La cúpula de Podemos y un militante de Arzúa se enfrentan en el banquillo

El secretario xeral de Podemos en Arzúa llevó a los juzgados el apresurado acuerdo al que Podemos y En Marea llegaron para las elecciones autonómicas

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santiago / la voz

Como autor de la demanda, en los juzgados de lo contencioso de Santiago se presentó Xosé Zapata, secretario xeral de Podemos en Arzúa al que no hace mucho se le abrió un expediente; y como parte demandada, declaró por videoconferencia Pablo Fernández Alarcón, mano derecha de Pablo Iglesias y responsable de las alianzas con otras fuerzas políticas. En el banquillo, como testigo, la diputada de la formación morada en el Parlamento de Galicia Paula Quinteiro. Y en el fondo de la cuestión, el apresurado acuerdo al que Podemos y En Marea llegaron para las elecciones autonómicas y que soliviantó a buena parte de las bases podemistas, hasta el punto de que Xosé Zapata decidió llevarlo a los juzgados para que se declarasen nulas las primarias de En Marea en las que se incluyó a los militantes de Podemos.

Sin efecto político

El juicio se celebró este martes y llega tarde para que tenga ningún efecto político, pero sirvió para corroborar que Podemos deberá actuar con pies de plomo cuando lleguen las elecciones europeas y municipales si no quiere que las bases se rebelen de nuevo contra los acuerdos con otras fuerzas.

Zapata alegó que el acuerdo con En Marea paralizó las primarias en Podemos y por lo tanto impidió a los militantes tomar decisiones o ir en las listas, tal y como dicen los estatutos. Pero en su declaración por videoconferencia, Pablo Fernández Alarcón, que era entonces miembro de la comisión de garantías y responsable electoral de la candidatura, dijo que el acuerdo con En Marea había sido una decisión política y que la comisión de garantías «no revisa las decisiones políticas de los órganos elegidos para tomarlas». Zapata, que estuvo en los juzgados arropado por otros miembros del sector crítico de Podemos, dijo al final del juicio que lo declarado por la cúpula demostraba que el acuerdo había sido «una cacicada» y que todos los responsables de la formación de unas listas «elegidas a dedo» deberían dimitir.

El juicio quedó visto para sentencia.

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