Archivan la denuncia por el contrato de los helicópteros del dispositivo contra los incendios

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santiago / la voz

La denuncia que interpuso la Fiscalía para que se investigase judicialmente la adjudicación del contrato de los helicópteros de lucha contra los incendios forestales de la campaña del 2012 ha sido archivada por el magistrado en el que había recaído el caso, Andrés Lago Louro, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago.

La decisión supone un espaldarazo a la gestión del actual director xeral de Ordenación Forestal, Tomás Fernández-Couto, máximo artífice de la política antiincendios gallega y uno de los tres altos cargos de la Xunta que habían sido llamados a declarar en calidad de investigados por un presunto delito de prevaricación administrativa. Los otros dos eran José Vidal-Pardo, que era secretario técnico de la Consellería do Medio Rural, y José Carlos Costas, que desempeñaba funciones de subdirector xeral de Prevención e Defensa Contra os Incendios Forestais.

Fernández-Couto, ante las peticiones de dimisión de En Marea, PSOE y BNG fue respaldado por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, que siempre sostuvo que el contrato se había tramitado conforme a la ley, como así lo ha entendido también el juez, que señala en el auto de sobreseimiento provisional que fue una «decisión ponderada y adecuada a la preservación del interés general» si se tiene en cuenta que la gran actividad incendiaria sufrida en el 2011 se había extendido al 2012, cuyo inicio fue inusualmente virulento. No en vano llegó a haber tres muertos por el fuego.

Fue esa gran actividad incendiaria, que ha certificado en un informe encargado por el juez el departamento del Seprona de la Guardia Civil, la que obligó a encomendar de forma urgente a la empresa Inaer el servicio de los helicópteros para el 2012. Además, destaca Lago Louro que una vez que se superó esa campaña «se procedió a la tramitación ordinaria (...) para campañas futuras a través de procedimiento abierto que, tras resultar desierto, se recondujo a un negociado». El juez ve claro así que, pese a la ausencia de título contractual, no hay delito de prevaricación.

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