Audasa esquiva pagar el 95 % del IBI a los concellos mientras sube sus tarifas

Cinco municipios denuncian en Bruselas este privilegio por violar el derecho comunitario

d. s.
redacción / la voz

¿Paga Audasa sus peajes? ¿Mutualiza sus beneficios en el territorio que atraviesa la AP-9? Una ley de tiempos del franquismo les permite a esta concesionaria y a otras que gestionan las autopistas de peaje esquivar el 95 % del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI), un dinero que les vendría muy bien a los municipios más afectados por estas infraestructuras, a menudo de carácter rural y por tanto con unos ingresos reducidos. El IBI supone aproximadamente el 30 % de los ingresos no financieros de los municipios, de ahí que cinco concellos de la provincia de A Coruña -Abegondo, Cambre, Betanzos, Ferrol y Miño- ya han presentado ante la Comisión Europea una denuncia por infracción de la normativa comunitaria por parte del Reino de España, según confirma el bufete Gonzalo Abogados, que lleva la mayoría de estas reclamaciones. Otra decena de municipios que pueden estar sopesando recurrir al auxilio de las instituciones europeas por este asunto.

Una ley de 1972 sobre la explotación de autopistas en régimen de concesión sustenta el privilegio de estas empresas, pues en un principio se vio necesario incentivar la construcción de autopistas con exenciones fiscales como la que ahora está en cuestión. Este hecho quizás tenía sentido hace 40 años, pero no ahora, cuando buena parte de las concesiones tienen negocios consolidados e importantes beneficios. Desde el inicio de la concesión, Audasa ha recaudado en peajes más de 2.500 millones de euros y, en la actualidad, uno de cada tres euros que ingresa es beneficio neto.

Además, el impuesto entonces denominado de contribución territorial urbana era estatal, gestionado por tanto por organismos del Estado y no por las corporaciones locales. Pese a algunas sentencias favorables del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el Tribunal Supremo ha denegado las pretensiones de los municipios, pues la ley de 1972 sigue vigente, a pesar de que distintos ministros de Fomento reconocieran que está obsoleta.

Así, los privilegios de las concesionarias están protegidos por el ordenamiento jurídico español, de ahí que la única salida sea Bruselas, donde se puede esgrimir el dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que consideró que la exención del IBI a Navantia en Ferrol es una ayuda pública ilegal. De esta forma, los municipios gallegos recurren a una vía administrativa ante la Comisión Europea, «que tendrá un plazo de un año para estudiar el asunto», explican en Gonzalo Abogados.

La concesionaria debería pagar 28.000 euros por kilómetro y solo abona 1.500 Si el Ejecutivo comunitario considera que se vulnera la normativa comunitaria -principalmente el artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea-, dará un tiempo al Gobierno español para que derogue la normativa de 1972. Si no lo hace, la propia Comisión recurrirá al Tribunal de Justicia de la UE, cuya jurisprudencia ha sido siempre contraria a este tipo de ayudas indirectas de los Estados. Alegan además que Audasa y otras concesionarias están en una situación de ventaja respecto a las que obtuvieron una concesión a partir de diciembre de 1989, cuando se suprimieron estas exenciones fiscales. A Audasa este privilegio se le termina en agosto del 2023, pues cuando se prorrogó la concesión hasta el 2048 no se dilató este beneficio. En la AP-2 (autopista Zaragoza-Mediterráneo) y la AP-7 (autopista del Mediterráneo) ya se terminó el período del incentivo fiscal y están abonando la totalidad del IBI.

Recuperar el dinero

La posibilidad de recuperar al menos parte del dinero no ingresado por estos municipios está sobre la mesa y es una de las puertas que puede abrir la denuncia, pues en algunas decisiones de la UE se acordaron medidas retroactivas de este tipo. Así, Audasa debería pagar 28.000 euros por kilómetro y solo abona 1.500 gracias a la exención del 95 %. En cualquier caso, parece que cualquier compensación retroactiva de este tipo correría en principio a cargo del Estado y no de las empresas beneficiadas.

El PP admite que el Gobierno gallego no tiene capacidad alguna para rebajar los peajes

Los grupos políticos del Parlamento gallego volvieron ayer a alzar la voz contra el incremento de los peajes de la autopista AP-9, que subirán un 3,8 % a partir de enero, pero ninguno de ellos planteó una alternativa viable que suponga una rebaja o congelación generalizada de las tarifas. Tanto es así que el portavoz parlamentario del grupo del PP, Pedro Puy, admitió que el Gobierno gallego no tiene margen alguno para alterar los contratos firmados por la concesionaria de la AP-9 y el Ministerio de Fomento, en base a los cuales se decidió repercutir en los usuarios de la AP-9, con un sobrecoste en los peajes, las obras de ampliación de la infraestructura en el puente de Rande y en Santiago.

«O Goberno galego pode ter unha opinión, pero non é responsable dos contratos que fixeron Gobernos anteriores», manifestó Puy, en alusión al contrato del año 2011, en el que la Administración del PSOE rubricó los términos de la ampliación de la AP-9. Y es que Puy entiende que la subida de los peajes «está moi ben explicada» a través de los factores que conforman esa tarifa, pues por un lado está el incremento del IPC anual, por otro las obras de ampliación, un 1 % adicional, y por último el cargo por las bonificaciones realizadas por la concesionaria para liberar determinados viajes de vuelta de la autopista.

Ahora bien, eso no va a impedir que todos los grupos políticos, incluido el PP, eleven todo tipo de iniciativas al último pleno de este año que celebrará el Parlamento gallego. Los populares dirigen sus tiros al peaje de Chapela (Redondela), que consideran injusto en comparación con la gratuidad que se impuso para los vecinos de la más distante comarca de O Morrazo.

El PSdeG planteó en el pleno anterior que una de las soluciones para rebajar los peajes era que Fomento asumiera directamente el coste de las obras de la AP-9, ahora que la situación económica es mejor que la del 2011. Pero esta propuesta no tuvo eco alguno.

Los demás grupos intensificaron ayer sus críticas contra el incremento. Luís Villares (En Marea) cree que el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, está «castigando» a todos los gallegos por su «pelexa de galos» con el presidente de la Xunta. Y Ana Pontón (BNG) dijo que la subida era una «estafa» y reivindicó las rebajas que aplican otras autopistas.

Por otra parte, la Federación Gallega de Transportes, Fegatramer, calificó ayer de «desproporcionada y sorprendente» la subida.

La Xunta aplica el IPC en las autopistas Vigo-Baiona y A Coruña-Carballo, pero solo afectará a algunos tramos

Juan capeáns

En el caso de los vehículos ligeros la subida se va a concentrar en la AG-57 en los tramos Vincios-A Ramallosa y Vincios-Baiona

La Xunta ya ha cerrado los cálculos para aplicar las subidas de tarifas en las dos autopistas de peaje de su competencia, la que une en el sur Vigo y Baiona (AG-57) la que conecta en el norte A Coruña y Carballo (AG-55). Los nuevos precios al alza vienen definidos en exclusiva por el índice de precios de consumo (IPC), pero no afectarán por igual ni a todos los tramos ni a los mismos tipos de vehículos.

El peaje que pagan los usuarios de estas dos infraestructuras es el resultado de aplicar la tarifa (precio por kilómetro) a la distancia de recorrido de cada itinerario, aplicándole el IVA correspondiente. La cifra definitiva es objeto de un redondeo a múltiplos de cinco céntimos, lo que determina que en algunos trayectos el peaje final no tenga variaciones respecto a este año.

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