Condonar la deuda sería alentar la secesión

El plan del PSC solo sirve para reforzar al separatismo, que puede dar ya por conquistado ese terreno sin renunciar a nada


Madrid / La Voz

En unas elecciones que, por más que sean estrictamente autonómicas, se han convocado como una salida para abortar un golpe secesionista ejecutado desde el poder, ¿caben siete posiciones distintas para plantear si Cataluña debe seguir formando parte de España o no en el marco de la Constitución? Evidentemente, no. Y ese es uno de los grandes problemas de estas elecciones y de la campaña electoral que comienza. Los programas quedan en segundo plano, porque de lo que se trata es de saber si hay o no una mayoría independentista capaz de imponer su voluntad de secesión al conjunto de los catalanes. Y al jugarse la partida en un tablero tan estrecho de blancas o negras, las fuerzas políticas buscan artificialmente un espacio propio que las diferencie de sus vecinos más próximos. Algo que acaba distorsionando el debate.

Ese intento de singularizarse respecto a sus aliados naturales del bloque constitucionalista, que son el PP y Ciudadanos, es el que ha llevado al PSC a plantear de salida unas propuestas que van incluso más allá de lo que la Convergencia de Artur Mas planteaba hace menos de cinco años, como la condonación de la deuda, la mejora en la financiación de Cataluña -que lleva implícita una merma en su solidaridad interterritorial-, y la creación de una Hacienda propia catalana. Y, al fagocitar así de entrada un espacio que podría suponer una salida digna para un independentismo que ha visto fracasar estrepitosamente su plan de ruptura total, los socialistas fuerzan a los secesionistas a moverse hacia el extremo y radicalizar sus reivindicaciones, antes y después de estas elecciones, porque cualquier solución al conflicto tendría que estar ahora para ellos más allá de lo que ya les ha regalado un Miquel Iceta que repite los errores históricos del PSC, que no solo le han llevado a dejar de ser una fuerza con aspiraciones mayoritarias en Cataluña, sino que han provocado una fractura en el PSOE. Una vez que uno de los tres pilares del constitucionalismo en Cataluña ha ofrecido ya una quita en la deuda y más financiación, el independentismo toma eso como un terreno ya conquistado desde el que partir, sin necesidad de renunciar a nada, en una hipotética futura negociación.

Un error garrafal de estrategia política, pero también histórico, porque más allá de lo que significa en términos económicos, la deuda que mantiene con el Estado y su incapacidad para financiarse por sí misma es ahora mismo el mejor pegamento de Cataluña con España, al igual que la hipoteca para comprar la casa nos ata casi de por vida con el banco que nos ha prestado el dinero. Condonar la deuda a Cataluña, aunque sea disimulándolo en una barra libre fiscal para todos, sería, además de una flagrante injusticia con las comunidades que han gestionado bien sus recursos, reforzar la posición de los independentistas, que verían así liquidado el principal obstáculo para plantear la independencia en términos realistas. La solución para paliar la asfixia económica de Cataluña sin alimentar el secesionismo no puede ser nunca perdonarle la deuda, sino darle facilidades para pagarla a cambio de alargar los plazos, lo que, al tiempo que da un respiro, garantiza su vínculo con España.

¿Hay que debatir con un holograma o un imputado?

Las campañas son siempre el escenario adecuado para situaciones más o menos grotescas protagonizadas por unos candidatos convertidos en pura mercancía electoral. Pero todo indica que esta campaña de las catalanas superará todo lo conocido en esperpentos electorales. De entrada, el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, aspira a debatir en forma de holograma desde Bélgica con el resto de candidatos. Pero, aunque difícilmente algún aspirante se preste a semejante astracanada, tampoco entraría dentro de lo razonable que acabaran debatiendo de igual a igual, como si no ocurriera nada, con candidatos imputados por graves delitos que pueden acarrear hasta 50 años de prisión.

El PP preferiría un Gobierno de Iceta a uno de Arrimadas

Mariano Rajoy ha dejado claro desde que perdió la mayoría absoluta su intención de priorizar los pactos con el PSOE frente a los acuerdos con Ciudadanos a la hora de garantizar la estabilidad de la legislatura. En esa posición influye evidentemente el hecho de que el partido naranja no garantiza por sí solo al Gobierno una mayoría parlamentaria estable, pero también una estrategia política para impedir que Ciudadanos se consolide como una fuerza de centro capaz de convertirse en alternativa al PP. Por ese mismo motivo, los populares coquetean ahora en Cataluña con la arriesgada idea de apoyar un Gobierno catalán presidido por Iceta, si esto fuera posible, antes que uno presidido por Arrimadas.

Oriol Junqueras no ha hecho méritos para salir de prisión

El juez Pablo Llarena toma hoy una decisión que marcará la campaña electoral catalana. El magistrado ha dejado claro su deseo de dar un tratamiento individualizado a cada uno de los investigados, en función de cuáles fueron sus responsabilidades y de qué garantías ofrece cada uno de no volver a delinquir. Carecería por tanto de sentido que tomara una decisión unívoca para todos los imputados, porque las responsabilidades y el compromiso con la Constitución de cada uno de ellos han sido muy variados. Desde ese punto de vista, Oriol Junqueras y los Jordis han sido los menos claros a la hora de ofrecer garantías y por tanto son los que más posibilidades tienen de permanecer en prisión.

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