Facenda y sindicatos pactan un plan de estabilidad del empleo público

Buscan superar el déficit creado por las tasas de reposición con la oferta de 14.750 plazas


Santiago / La Voz

La Consellería de Facenda y los sindicatos CC. OO., CSIF y UGT firmaron ayer un acuerdo durante la comisión de personal para conseguir la estabilidad en el empleo público desde ahora y hasta el 2020. El convenio que se rubricó incluye la convocatoria de 14.750 plazas por el sistema de concurso oposición, con el objetivo final de superar la etapa de crisis económica en la que hubo tasas de reposición muy limitadas y que provocó la reducción de efectivos y un aumento de la temporalidad. El convenio intentará que se reduzca esta tasa de interinidad hasta el 7 %, lo que para la Xunta supone acercarse «á plena estabilidade dos cadros de persoal da Administración autonómica».

La tasa de interinidad es uno de los asuntos que más espinas supone en cualquier negociación, ya que es una manera de visualizar la calidad del empleo creado por la Administración. En la educación, Galicia tenía antes de la crisis un porcentaje de temporales envidiable en el resto de España, de tan solo un 4,58 %. Sin embargo, los recortes del 2012 trajeron una tasa mínima de reposición de los puestos con funcionarios de carrera, una por cada diez vacantes. Eso hizo que el porcentaje de interinos se duplicase hasta el 9,6 %. Claro que en otros puntos de España se llegó al 36 %.

En la sanidad las cosas son parecidas, ya que existe un 8 % de interinos que la Xunta quiere rebajar de forma significativa.

La interinidad se rebajará hasta el 7 %, que la Xunta considera casi plena estabilidad El acuerdo se aplicará en todo el empleo público dependiente de la Xunta de Galicia, y eso supone, además de los servicios generales de los diferentes departamentos, los ámbitos con más demanda y que generan más interés: sanidad, educación y Justicia. Además de la convocatoria estable de plazas para nuevos funcionarios, la paz social firmada ayer incluye el fomento de la «promoción interna nos termos nos que se negocie en cada ámbito sectorial». Lo que también se decidió es que todos los concursos oposición sean previamente negociados y pactados en las diferentes mesas sectoriales.

Finalmente, «Administración e sindicatos manterán un seguimento permanente de todas as incidencias da aplicación do plan a través dunha comisión específica. Nos ámbitos sectoriais correspondentes constituiranse subcomisións específicas».

Por su parte, la CIG, sindicato que no ha firmado el convenio, rechaza el acuerdo porque «mantén a taxa de reposición e non recupera o emprego público», como tampoco los derechos perdidos por los trabajadores, según denuncia. La Xunta no cierra la puerta a que este grupo se sume a los acuerdos, ya que a los mismos se podrán incorporar «outras organizacións sindicais de ámbito sectorial».

Derechos atrasados

Por otra parte, el sindicato CSIF reclama que la Xunta contemple en los Orzamentos 2018 un plan de recuperación del derechos retributivos y laborales de los empleados públicos. Según explica, los trabajadores han dejado de percibir más de 600 millones de euros en retribuciones durante los últimos cinco años. Esto supone, según los cálculos del sindicato, que han perdido mucho poder adquisitivo en este tiempo, que el CSIF cifra en el 20 % desde la aplicación del primer recorte con el Gobierno de Rodríguez Zapatero.

La recuperación monetaria, dice el sindicato, deberá incluir las cantidades requisadas en concepto de complemento específico autonómico o equivalente durante los años del 2013 al 2016, ambos inclusive, suplemento que supone el 40 % de las pagas extras.

El Sergas abonará en las bajas maternales el prorrateo de las guardias y festivos

El personal sanitario que realiza guardias, noches y festivos cobra a mayores estas jornadas, pero aunque prácticamente forma parte de su salario habitual, cuando se produce una baja maternal desaparecen estos complementos. Desde hace un tiempo el Sergas ha perdido todos los juicios en los que se le exigía el prorrateo de las guardias durante la baja maternal, por lo que ha decidido incluirlo en la ley de acompañamiento de los presupuestos del 2018. Esto implica que, a partir del 1 de enero, las mujeres que tengan una baja por maternidad, por riesgo de embarazo o lactancia, o un permiso maternal a partir de la semana 36 cobrarán el prorrateo de estos conceptos. El Sergas propuso un año para hacer el prorrateo, y sindicatos como la CIG-Saúde sugieren seis meses.

También se aprobó un concurso de traslados abierto, por lo que los trabajadores se podrán inscribir para participar en él en cualquier momento, y todos los años habrá una oferta de destinos para trasladarse.

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