Renuncia a pagar a empresas el mantenimiento de instalaciones durante 25 años
16 ene 2018 . Actualizado a las 05:00 h.El ADIF, siguiendo las nuevas instrucciones políticas del Ministerio de Fomento, ha puesto el punto final a los contratos de colaboración público-privada que fueron aprobados en abril del 2011 por el entonces ministro de Fomento, José Blanco, con un presupuesto base de licitación de 1.576 millones de euros (IVA excluido). Era un momento en el que la crisis era ya galopante y el Ministerio de Hacienda era reacio a aprobar inversiones para infraestructuras. La única fórmula que pudo encontrarse para seguir tramitando el nuevo acceso ferroviario a Galicia era, por un lado, que las empresas adjudicatarias asumieran parte del coste de la obra (un 60 %) y, por otro, que se encargaran del mantenimiento de toda la superestructura de la línea. Así, los dos contratos anulados incluían el mantenimiento durante 25 años de la vía, las telecomunicaciones, las instalaciones de seguridad y las de electrificación.
El abono de la parte del coste que asumían las empresas por medio de créditos bancarios se basaba en el concepto de disponibilidad. Es decir, una vez que se pusiera la línea en servicio -estos contratos cubrían la construcción de las instalaciones desde Pedralba (Zamora) hasta Ourense y el mantenimiento hasta Santiago-, se abonaban unos pagos que incluían una cantidad para ir pagando las obras, otra para compensar por los intereses de los préstamos y una tercera para el mantenimiento. De esta forma, en un contexto de crisis, se difería parte de la inversión y se repartía después durante 25 años.
Según ha podido saber La Voz, este tipo de contratos estaba dando muchos problemas, pues las empresas asumían un importante riesgo financiero. Estas complicaciones parecen estar detrás del retraso en el despliegue de la vía entre Zamora y Pedralba de la Pradería. Además, el nuevo equipo de Fomento quiere restringir la participación del capital privado a las carreteras, donde sí aceptan que el mantenimiento corra a cargo de un sujeto privado. Pero en el caso del ferrocarril prefieren que aspectos tan sensibles y complejos como la seguridad ferroviaria siga en manos públicas, de forma que las instalaciones sean revisadas por el personal propio del ADIF.
El BOE publicó ayer el desistimiento de la adjudicación de estos contratos, divididos en lotes que en su mayoría no llegaron a ser contratados. Este proceso empezó en el 2014 con la anulación del lote 3, referido a las instalaciones de seguridad. El ADIF troceará ahora los contratos pendientes y los licitará por la vía convencional.
José Blanco, ahora eurodiputado del PSOE, no quiso valorar esta decisión. «Ellos sabrán lo que hacen. No voy a valorarlo. Entonces había previsiones y calendarios para el AVE. Espero que el ADIF tenga financiación suficiente para que no haya más retrasos en un proyecto que va muy retrasado».
Por otra parte, el ADIF quiso despejar ayer los temores expresados por la conselleira Ethel Vázquez sobre posibles retrasos por la no aprobación de los Presupuestos. El administrador mantiene el compromiso de finales del 2019 y explica que puede conseguir fondos aunque no se aprueben las cuentas del Estado.