Resulta lamentable que no haya habido un pronunciamiento unitario de todas las comunidades en contra del golpe en Cataluña
25 sep 2017 . Actualizado a las 05:00 h.Hay quien reprocha a esa mitad de la sociedad catalana que no es independentista el no haber salido a la calle durante estos cinco años para defender su deseo de seguir siendo españoles y para expresar su rechazo a la violación sistemática de la ley y la imposición de un modelo de enfrentamiento con España que les priva de sus derechos más elementales. Pero exigir a los ciudadanos que se manifiesten para defender la ley y el Estado de derecho es invertir el proceso, porque es el Estado quien tiene la obligación de defenderlos a ellos y de impedir que unos, sean muchos o pocos, impongan su proyecto antidemocrático a los demás. Exigir esa movilización ciudadana en contra del independentismo y acusar a esa parte de la sociedad catalana de haber dado alas a los golpistas con su silencio supone, además de una injusticia, olvidar el riesgo de ser señalado, de ser vilipendiado e incluso de ser boicoteado en su propio negocio o en su puesto de trabajo que corre cualquiera que se manifieste públicamente en defensa de la España democrática en una Cataluña en la que el independentismo maneja a su antojo todos los medios públicos, la inmensa mayoría de los privados y todos los resortes de poder.
Lo que sí que se echa en falta, y en este caso sí es exigible, es un pronunciamiento claro, nítido y unitario de todos los presidentes autonómicos de España en contra de que uno de ellos pretenda destruir por las bravas y violando la Constitución el modelo de Estado al que todos ellos deben su cargo. Porque si algo caracteriza al proceso independentista en Cataluña es su intento de destruir unilateralmente el Estado de las Autonomías, refrendado en su día de forma inmensamente mayoritaria por todos los españoles, -y con mayor porcentaje aún por los catalanes-, y de arrogarse privilegios que se le niegan al resto de españoles.
Resulta incomprensible que a estas alturas no haya tenido lugar ese pronunciamiento y que nadie se haya mostrado interesado en articular un mecanismo que lo haga posible. En lugar de ello, cada uno de los presidentes autonómicos se está expresando de forma individual, con mensajes no solo distintos, sino en muchas ocasiones contradictorios sobre lo que está sucediendo en Cataluña. Algo que da argumentos a los golpistas para sostener que no hay en España una posición unitaria en defensa del modelo de Estado constitucional.
Como ha defendido reiterada y brillantemente en estas páginas Roberto L. Blanco Valdés, España es desde hace décadas un Estado federal en todo, salvo en el nombre. Y si alguien pretende acabar con la configuración de ese Estado federal, a los primeros que habrá que escuchar es a los legítimos representantes de las comunidades autónomas que conforman ese único Estado. Habría tenido por tanto un enorme valor democrático un pronunciamiento solemne y unitario de todos sus presidentes en contra del golpe que se está perpetrando en Cataluña. Algo que no ha sido posible porque muchos ponen las siglas de sus partidos por encima de la defensa de los intereses de los ciudadanos a los que representan. Que ese manifiesto en defensa de la España autonómica no haya sido posible es sin duda un debe en su expediente.
El Gobierno, preparado para aplicar el 155 tras el 1-O
Mariano Rajoy está decidido a llegar hasta el día 1 de octubre sin aplicar el artículo 155 de la Constitución. Frente a quienes le piden que lo aplique cuanto antes, el líder del PP considera que está consiguiendo lo mismo que podría otorgarle esa vía, (control de los Mossos y de las cuentas de la Generalitat) sin necesidad de dar a los independentistas la baza mediática que supondría intervenir la autonomía de Cataluña. Pero eso no quiere decir que el Gobierno renuncie a echar mano del 155 una vez que se impida el referendo. En caso de que Puigdemont declarara la independencia unilateral tras la fallida consulta, ese, el de la intervención total de la autonomía con el 155, es el escenario probable.
Montoro cree que el PNV va de farol en el Presupuesto
La aprobación o no de los Presupuestos Generales del Estado para el 2018 será la prueba que determinará la estabilidad y la extensión de la legislatura. El Gobierno daba por hecho que, a pesar del proceso independentista en Cataluña, el PNV aplicaría el pragmatismo para seguir apoyando las cuentas públicas del Estado a cambio de asegurarse no solo el mantenimiento de la actual fórmula de cálculo del cupo, sino su mejora en los próximos años, tal y como tenía pactado con el PP. Una buena parte del Ejecutivo cree que el PNV va de farol cuando condiciona ahora su apoyo a que se otorgue a Cataluña el derecho a decidir. Pero, si no es así, pronto habrá elecciones en Cataluña y también en España.
El PSdeG no rentabiliza la polarización de los discursos
La encuesta de Sondaxe que ayer publicó La Voz de Galicia viene a confirmar que los socialistas no rentabilizan en términos electorales el discurso de la nación de naciones que Pedro Sánchez ha forzado a sostener a su partido en todos los territorios de España. Se trata de un discurso que obviamente no hace daño alguno al PPdeG, sino que más bien refuerza sus posiciones al dejar a los populares todo el espacio de la defensa del actual modelo de Estado. Y tampoco beneficia, a la luz del sondeo, a un PSdeG que ve cómo permanece estancado mientras que son las mareas las que sacan partido del ligero descenso de los de Feijoo gracias a la polarización política que desata la crisis en Cataluña.