La Fiscalía abre pesquisas en busca de indicios de estafa o falsificación de billetes
26 sep 2017 . Actualizado a las 05:00 h.El alcalde de Vigo, Abel Caballero, echó el lunes más leña al fuego en el escándalo de la sobreventa de billetes en las islas Cíes y pidió que también se investigue la actuación de la Xunta por haber permitido que se vendiesen un exceso de plazas durante «equis tiempo». Hay sospechas de que estas actuaciones se remontan al pasado y que solo ahora han trascendido. Lo hizo después de que la Xunta presentase un informe a la Fiscalía, que ha abierto una investigación en busca de indicios de estafa y falsedad de documentos mercantiles y oficiales.
Caballero argumenta que la Xunta hace bien en recurrir a los sistemas de la ley en aquello que considere que es un incumplimiento pero se pregunta: «¿Quién le exige responsabilidades al vigilante que no vigila? ¿Quién le exige responsabilidad a la Xunta por no haber vigilado? Porque mientras esto pasaba, la Xunta ¿qué hacía?».
Para el regidor vigués sería interesante que el Gobierno autonómico le diga al fiscal que investigue la ausencia pública de vigilancia, «porque era su responsabilidad». Añade que no tiene nada que objetar sobre cómo la Xunta quiere hacer cumplir la ley a través de los mecanismos que sus técnicos consideran pero «mi pregunta es y quién investiga la ausencia de investigación que permitió que esto sucediera».
La Fiscalía del área de Vigo abrió el lunes unas diligencias de investigación para determinar si existen indicios de delito en los hechos denunciados por el Ejecutivo gallego por la supuesta venta de billetes a las islas Cíes en los meses de verano por parte de cuatros navieras. La Dirección Xeral de Patrimonio Natural las acusa de los supuestos delitos de estafa y falsedad documental por transportar un exceso de viajeros a las islas sin autorización y vulnerar la cuota máxima establecida cada día para este parque natural. Aunque el límite estaba en 2.200 visitantes y 800 campistas al día, se llegaron a la cifra récord de 8.000 en alguna ocasión, según el informe que la Xunta entregó a la Fiscalía.
Una vez que finalice sus indagaciones, el Ministerio Público podría presentar una querella en el juzgado de guardia si encuentra indicios de delito o, en caso contrario, archivar sin presentar tal denuncia. Por ahora, la Fiscalía no quiere mostrar más cartas sobre cuáles serán sus líneas de actuación pero el primer paso supondrá comprobar la veracidad de los datos informáticos que certificó la agencia Amtega y las fotos de billetes duplicados que obtuvieron los guardas forestales como prueba de la sobreventa.
En principio, el delito más evidente que se le podría atribuir a las empresas implicadas sería el de falsedad de un documento privado o público, ya que la Xunta sospecha que las navieras duplicaban o triplicaban las copias de billetes auténticos para colar al exceso de turistas en un espacio natural protegido que aspira a convertirse en patrimonio de la humanidad. Unos comprobantes tenían código QR para ser registrados oficialmente en el control informático de la Xunta mientras que otros carecían de dicha medida e incluso repetían el nombre y número de pasaje de un turista. Luego, cancelaban tantas reservas como viajes fraudulentos habían contratado. Llegó a haber 2.182 anulaciones en un día.
Patrimonio Natural teme el impacto del exceso de turistas
La Dirección Xeral de Patrimonio Natural, más allá de la infracción administrativa, ve delito de falsificación de los billetes y códigos QR (equivalentes a la autorización de la central de reservas) y otras irregularidades como trasladar a personas no autorizadas, así como el perjuicio causado a los usuarios, la puesta en peligro de los hábitats y especies que albergan las islas, y el grave riesgo de una evacuación de emergencia.
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