Los afectados por los fuegos tienen hasta el 30 de noviembre para reclamar ayudas públicas
GALICIA
La policía investiga a un hombre en Brión por un incendio, y en Lugo identificaron a quince personas
31 oct 2017 . Actualizado a las 12:41 h.Los afectados por la ola de incendios de mediados de octubre en Galicia tienen hasta el 30 de noviembre, jueves, para solicitar las ayudas públicas que la Xunta publicó el lunes en el DOG. En una orden de 177 páginas, la Administración autonómica detalla el conjunto de acciones previstas para paliar los daños provocados por el fuego, entre las que se incluyen los 75.000 euros que recibirá cada una de las familias de los cuatro fallecidos.
Tal como anunció el presidente Feijoo el pasado jueves, el DOG puntualiza toda la documentación necesaria para la tramitación con sus requisitos, así como los plazos correspondientes -un mes con carácter general menos en una línea habilitada por Vivenda, con tres meses- e incorpora el papeleo necesario para cumplimentar telemáticamente unas ayudas que están segmentadas por departamentos. Así, de los 21 millones globales que la Xunta habilita de forma inmediata y que son ampliables en caso de demanda, 11 estarán dedicados a las indemnizaciones por muerte o daños personales, a las rehabilitaciones de viviendas habituales y secundarias y la reparación de establecimientos comerciales, industriales o ganaderos. Los otros diez los canalizará la Consellería do Medio Rural para la recuperación forestal y de los suelos, con especial preocupación por los parques naturales afectados.
El vicepresidente de la Xunta, que ha coordinado la unificación de la orden de ayudas, insistió en el Parlamento en que la Administración va a tratar de responder a cada solicitud con la misma «urxencia» con la que se ha realizado la convocatoria, y en la medida de lo posible se tratará de que no se agoten los plazos de confirmación, que se pueden ir hasta los cinco meses a partir del 30 de noviembre. Y también aprovechó para descartar que los afectados tengan que esperar por cualquier tipo de resolución para justificar que han sido víctimas de un incendio intencionado, entre los que se incluyen los derivados de imprudencias. Alfonso Rueda, que comparecía para defender los presupuestos de su consellería y que también tuvo que escuchar críticas por la gestión del 112, aseguró que en la Xunta están «absolutamente convencidos» de que se dan todas las circunstancias para que los afectados accedan a las ayudas «sen problema algún».
La Policía Autonómica ha tomado declaración en calidad de investigado, no detenido, a un hombre que supuestamente provocó por una negligencia cuando realizaba una quema al lado de su vivienda un incendio forestal en el concello coruñés de Brión que obligó a la intervención de las brigadas autonómicas. Por otra parte, el subdelegado del Gobierno en Lugo, Ramón Carballo, estima que unas quince personas han sido identificadas en la provincia en relación con los incendios de octubre. En toda Galicia son 89 los investigados este año.
Reprobación
Por otra parte, el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza aprobó la reprobación del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, y de la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, por la oleada de incendios. La propuesta contó con el apoyo del PSOE, Zaragoza en Común y Chunta Aragonesista.
El dictamen olvidado de la comisión de incendios del 2006
pablo gonzález
Tras la oleada de incendios del 2006, la mayoría parlamentaria del momento (PSdeG y BNG), que sustentaba al Gobierno bipartito de la Xunta, se opuso a crear una comisión de investigación sobre la oleada de incendios del 2006, como solicitaba el PP. En su lugar, crearon una comisión de estudio cuyo dictamen, muy interesante, apenas se ha tenido en cuenta en estos once años. Ahora, el BNG, con Ana Pontón al frente -que era diputada en aquella legislatura-, pide otra comisión de estudio por los incendios de octubre. Quizás por coherencia política no solicitan una comisión de investigación, aunque, eso sí, creen que la de estudio puede servir para «depurar responsabilidades políticas».
En cualquier caso, la que se constituyó el 4 de septiembre del 2006 tras los incendios acaecidos entre el 4 y el 15 de agosto de ese año, que quemaron cerca de 80.000 hectáreas frente a las 35.500 de la ola actual, fue un productivo experimento de reflexión sobre las causas de los incendios en Galicia, con 68 comparecientes de distintos ámbitos. Muchas de sus conclusiones, sin embargo, siguen sin aplicarse en Galicia. Es decir, es probable que una nueva comisión retorne a aquellos viejos argumentos para que, desgraciadamente, sigan apilándose dentro de un cajón.
El dictamen atribuyó la oleada del 2006 a la actividad incendiaria y a la situación meteorológica extrema (factor treinta), así como a la prolongada sequía, factores que hacían avanzar los fuegos a una velocidad de 3 km/h. A los factores treinta clásicos (30 grados de temperatura, viento a más de 30 por hora y humedad por debajo del 30 %) se añadió el 30 % de pendiente que dificultaba la extinción en muchas de las zonas incendiadas. Como pasó esta última vez, la lluvia vino a ayudar a partir del 15 de agosto y la comisión no detectó ninguna decisión política que influyera en el funcionamiento del dispositivo. Ninguna responsabilidad política, por tanto.
Ya entonces se destacó la situación laboral de los brigadistas, la dificultad del operativo para luchar contra los nuevos tipos de incendios, especialmente los que afectaban a zonas fronterizas entre lo urbano y lo forestal, un fenómeno que se repitió este año. Respecto a este problema se ponía el acento en la vigilancia de las políticas de prevención, tanto públicas como privadas, así como en la sensibilización de la sociedad a través del sistema educativo.
También se destacó la necesidad de que la Xunta conozca qué montes están abandonados para abordar su tutela, revisar la planificación del suelo en el medio rural, crear un banco de terras para reestructurar la propiedad de los montes en Galicia e impulsar proyectos de aprovechamiento energético para reducir la biomasa residual inflamable.
Sin llegar a criminalizar árboles como el eucalipto, la comisión recomendó incrementar la plantación de especies caducifolias autóctonas, así como aumentar los espacios que cuentan con algún tipo de protección medioambiental.