Aplica el decomiso ampliado y requisa inmuebles poco justificables con ingresos legales
27 nov 2017 . Actualizado a las 17:20 h.La Audiencia Provincial de A Coruña ha dictado una sentencia pionera en Galicia en la que aplica el decomiso ampliado, un instrumento jurídico que permite confiscar bienes obtenidos con anterioridad al descubrimiento del delito por el que se dicta sentencia y de los que se presume que tienen una procedencia ilícita. En este caso, el embargo se aplica al patrimonio de una mujer condenada por un delito de tráfico de drogas a media escala, por el que el tribunal le impone una pena de cuatro años, seis meses y un día de cárcel y una multa de 5.500 euros, como autora de un crimen contra la salud pública con la circunstancia agravante de reincidencia. En la misma sentencia, se condena al cómplice de la mujer a tres años de prisión, pero a él no se le aplica el decomiso porque no tiene bienes.
La incautación que ejecuta la Audiencia coruñesa es sobre seis pisos y casas que la mujer tenía a su nombre, dos en Cabana de Bergantiños, otros dos en Coristanco, uno en Malpica y otro en A Coruña. También le confisca un coche. Esos embargos se aplican con la figura del decomiso ampliado que solicitó el fiscal en su escrito de conclusiones.
El citado instrumento jurídico supone la extensión del embargo a los bienes y efectos procedentes de otras actividades delictivas previas y que están relacionados con la persona condenada por una serie de indicios, entre ellos el de la desproporción entre el valor de sus bienes y sus ingresos, que es el que se ha tenido en cuenta en esta causa.
La sentencia considera probado que la mujer y su cómplice se dedicaban a la venta de drogas desde su domicilio, en el municipio coruñés de Coristanco. La Guardia Civil estableció un dispositivo de vigilancia sobre la vivienda entre los meses de mayo y agosto del 2016. En ese período de tiempo, los agentes observaron indicios de tráfico de estupefacientes y llegaron a interceptar a alguno de los compradores de la droga.
El 10 de agosto, la Guardia Civil solicitó autorización judicial para la entrada y registro del domicilio de la pareja. Los agentes aseguraron la zona ante la posibilidad de que los investigados hubieran adoptado medidas para impedir una actuación policial en la vivienda. El hombre intentó quemar sustancias y objetos que pudieran incriminarlos y solo se pudo recuperar una bolsita con heroína y una báscula de precisión. Los habitantes de la casa arrojaron por el retrete otras sustancias y los guardias civiles recuperaron una bolsa con cocaína.
En el registro de la casa se encontraron restos de cocaína y de heroína en bolsas plásticas, varios móviles, 472 euros en efectivo, cajas de medicamentos usados para cortar la droga, joyas y bolsas de plástico recortadas para hacer envoltorios para las dosis de droga. Dice la sentencia que las sustancias intervenidas iban a ser destinadas para su transmisión a otras y que el dinero hallado procedía de la venta de drogas. Los dos acusados fueron detenidos y el juzgado los envió a prisión dos días después.
La mujer adquirió inmuebles «gracias a la actividad de venta de drogas»
En el momento de la detención, el hombre era consumidor de drogas, lo que le disminuía su capacidad volitiva. La mujer ya había sido condenada por tráfico de estupefacientes anteriormente -la última vez en el 2014 a tres años de cárcel- pena que fue suspendida por enfermedad grave. Sus únicos ingresos son dos pensiones que suman unos mil euros al mes. Dice la sentencia que, «pese a esos escasos ingresos, gracias al prolongado ejercicio de la actividad de venta de sustancias estupefacientes y drogas tóxicas», la mujer adquirió los inmuebles que ahora han sido decomisados. Los procesados se conformaron con las penas pedidas por el fiscal y el único debate era la aplicación del decomiso ampliado de los bienes de la mujer. Las defensas pidieron que no se aplicase.
