Las víctimas revelan un documento del ADIF que prueba que debía hacerse un análisis independiente de la curva de Angrois

La plataforma pide la declaración como testigos de 40 técnicos y cargos y que se impute al actual director de Seguridad y a los dos responsables del área noroeste

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La Voz / Redacción

Después del contraataque judicial del ADIF, que presentó dos peritajes para defender su evaluación de riesgos en la línea de alta velocidad Ourense-Santiago, en los que reconocía que no había aplicado la normativa preceptiva en las instalaciones de seguridad, las víctimas del Alvia responden.

En un escrito remitido al Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago, desvelan la documentación del ADIF -ausente en la causa porque el administrador ferroviario nunca la aportó- que demostraría que en la curva de Angrois y en el nuevo enclavamiento electrónico de Santiago se debería haber aplicado una normativa que exigía una evaluación técnica independiente de las instalaciones y de la gestión de riesgos, algo que no se encargó a la empresa pública responsable de esta tarea, Ineco, cuyos técnicos declararon en el juzgado que nunca se les encomendó el análisis de la zona donde se produjo el descarrilamiento, que provocó 80 muertos y 144 heridos.

Esta documentación que ni siquiera fue entregada con los últimos estudios periciales del ADIF aparece en un informe sobre la adecuación a la normativa técnica del propio administrador, que en realidad eran anexos al dosier sobre la puesta en servicio de la línea. Un hecho que se refuerza en las actas también aportadas por las víctimas en las que los cargos del ADIF discuten qué normativa debía aplicarse al entorno de la estación de Santiago, hasta el punto que desde el área de seguridad se pide una justificación sobre cómo se va a subsanar la carencia de la evaluación independiente. Finalmente optaron por una fórmula utilizada para los enclavamientos convencionales que excluía el análisis del evaluador independiente (Ineco), pero no la normativa Cenelec que este documento considera preceptiva para este tipo de enclavamientos. El de Santiago, finalmente, se puso en servicio con la única evaluación de las empresas que desplegaron los elementos de seguridad y señalización, pero no hubo un tercer evaluador independiente que determinara si las medidas para mitigar los riesgos eran las correctas. Ahora, las víctimas reclaman que esta documentación que ya obra en su poder sea entregada oficialmente por el ADIF en el juzgado.

En el mismo escrito, la plataforma de afectados y su abogado, Manuel Alonso Ferrezuelo, solicitan la declaración como testigos de 40 personas relacionadas con distintos aspectos de la causa. Por un lado, dieciocho técnicos de la unión temporal de empresas responsables de la señalización y seguridad; el responsable de seguridad de la Agencia Europea del Ferrocarril, Christopher Carr, para que explique los correos que intercambió con las víctimas sobre la necesidad de realizar un análisis integral de riesgos en la línea; otros cinco cargos de Renfe relacionados con la gestión del aviso de peligro que redactó el jefe de maquinistas de Ourense, José Ramón Iglesias Mazaira, al respecto de la curva de Angrois; y, finalmente, diecisiete técnicos que participaron en la reunión donde se decidió el cuadro de velocidades máximas de la línea. También solicitan que declaren como imputados el actual director de Seguridad en la Circulación, Manuel Besteiro Galindo, que ya compareció al principio de la causa, así como dos responsables de seguridad del área noroeste: Fernando Rebón Sartal y José Antonio García Díez.

La directora técnica del ADIF sobre Angrois: «No hay curvas peligrosas»

pablo gonzález
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El administrador admite que no aplicó la norma preceptiva en las instalaciones de seguridad, pero sí otras «equivalentes»

El ADIF, con un exdirector de Seguridad en la Circulación imputado, ha decidido contraatacar en el caso Alvia al comprobar que corre serio riesgo de perder la ya larga partida judicial que se juega en el Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago por el accidente ferroviario del Alvia que provocó 80 muertos y 144 heridos. Después de la declaración de técnicos de la empresa pública Ineco, que auditaron la seguridad de la línea y constataron que nunca les encargaron estudiar los riesgos de la curva de Angrois, el administrador ferroviario presenta dos peritajes defendiendo el proceso llevado a cabo para analizar los riesgos de la línea, principal motivo por el que su alto cargo, Andrés Cortabitarte, sigue imputado junto al responsable de seguridad de Renfe, Antonio Lanchares. La Abogacía del Estado también pide que declaren como testigos dos técnicos de las empresas que instalaron los elementos de seguridad y señalización en la línea de alta velocidad Santiago-Ourense.

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