La aseguradora del Prestige cree que el tribunal otorgó al Estado 472 millones de más
GALICIA
La Fiscalía abre la puerta a recurrir las compensaciones, pero la decisión la tomarán los fiscales del Supremo
23 nov 2017 . Actualizado a las 07:24 h.Las reacciones judiciales al auto de la Audiencia Provincial de A Coruña, en el que se cuantifican las compensaciones del Prestige en algo más de 1.620 millones de euros, empiezan a llegar al tribunal, bien para intentar que se corrijan eventuales errores del auto, bien para anunciar la posibilidad de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Esta fue la opción de la Fiscalía gallega, que abrió la puerta a recurrir el auto, aunque serán en última instancia los fiscales del Tribunal Supremo los que tomen la decisión. La aseguradora London P&I Club y la armadora Mare Shipping, como responsables civiles, reclaman la corrección de una serie de supuestos errores que otorgan, según sus cálculos, 472,5 millones de más a la indemnización aprobada para el Estado español, que ascendía a 1.573 millones (931 por daño patrimonial, 279 por daño medioambiental y 363 por daño moral).
La Fiscalía de la Audiencia Provincial de A Coruña, en coordinación con la Fiscalía Superior de Galicia, presentó ayer el anuncio para la interposición de recurso de casación contra el auto de ejecución de la sentencia del Prestige. Así, los fiscales gallegos abren la puerta a que se recurra un auto que solo reconoce el 38 % de lo que reclamaba la Fiscalía por los daños de la marea negra, pues el ministerio público valoró los perjuicios del vertido en 4.328 millones en base a un amplio y minucioso estudio universitario. No obstante, la decisión final sobre si se recurre o no dependerá de la Fiscalía del Tribunal Supremo, que estudiará el auto y tomará una resolución definitiva en coordinación con la Fiscalía Superior de Galicia.
Mientras, la aseguradora y la armadora empiezan a impugnar las indemnizaciones fijadas por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de A Coruña, en este caso por el procedimiento de aclaración o corrección de errores del auto. No solo lo hacen con la compensación más abultada, la del Estado, sino también con particulares y empresas, que en algunos casos creen que cobrarían dos veces por el mismo concepto.
En sendos escritos muy coincidentes, tanto la aseguradora británica como el propietario del buque avanzan en primer lugar que no pueden existir compensaciones no discutidas por ninguna de las partes, pues alegan que ellos «no han aceptado nunca ninguna de las reclamaciones formuladas en este procedimiento». Así, ambos recuerdan que el propio auto considera que el Estado no tiene derecho a percibir el IVA de sus gastos patrimoniales, por lo que piden que se descuente de la indemnización los 43,6 millones por este concepto.
También creen que deben ser descontados los 113,9 millones que el Estado español ya cobró del Fondo Internacional de Indemnización de Daños por Hidrocarburos (Fidac). De la misma forma, consideran que deben deducirse los 275,2 millones recibidos por la Administración central en concepto de ayudas de la Unión Europea para asuntos relacionados con la marea negra, como la operación para extraer el fuel de los pecios del petrolero.
En la misma línea, la aseguradora y el propietario aducen que la cifra válida para reclamar las ayudas adelantadas por el Estado al sector pesquero por los paros temporales no deberían ser los 128,1 millones que figuran en el auto, sino los 88,3 en los que valoraron este gasto los peritos del Consorcio de Compensación de Seguros.
El cálculo de otros daños
Estos 472,5 millones de más que el tribunal otorga al Estado, según la defensa de la aseguradora, deberían afectar al daño medioambiental y moral, pues se calculan en base a los perjuicios patrimoniales. Si se hace el cálculo en el que se basa el auto, la indemnización al Estado pasaría de 1.573 millones a tan solo 774,8. El daño medioambiental se fija sobre un porcentaje del 30 % del patrimonial, mientras que el daño moral supone un 30 % de la suma del patrimonial y el medioambiental.
Lo curioso es que, en el propio auto, los magistrados asumen que incluyen estas cifras a sabiendas de que el Estado ya fue indemnizado por otras vías y que «el reclamante es perfectamente conocedor de que nada puede reclamar respecto de aquellos importes recibidos de la Unión Europea y el Fidac». Con independencia del importe total, argumentan, recuerdan que el límite indemnizatorio de la aseguradora está en los 1.000 millones de dólares (846 millones de euros) de la póliza suscrita con el armador.
Distintas fuentes alegan que la aseguradora teme que el Estado reclame más allá de ese límite, de ahí que solicite la rectificación del auto, mientras que otras partes del procedimiento ven en el escrito del London P&I Club un intento para seguir dilatando el proceso, «pues no se trata de una simple corrección de errores o solicitud de aclaraciones, sino de un recurso en toda regla como los que se van a presentar ante el Supremo».
La Xunta cree que Galicia está hoy mejor preparada
La conselleira de Mar, Rosa Quintana, defendió ayer los avances llevados a cabo desde el 2002 para prevenir catástrofes como la del Prestige. «Non recoñecer que Galicia está hoxe mellor preparada que hai quince anos sería negar unha evidencia», aseguró. En respuesta a una pregunta de Montse Prado (BNG) en el pleno del Parlamento, Quintana dejó claro que «non hai ningunha rexión en todo o mundo que poida estar preparada ante unha situación así ao 100 %». La diputada Montse Prado criticó que, quince años después, las decisiones sobre estos asuntos siguen tomándose desde Madrid.