leves). De esos 2.129, un total de 258 fueron violencia familiar. 242 de estas denuncias fueron por agresiones físicas o psicológicas cometidas en el ámbito doméstico, presentadas en su mayoría por padres que denunciaron ser maltratados por sus hijos. Las 16 denuncias restantes fueron por violencia machista.

«Los métodos educativos son clave en el fenómeno creciente de la violencia, también en la ejercida de hijos a padres. Padres que por temor a traumatizar a sus hijos no ponen límites adecuados a tiempo o familias en las que hay una permisividad muy grande. Esos límites se buscan fuera, aunque sea en el encuentro con la policía», explica el psicólogo clínico Manuel Fernández Blanco, quien añade que «hace tiempo que en los colegios no había régimen disciplinario. No hacía falta. La figura del maestro era enormemente respetada. Y cuando la ley está clara, no hace falta norma». Hoy eso no ocurre, y «todos somos colectivamente responsables de esa deriva», pero que esto sea así, destaca Fernández Blanco, «no exime de responsabilidad al menor». «Si un acto, no ya criminal, sino transgresor, no es castigado, invita a la repetición», dice.

Ese castigo puede ser familiar o educativo en los casos de pequeñas transgresiones, pero cuando los menores coquetean con la ilegalidad o directamente infringen la ley, entran en juego los juzgados de Menores. En el caso de la violencia familiar, lo habitual es que cuando los padres acuden al juzgado a denunciar a su hijo hayan sufrido ya su agresividad durante varios años. La mayoría aguantan lo que pueden y denuncian cuando ya no soportan más esa situación.

Cuando un adolescente llega al Juzgado de Menores imputado por violencia doméstica, el engranaje se pone en marcha para buscar soluciones. Un equipo técnico en el juzgado, del que forman parte psicólogos y educadores, estudia el caso y recomienda las medidas más adecuadas para abordarlo, tanto para proteger a los padres, si se considera necesario, como para tratar de conseguir la reforma de ese chico. Teniendo en cuenta estos dos aspectos puede decidirse separar al joven del domicilio familiar y su internamiento en un centro, la convivencia en un grupo educativo o bien la libertad vigilada. 

Ni penas ni condenas

Esas medidas cautelares se aplican hasta la vista oral y después se revisan y se decide si es conveniente mantenerlas o sustituirlas. En el ámbito de la Justicia de Menores no se habla de penas ni de condenas, porque en este caso, más que en ningún otro, el objetivo último es la reinserción del menor, de ahí que se hable siempre de medidas. «Quizás está bien que la ley conceda una cierta excepcionalidad a adolescentes, pensando en un abordaje que permita un cambio en su conducta, una cierta transformación, pero sin optimismos excesivos. No siempre la educación y la terapia lo pueden todo», opina Fernández Blanco. Más positivo es Julio Barreiro, para quien «na meirande parte dos casos, a reinserción é posible. Se hai unha intervención axeitada e lles damos as ferramentas básicas de protección, ese rapaz sae adiante». Eso sí, «o entorno é fundamental para a estabilidade e a recuperación da persoa para a sociedade. Se falla o entorno, non podemos condenar ao rapaz a vivir nese ambiente».

846 delitos contra el patrimonio, 534 de lesiones y 50 contra la libertad sexual

La violencia en el ámbito doméstico tiene un peso relevante en las infracciones cometidas por menores, pero el primer lugar en el escalafón de delitos que se atribuyen a niños y adolescentes lo ocupan los perpetrados contra el patrimonio: 846 recoge el último informe de la Fiscalía. De ellos 390 fueron hurtos, pero hubo también 195 robos con fuerza y 123 robos con violencia o intimidación. La cantidad restante hasta sumar esos 846, es decir, 138, fueron delitos de daños.

El segundo lugar entre las infracciones penales más frecuentes protagonizadas por menores lo ocupan las lesiones. Los juzgados tramitaron 534 denuncias de este tipo. Hubo, incluso, un caso de homicidio. Asimismo, las salas de Menores juzgaron 50 delitos contra la libertad sexual, 34 de ellos por agresión sexual y los 16 restantes por abusos.

Menores de 18 años protagonizaron también 72 infracciones contra la seguridad vial, la mayoría (65) por conducir sin permiso, aunque 5 fueron juzgados por conducción temeraria y dos por conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas.

En total, 575 menores fueron juzgados entre el 1 de enero del 2016 y la misma fecha del 2017. De ellos, 158 tenían 14 o 15 años, y 417 habían cumplido 16 o 17. Casi el 80 % del total eran españoles. 527 de esos menores salieron del juzgado con imposición de medidas, y los 48 restantes, sin ellas.

La libertad vigilada es la medida que más se aplica, en la mitad de los casos

No hay condenas, sino medidas. Y estas medidas tienen un componente fundamentalmente reeducador. Estas son las premisas básicas con las que trabajan los agentes jurídicos relacionados con menores. Uno de esos agentes es la Fiscalía, que desde su sección gallega explica que las medidas que se piden en los procesos relacionados con jóvenes que no han alcanzado la mayoría de edad «están siempre respaldadas en el equipo técnico del juzgado de menores, formado por profesionales de la psicología, el trabajo social y otros». Estos, en su informe, efectúan una propuesta orientativa, resultado de un estudio profundo no solo de los hechos que se juzgan, sino de la situación del menor. Ese informe no es vinculante, pero la Fiscalía y el Juzgado suelen tenerlo muy en cuenta.

La medida que más se aplica es la libertad vigilada. Es así porque se entiende que es la que mejor se adapta a ese objetivo de reeducación y porque permite ir afrontando y solucionando los problemas que vayan surgiendo. La libertad vigilada es, de hecho, la medida que se aplica en más de la mitad de los casos: en el último informe de la Fiscalía, de las 808 medidas que se impusieron, 450 fueron la libertad vigilada. Esta implica un seguimiento permanente del menor, especialmente su asistencia al colegio, instituto o trabajo. Se establecen además unas pautas socioeducativas que el joven debe seguir, y este tiene también una serie de obligaciones que debe cumplir.

Además de la libertad vigilada, las medidas más frecuentes que se aplican a los menores son el internamiento en régimen semiabierto y las prestaciones en beneficio de la comunidad. Estas tres opciones representan el 75 % de las medidas aplicadas a menores.

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maría santalla

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Como titular del Juzgado de Menores número 1 de Las Palmas de Gran Canaria, Reyes Martel (Las Palmas, 1968) se encuentra cada día con chicos con problemas. Como promotora del proyecto UP2U (up to you o, lo que es lo mismo, depende de ti) trata de buscar soluciones para que la visita de esos menores al juzgado se cuente en singular y para que su reinserción sea posible. El año pasado condenó a 19 menores a realizar el tramo canario del Camino de Santiago. Ahora proyecta extender esa iniciativa a otras comunidades y en primavera, cien chicos llegarán a Galicia haciendo el Camino.

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