El caso Campeón se cierra con 6 años de cárcel para Dorribo y con penas menores

Once de los trece acusados pactaron con el fiscal y uno intenta la nulidad del proceso


Lugo / La Voz

La operación Campeón, una de las grandes investigaciones judiciales desarrolladas en Galicia contra la corrupción y que se inició en el 2010 bajo la instrucción de la jueza Estela San José, entró el martes en su fase final con la celebración de la vista preliminar en la Audiencia de Lugo. De los trece acusados, once alcanzaron acuerdos con el fiscal. Una mujer quedó libre de culpa y otro de los acusados no llegó a ningún acuerdo y pide la nulidad del proceso.

De la reducción de condenas, en lo que afecta a penas de prisión, es especialmente significativa la pactada por el principal implicado, el empresario lucense Jorge Dorribo, ya que de los 20 años que pedía la fiscalía inicialmente, su pena quedará reducida a 5 años y 11 meses, si el tribunal no pone objeciones. La siguiente pena de cárcel relevante es la del socio de Dorribo, Arsenio Méndez, que se conformó con 22 meses de cárcel. A lo largo de la instrucción, este caso tuvo diferentes momentos, aunque al final se desinfló de modo notable hasta llegar a su fase final.

La operación Campeón es el nombre que recibió la investigación por presunto fraude en subvenciones públicas tramitadas a través del Igape, que fue poniendo al descubierto otros presuntos delitos. En el origen, los laboratorios Nupel, del empresario lucense Jorge Dorribo y un pretendido negocio de distribución de monodosis de medicamentos. El martes, en la vista previa en la Audiencia de Lugo se sentaron 13 acusados, de los que Cristina Quintela, del Igape, quedó libre de acusación, y Javier Rodríguez, de Proitec, optó por solicitar la nulidad del proceso. Por el camino han quedado imputaciones que terminaron en archivo, como las del exministro José Blanco y del entonces alcalde de Lugo José López Orozco. También llegó a ser imputado el exconselleiro Fernando Blanco.

Análisis individualizado

El fiscal jefe, Roberto Brezmes, señaló que la fiscalía pretendió, por una parte, individualizar los comportamientos de cada uno de los acusados, y, por otro, individualizar también la respuesta penal para cada uno de los acusados, dado que no todos habían participado de la misma manera. Brezmes indicó que con los acuerdos se simplifica la tramitación. Dejó también muy claro que la intención es «condicionar cualquier informe favorable a la suspensión o sustitución de las penas de prisión que se han pedido al esfuerzo de todos los acusados por reparar el daño causado». De hecho, indicó que los investigados tuvieron que efectuar consignaciones económicas relevantes, con respecto a la capacidad de cada uno de ellos», para atender los intereses de la víctima, que en este caso es el Igape, y -señaló- a través de él, la propia Xunta.

El único acusado que optó por intentar la vía de la nulidad es Javier Rodríguez, de la empresa Proitec. Su abogado, el lucense José Luis Fiuza, fue desgranando los motivos de dicha solicitud. Señaló que no hay nada que justifique achacar a su defendido delito de tráfico de influencias, y menos el de blanqueo de capitales. Argumentó que no podía haber base para el tráfico de influencias cuando ni la sociedad comercial estaba creada ni se habían producido las elecciones que en Cataluña podrían permitir negociar la distribución de monodosis de medicamentos que pretendidamente se iban a distribuir por la empresa de Dorribo con apoyo de políticos catalanes. Igualmente, señaló que se realizaron investigaciones por Vigilancia Aduanera se hicieron sin suficiente motivación judicial. El fiscal jefe respondió a los distintos argumentos de la defensa y consideró injustificada la nulidad. La vista se suspendió hasta el próximo día 24 de octubre.

La subasta de una nave dio pie al inicio de la macrocausa

e. g. s.

Jorge Dorribo pasó dos temporadas en prisión a lo largo de los años transcurridos desde las primeras detenciones

El caso Campeón, como algunas de las otras grandes investigaciones judiciales contra la corrupción en Galicia, fue pilotado desde Lugo. La jueza Estela San José, actualmente destinada en Andalucía, se encargó de este asunto durante la práctica totalidad de la instrucción. El inicio de la investigación está en un grabación telefónica realizada a raíz de que Jorge Dorribo, el empresario lucense que a partir de una crema para cuidado de pieles (zapatos, cazadoras, etcétera) montó un laboratorio farmacéutico, adquiriese en una subasta una nave en Vilagarcía que había pertenecido al clan de los Charlines. La compra se hizo por medio de la empresa Proitec. De las escuchas y las investigaciones de Vigilancia Aduanera ponen de manifiesto presuntos delitos de fraude en subvenciones, contra la hacienda pública, tráfico de influencias, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales, entre otros. El nombre de la operación se tomó de la palabra campeón que el empresario utilizaba con frecuencia en sus conversaciones.

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Los acuerdos con el fiscal

Los imputados y las penas

Jorge Dorribo (dueño de Nupel): 5 años y 11 meses de cárcel. Multa de 6,1 millones de euros.

Arsenio Méndez (socio de Nupel): 22 meses de cárcel y multa de 2 millones.

Pablo Cobián (exdiputado del PP): 8 meses de cárcel y multa de 45.135 euros.

Carlos Monjero (Proitec): 10 meses de prisión y 1.100.000 euros de multa.

Joaquín Varela de Limia (ex director del Igape): seis meses de multa a 12 euros/día. Un año de suspensión de empleo público.

Carlos Silva (exsubdirector del Igape): seis meses de multa a 12 euros/día y un año de suspensión de empleo público.

María Isabel Fernández Pena (Nupel): 4 meses de prisión y multa de 5 meses a 6 euros/día.

Araceli González (Nupel): 8 meses de prisión.

Marcos Iglesias (Coveluma): 4 meses de prisión.

José Manuel Expósito (Nupel): 5 meses de multa a 6 euros/día.

María Inmaculada Abuide (Nupel): 5 meses de multa a 6 euros/día.

Cristina Quintela Sánchez (Igape): Quedó libre de acusación.

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