Renfe, tocada cuatro años después por el caso Alvia

Pablo González
pablo gonzález REDACCIÓN / LA VOZ

GALICIA

XOÁN A. SOLER

Hoy comparece ante el juez su responsable de seguridad

07 nov 2017 . Actualizado a las 05:00 h.

La aseguradora de Renfe, QBE, peleó durante cuatro años de instrucción para que algún alto cargo del ADIF relacionado con la seguridad estuviera imputado por el accidente del Alvia. Con una buena representación legal y unos peritos expertos fueron clave, junto a los abogados de las víctimas y el del maquinista, para que el exdirector de seguridad en la circulación del ADIF, Andrés Cortabitarte, fuera investigado al mismo nivel que el hombre que conducía el tren el 24 de julio del 2013. Pero la estrategia para compartir la responsabilidad civil con el administrador ferroviario se volvió contra sus intereses como un bumerán judicial. Tras la declaración de Cortabitarte, el juez consideró que también debía investigarse al responsable de seguridad de Renfe, Antonio Lanchares, al asegurar el cargo del ADIF que la evaluación de riesgos en Angrois era una responsabilidad que el administrador ferroviario compartía con Renfe al mismo nivel. Así, el caso Alvia golpea cuatro años después a la operadora ferroviaria, al margen de la fugaz imputación, posteriormente anulada, del que fue presidente en el momento del accidente, el actual secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar.

Lanchares, que amagó con dimitir tras conocer su imputación, aunque Renfe lo mantuvo en el cargo, comparecerá hoy ante el juez junto a Laura López, una de los tres técnicos de la empresa pública de ingeniería Ineco que auditaron los riesgos de la línea. Aunque algunas fuentes dan por hecho que declarará, otras se inclinan por que seguirá la estrategia de la mayoría de los imputados de la Administración en este caso, que se negaron a hacerlo para esperar a la resolución de los recursos presentados ante la Audiencia. Lanchares, que compareció en el 2014 en la subcomisión del Congreso creada tras el accidente de Angrois, admitió sentirse «fracasado» como responsable de seguridad ante un accidente que costó 80 muertos y 144 heridos.

Posición de las víctimas

La plataforma de víctimas, por su parte, solicitó a Lanchares a través de un comunicado que colabore con la Justicia «respondiendo a todas las preguntas y a todas las partes» y que haga efectiva su dimisión «de manera irrevocable» por haber solicitado la desconexión del ERTMS embarcado en el Alvia «sin que conste que, con carácter previo, se realizara una evaluación de riesgo», tal y como impone la directiva de seguridad del 2004. Existe un amplio consenso técnico en que, si el tren fuera con el ERTMS activo, el maquinista recibiría antes de la curva de Angrois un aviso que debía reconocer apretando un botón. En caso de no hacerlo, el sistema detendría el tren. «No nos añada más sufrimiento con dimisiones ficticias», le dicen las víctimas a Lanchares.

Las víctimas esperan con interés las declaraciones de los técnicos de Ineco, pues consideran que tienen «información clave sobre la evaluación de riesgos realizada en la línea Ourense-Santiago», por lo que exigen «su colaboración con la Justicia y que digan toda la verdad».