El Consejo de Ministros da vía libre a los nuevos juzgados para A Coruña, Vigo, Ourense y Ferrol
GALICIA
El Consejo de Ministros aprobó ayer la creación de 93 nuevos juzgados en España, de los que cuatro se abrirán en Galicia. Es esta la fase final del plan puesto en marcha por el Ministerio de Justicia para adecuar la planta judicial a las necesidades existentes en la actualidad.
Los cuatro nuevos juzgados gallegos deberán entrar en funcionamiento antes de que concluya este año. Estarán ubicados en A Coruña, donde se creará un juzgado de lo social, y en Vigo, Ourense y Ferrol, donde se pondrán en marcha juzgados de primera instancia, uno en cada ciudad (el de Vigo será un juzgado de familia). Fuentes de Justicia indicaron que la distribución de estos cuatro nuevos juzgados se ha realizado teniendo en cuenta las cargas de trabajo y tratando de mejorar el tiempo de respuesta y de reducir el número de asuntos pendientes en cada juzgado.
Solo parte de lo necesario
Con estos cuatro juzgados el Ministerio de Justicia atiende solo una parte de las demandas planteadas desde el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que solicita al menos otros cuatro órganos judiciales más. El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se trajo ya en junio el compromiso de los juzgados aprobados ayer por el Consejo de Ministros. Fue en la Conferencia Sectorial de la Administración de Justicia celebrada en Madrid, tras la que el propio Rueda expresó su queja al considerar insuficiente la dotación anunciada para Galicia, a la vista de las necesidades que tiene la comunidad.
Los primeros en siete años
La necesidad de nuevos juzgados en Galicia se demuestra con el hecho de que hace siete años que no se crea ninguna nueva unidad judicial en la comunidad, pese a que en esos años las necesidades han cambiado y los asuntos han aumentado de manera considerable.
En la puesta en marcha de los nuevos juzgados colaboran el Ministerio de Justicia y la Xunta. El primero destina las partidas necesarias para el pago de los jueces y los letrados judiciales (secretarios), mientras que Galicia aporta el dinero necesario para los funcionarios de cada juzgado, así como la infraestructura y los medios materiales necesarios.