Los expedientes a médicos que trabajan también en la privada indignan al sector

Los colegios profesionales afirman que ya hay facultativos que han dejado el Sergas

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Santiago / la Voz

Bajo el título Mi adiós a la sanidad pública, César Ramírez, jefe de cirugía general y digestiva de un hospital andaluz, explicaba en una carta abierta por qué abandonaba la sanidad pública. La falta de incentivos profesionales, las dificultades para conciliar o el escaso apoyo de sus responsables le llevaron a tomar la decisión de irse a un centro privado.

En Galicia ya hay médicos que deciden abandonar la sanidad pública: «Los hay, no es ni mucho menos masivo, sino un goteo, pero incluso está pasando en sitios pequeños en donde ni siquiera hay mucha oferta de hospitales privados». José Luis Jiménez, presidente del Consello Galego de Colexios Médicos, alerta de que, si no se cambia la ley de incompatibilidades, si no se da una mayor flexibilidad al sistema público o se modifica la estructura salarial, el sistema público de salud corre un riesgo de «mediocrización».

El malestar de los colegios médicos se ha acrecentado tras los expedientes a facultativos que trabajan en el sector público y en el privado. Se trata de profesionales que llevan años compatibilizando estas tareas y que no ven a pacientes derivados de hospitales públicos, que es lo que precisamente quiere evitar la Ley 53/1984. Los médicos renuncian a más de 800 euros mensuales al no cobrar la dedicación exclusiva, pero han visto cómo les abrían un expediente porque antes de que se les concediese la compatibilidad se produjo una denuncia que derivó en un proceso sancionador. Jiménez confía en que todos estos expedientes se cierren de forma satisfactoria y sin sanción, pero alerta de los agravios comparativos que se producen no solo entre autonomías, sino dentro de la comunidad.

«Galicia es la más fundamentalista aplicando esta ley», explican desde el Consello Galego, lo que lleva a que se deniegue la compatibilidad a los médicos que trabajan en un hospital que tiene concierto con el Sergas, aunque nunca desarrollen actividad concertada. «Hay un doble rasero para valorar la petición de compatibilidad en aquellos médicos que trabajan en este entorno, frente a los que trabajan en una consulta particular en su domicilio», aclara Jiménez. Es decir, no se pone ninguna objeción a que un ginecólogo trabaje en el Sergas y en su consulta, pero sí a que lo haga en la pública y en un centro concertado, aunque solo tenga pacientes privados y nunca derivados de este concierto.

De hecho, aclara José Luis Jiménez, los expedientes a los que hacen referencia desde los colegios no se abren por atender a pacientes concertados -lo que sí estaría considerado como fraudulento-, sino por trabajar en la privada a la espera de obtener la compatibilidad. Los médicos aseguran que han puesto esto en conocimiento de Sanidade, donde «están dispuestos a hablarlo, pero no hacen ni el más mínimo movimiento para resolver el problema», apunta Jiménez.

Tecnología contra el fraude

El propio conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña, reconocía hace unos meses que la ley es antigua y hay que modificarla, pero los colegios piden que mientras no se cambie, ya que es estatal, al menos se adapte o se busque una solución para amparar a los médicos que compaginan el sector público y privado.

Y es que, desde el año 84, el desarrollo de las tecnologías y del sistema Ianus, que permite comprobar qué profesionales acceden al historial del paciente, ya ofrecen herramientas para evitar lo que pretendía la ley, «que se utilice la sanidad pública para trasladar a pacientes a la privada en momentos de lista de espera alta», por lo que cree «que esta ley debe cambiarse», concluye el portavoz médico.

Los hospitales concertados reclaman un criterio único para los sanitarios

La Asociación de Hospitales de Galicia, que engloba a los centros sanitarios que tienen concierto con el Sergas, no es ajena a las consecuencias de la rígida aplicación de la ley. Y es que son fundamentalmente los profesionales que quieren trabajar en sus clínicas los que se encuentran con la negativa a la compatibilidad.

De ahí que la entidad haya remitido a la Consellería de Sanidade una serie de propuestas para aplicar la legislación con criterios objetivos y transparentes. En primer lugar, Ahosgal reclama una actualización de la ley, al igual que el conjunto de la profesión médica, y mientras no se modifica que la Xunta apruebe los cambios para adecuar «la normativa a la nueva situación de la gestión sanitaria».

Coinciden, por ejemplo, en que con las nuevas tecnologías y el caso del Ianus en Galicia es más sencilla la lucha contra las prácticas fraudulentas. La asociación defiende que la compatibilidad se rija por criterios objetivos para todos los médicos que trabajan en la pública y en la privada, tanto si lo hacen en centros con actividad concertada como si lo hacen en otro tipo de clínicas o por cuenta propia.

Además, creen que la consideración de ente público de aquellos centros sanitarios con concierto con el Sergas debe ser restringida a las especialidades concertadas y no a las que no lo están. Es decir, coinciden con los colegios en que se autorice la compatibilidad a todos los profesionales del sector público que no atienden a pacientes concertados, aunque trabajen en un hospital con actividad concertada.

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