Un juez anula 99 ascensos en la Diputación de Ourense por vetar a otros aspirantes
GALICIA
La sentencia dice que el gobierno provincial quería dar los puestos a las personas que ya los ocupaban a dedo
10 oct 2017 . Actualizado a las 05:00 h.El día 24 de octubre del año 2016 la Diputación de Ourense publicó en el Boletín Oficial de la Provincia la convocatoria de 99 puestos de trabajo para su provisión por el sistema de promoción interna. Se trataba de ascender a determinados trabajadores para así cubrir definitivamente esas plazas, la mayor parte de ellas ocupadas hasta ese momento de manera provisional. Una sentencia considera que los requisitos establecidos en aquel concurso buscaban perpetuar en esos puestos a las personas que ya habían sido designadas, sin concurso, para ocuparlas provisionalmente. El juez concluye que lo que se pretendía era vetar a otros posibles aspirantes.
José Andrés Verdeja, titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Ourense, hace hincapié en que las bases de la convocatoria de esas plazas en la práctica exigían que los aspirantes ya estuviesen realizando esas funciones concretas. «La convocatoria limita injustificadamente el acceso a los puestos ofertados, restringiendo la posibilidad de participar en el concurso a aquellos aspirantes que ya estuviesen desempeñando el puesto en cuestión, ya que se exige que pertenezcan a exactamente los mismos grupos, escalas, subescalas, clases y categorías profesionales que las que se especifican».
Según la sentencia, el objetivo de todo ello está claro: «No se aprecia justificación alguna a tal exigencia, salvo que sea para asignar una plaza como funcionario a aquellas personas que venían desempeñándolas en condiciones de interinidad, o incluso que ya eran funcionarios, y que así verían mejoradas sus condiciones, evitando así que pudieran aspiran a aquellas personas que pudiesen reunir, o no, mayores méritos».
El juez detalla los artículos de la Constitución y del estatuto básico del empleado público que había incumplido la Diputación de Ourense y concluye: «Resulta evidente la vulneración de tales preceptos, ya que, si el concurso siempre se hubiese hecho del mismo modo que el que nos ocupa, probablemente nadie hubiese podido acceder originariamente a esos puestos». Se trata, de este modo, «de cerrar el concurso a determinados trabajadores, vulnerándose los principios de mérito y capacidad».
La Diputación alegó que valoró los servicios prestados por los aspirantes en cualquier Administración, «pero esta cuestión carece de relevancia», dice el juez, que explica que «no es lo que se discute en el presente procedimiento, en el que lo que se cuestiona no es el método de valoración empleado, sino el de los requisitos establecidos para poder tomar parte en el propio concurso». Y, en este sentido, el juez concluye que no hay modo de justificar que las plazas se restringieran casi exclusivamente a aquellos que ya las ocupaban de manera provisional, «ya que, si se considera que es porque los que ya ostentaban esa categoría profesional tienen una mayor experiencia o preparación, ello supondría que no tendrían mayor problema a la hora de sacar el concurso, ya que partirían con esa ventaja y, en cualquier caso, podría transformarse en una mayor puntuación».
Circuito cerrado
El caso lo denunció la CIG. Sus dirigentes en Ourense comparecieron ayer en rueda de prensa para anunciar el resultado del proceso judicial y se felicitaron por la anulación de los ascensos programados por el Gobierno provincial. Anxo García Torres, secretario de organización del sindicato en Ourense, calificó lo ocurrido como un «escándalo». Según dijo, el ejecutivo del Partido Popular, dirigido por José Manuel Baltar, pretendía crear un «circuito pechado» de modo que solo los elegidos pudiesen acceder a los puestos de trabajo ofertados.
El máximo responsable de la CIG en la ciudad, Anxo Pérez Carballo, hizo hincapié en que este tipo de comportamientos son asumidos con naturalidad en la provincia. «Iso si que é ourensanía», aseguró en referencia al lema utilizado con frecuencia por el presidente de la Diputación. Según explicó, en la institución provincial sigue funcionando la «dedocracia» para el reparto de los puestos de trabajo.
La ejecutiva del PP ve «gravemente erróneo» el fallo
Tras la rueda de prensa de la CIG, el gobierno popular de la Diputación ourensana difundió un comunicado en el que anuncia que recurrirá la sentencia que anula los 99 ascensos. El ejecutivo que dirige José Manuel Baltar considera «gravemente erróneos os fundamentos xurídicos da resolución xudicial». El PP asegura que el juez confunde estar en disposición de una determinada categoría profesional con el desempeño previo de un puesto.