La Xunta comprará casas por concurso para rehabilitarlas con fines sociales

Juan María Capeáns Garrido
juan capeáns SANTIAGO / LA VOZ

GALICIA

ANGEL MANSO

Adquirirá por tres millones viviendas históricas en Ferrol, Betanzos, Lugo y Ourense

13 ene 2018 . Actualizado a las 05:00 h.

La Xunta va a poner tres millones encima de la mesa que, más que una apuesta arriesgada, son una declaración de intenciones muy meditada sobre la política en materia de rehabilitación y vivienda social, dos disciplinas que han discurrido por vías paralelas en el ámbito público y privado y que ahora se unen en una iniciativa pionera. El Diario Oficial de Galicia ha publicado la primera convocatoria de un concurso público por el cual la Administración autonómica se propone adquirir inmuebles en cascos históricos que se encuentren en estado de abandono o semiabandono y, una vez en sus manos, rehabilitarlos y devolverlos al mercado a través del alquiler o la venta, pero con un filtro social similar al que se aplica en las nuevas promociones construidas para este fin en las últimas décadas.

La iniciativa se adelanta y en cierta medida es independiente de la ley de rehabilitación que está elaborando la Consellería de Infraestruturas, que llegará al Parlamento a lo largo del 2018. Su planteamiento es bien sencillo: los propietarios interesados en vender sus inmuebles tendrán tres meses de plazo para presentar su propuesta a la Xunta, hasta el 13 de abril. El Ejecutivo se tomará un tiempo para la adecuada selección y en septiembre prevé tener firmadas las escrituras de compraventa, priorizando las adquisiciones en función del interés patrimonial, histórico o social, o por tener un valor arquitectónico especial en la zona. A continuación, contratará y redactará los proyectos de rehabilitación y por último llegará la adjudicación bajo unas condiciones que todavía no están fijadas. Habrá más criterios, como el menor precio, el porcentaje de superficie que pueda destinarse a vivienda o la conservación que se alcance en elementos estructurales como los muros de piedra tras la reforma.

El objetivo es la dinamización urbanística y demográfica de zonas deprimidas y reactivar la iniciativa privada, pero lo que no busca el departamento dirigido por la conselleira Ethel Vázquez es una subasta que contribuya a una nueva burbuja. Por ello la Xunta ha determinado unos precios medios por metro cuadrado edificable, según la localidad en la que se encuentre la propiedad. De momento, el concurso de compra se destinará a viviendas de Ferrol, Betanzos, Lugo y Ourense, entre los que obviamente hay diferencias de valor. Entre estas cuatro localidades, el precio más comedido de compra por parte de la Xunta será en Ferrol, donde ofertará unos 288 euros por metro cuadrado edificable, mientras que en la capital de As Burgas alcanzará los 529 euros. El impacto también será distinto, porque en el primer caso se confía en poner en el mercado 40 pisos, por los 9 de Lugo, donde la operación será más modesta (1,9 millones en total).

Las adquisiciones tampoco serán caprichosas. Hay «planificación», aseguran desde Infraestruturas, para que la iniciativa siga una línea de trabajo a la que invitan a sumarse a los concellos con propiedades de estas características, aunque en este caso por la vía de la cesión, de forma que la Xunta asuma la reforma.

A la espera de una ley que permitirá expropiaciones y que no será generosa

Los concursos para la adquisición de viviendas son la antesala de la Lei de Rehabilitación e de Rexeneración Urbana de Galicia y, de alguna manera, su cara más amable. Los objetivos del documento en el que está trabajando el Gobierno autonómico subrayan la posibilidad que tanto los ayuntamientos como la Xunta tendrán para acometer expropiaciones de inmuebles al 50 % del valor del suelo en cada caso. Bajando el precio de pago de las ruinas, el importe de la venta del inmueble ya rehabilitado se contendrá, según se prevé en la motivación del futuro texto normativo. El encaje legal de esta normativa es delicado pero factible, y desde Infraestruturas se ve como un «último recurso» para salvar aquellos casos en los que un inmueble frena una recuperación global.