Una promotora denuncia al hijo de Gallardón por estafa en un negocio inmobiliario en Santiago

La querella afecta a toda la cooperativa Parque Compostela


Santiago / La Voz

Un negocio inmobiliario desarrollado en Santiago ha derivado en una querella por estafa presentada ante el juzgado de instrucción número 2 de la capital gallega y que afecta, como uno de los miembros de la cooperativa Parque Compostela, a Alberto Ruiz-Gallardón Utrera, hijo del que fue ministro de Justicia, alcalde de Madrid y presidente de la comunidad autónoma madrileña, Alberto Ruiz-Gallardón.

La denuncia ha sido presentada por Amagi Developments SL, una empresa gestora de cooperativas de viviendas, y está dirigida contra todos los miembros que forman parte de Parque Compostela Sociedade Cooperativa Galega y sus cónyuges. Así, en la lista de querellados está la esposa del hijo de Gallardón, Teresa Touriñán Morandeira, así como Luis López Varela, presidente de la entidad, Gonzalo García Tomé y su esposa, Ana María García Martínez, y Tamara López García y su marido, Marcos Porto Rico.

En la querella, Amagi Developments SL explica que se constituyó con el exclusivo fin de llevar a cabo una promoción inmobiliaria de tres viviendas unifamiliares en régimen de cooperativa sobre un terreno situado en el barrio compostelano de Belvís «sobre el que consiguió constituir a su favor un derecho de opción de compra por parte de sus propietarios», señala la querellante.

Así, los presuntos perjudicados habrían encargado el proyecto a un estudio de arquitectura e instalado un estand de ventas en el solar. Fue entonces cuando, según Amagi Developments SL, los querellados entablaron contacto con ellos «como terceros interesados en la adquisición de las futuras viviendas» y «se integraron como miembros en la cooperativa cuya constitución promovió la propia querellante», añaden.

Siempre según la denuncia, cuando los querellados se mostraron interesados en adquirir las viviendas, Amagi Developments SL acordó con ellos que constituiría una cooperativa para abaratar los costes de las viviendas y que, como entidad gestora, recibiría como honorarios el 15 % de los gastos totales de la promoción.

La querellante asegura que, tras la constitución de la cooperativa, los denunciados «con mala fe y de forma orquestada entre ellos, fueron aplazando con excusas diversas la firma del contrato de gestión en tanto no estuviese formalizada la adquisición del terreno por la cooperativa», explican. Y aseguran que aceptaron «actuando de buena fe».

Una vez que los denunciados consiguieron que la entidad gestora les cediese de facto su derecho de opción de compra y les permitió escriturar directamente la adquisición del terreno se negaron, según la querella, a firmar el contrato de gestión. De esta forma, Amagi Developments SL asegura haber dejado de ingresar 233.000 euros, 77.000 por cada una de las viviendas.

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