Vía libre a que el pleno del Congreso debata la comisión de Angrois

PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos han votado a favor; el PP, en contra

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La comisión de investigación sobre el accidente del Alvia, que causó 80 muertos y 144 heridos a las puertas de la estación de Santiago en julio del 2013, está más cerca que nunca. La Mesa del Congreso dio este martes vía libre para que el pleno discuta y vote, en una fecha que determinará la semana que viene la Junta de Portavoces, la creación de esta comisión parlamentaria que la plataforma de víctimas ha demandado desde el minuto uno del accidente. La calificación de la Mesa contó con el apoyo de los grupos políticos que la plantearon -el PSOE y Unidos Podemos-, a los que se sumó Ciudadanos.

De estos tres grupos solo los de Podemos y Ciudadanos se manifestaron favorables a la investigación desde el principio, mientras que los socialistas dieron un viraje a raíz de la vuelta de Pedro Sánchez a la secretaría general, pero sobre todo por la acción de diputados del PSOE muy sensibilizados con este asunto, como el exalcalde de San Sebastián Odón Elorza, que hizo un amplio trabajo didáctico en un grupo parlamentario con serias reticencias a su constitución. Hay que recordar que la línea de alta velocidad Santiago-Ourense, donde se produjo el accidente, fue inaugurada cuando Zapatero era presidente del Gobierno y el cambio de proyecto que redujo la seguridad en la curva de Angrois se decidió con José Blanco al frente del Ministerio de Fomento, aunque este último siempre defendió que todos estos aspectos se decidieron en la esfera técnica, no en la política.

La Mesa desbloqueó este asunto después de que el PP, con el apoyo del PSOE y Ciudadanos, solicitara a los servicios jurídicos del Congreso un informe sobre si era posible volver a discutir la creación de la comisión en el máximo órgano de Gobierno de la Cámara, pues recientemente En Marea solicitó su puesta en marcha y fue rechazada. Lo que la oposición calificó como una «estrategia de obstrucción» de los populares fue finalmente hecha añicos por el dictamen de los letrados del Congreso, que consideran que el asunto puede ser debatido, pues en su momento la petición de En Marea ni siquiera fue calificada.

La luz verde de la Mesa es un paso crucial, «muy importante», admite el presidente de la plataforma de víctimas, Jesús Domínguez, que ve cómo el trabajo de lobby político que emprendieron los afectados empieza a dar sus frutos. Pero las víctimas son prudentes. Recuerdan que la comisión tiene que ser aprobada en pleno y puede haber cambios en las estrategias de partidos como Ciudadanos, que, aunque ha comunicado a las víctimas que apoyan su creación, hay que recordar que firmó un pacto de investidura con el PP. «Tenemos que esperar y ver cómo se desarrolla la votación, porque podría pasar que se nos utilice como moneda de cambio», asegura.

Para entender el alcance real de lo que decidió la Mesa hay que remontarse a la anterior legislatura, la más corta de la democracia española, cuando el PSOE también apoyó en la Mesa que este asunto se discutiera en pleno, pero después los socialistas unieron sus votos a los de los populares y la comisión de investigación quedó en vía muerta. Entonces también era secretario general del PSOE Pedro Sánchez, así que quizás lo que ha cambiado ahora es que la Ejecutiva socialista no es tan dependiente de la vieja guardia como antes, tras derrotarla en las primarias. También es verdad que ese pleno, celebrado en abril del año pasado, era el último de esa legislatura, y la comisión no podía constituirse de ninguna manera. No obstante, las víctimas creen que esta vez podrá salir adelante con el apoyo del PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos y buena parte del Grupo Mixto. Pero habrá que esperar a la votación.

Dos exministros

La comisión de investigación podría llevar al estrado a los dos ministros de Fomento que tuvieron algo que ver con la gestión de la línea y el accidente. El eurodiputado José Blanco dio por hecho hace unos meses que tendrá que comparecer. Pero más inédito aún será que la actual presidenta del Congreso, Ana Pastor, se vea en la situación de declarar, también como exministra, en una comisión creada durante su mandato en el Parlamento. Es evidente que el PP intenta por todos los medios evitar esta fotografía, pero por el momento está solo en la defensa del no a la investigación.

La portavoz del PSOE, Margarita Robles, que hace un tiempo precisó que esta comisión no es un «ajuste de cuentas» con la vieja guardia socialista, matizó que el órgano investigador no se inmiscuirá en asuntos judiciales -la instrucción sigue con dos imputados, el maquinista y el exjefe de seguridad en la circulación del ADIF-, pues su objetivo es que la ciudadanía conozca si hubo responsabilidades políticas. «En estos asuntos no puede haber opacidad», añadió. La diputada de En Marea, Yolanda Díaz, aseguró que su formación será la «garantía» de que estas pesquisas parlamentarias «lleguen hasta el final».

Un cambio radical en el ámbito técnico, el judicial y, ahora, el político

p. g.

Cuando la entonces ministra de Fomento, Ana Pastor, recibía a las víctimas en los despachos de Nuevos Ministerios, el no a la comisión de investigación se disimulaba con frases hechas como su compromiso a «colaborar con la Justicia». Ahora la aritmética parlamentaria, la misma que la convirtió en presidenta del Congreso, la aboca a comparecer ante los diputados para explicar su gestión política en el antes y el después del accidente. El mismo día que fue elegida presidenta del Congreso, las víctimas tenían una cita con ella y la cúpula de Fomento en la sede ministerial. No apareció. Las víctimas, en un vídeo que está en la red, se pusieron en pie ante los altos cargos de Fomento -que no sabían si quedarse sentados o levantarse- y Jesús Domínguez, su presidente, les leyó la cartilla por «la falta de sensibilidad con 80 muertos y 180 heridos». El encuentro con José Blanco en Bruselas, que los recibió en su despacho en la Eurocámara, también tuvo sus momentos de tensión, pero al menos intentó explicarles cuál era su posición respecto al accidente. Los dos exministros están ahora en todas las quinielas para comparecer. Blanco lo asume. Pero el PP maniobrará como pueda para evitar la comparecencia de Pastor.

En aquel encuentro con Blanco en Bruselas se estaba cociendo una de las primeras grandes victorias de las víctimas cuando, con la ayuda de la portavoz del BNG en Bruselas, Ana Miranda, lograron el demoledor dictamen de la Agencia Ferroviaria de la UE sobre la falta de independencia de la comisión técnica que investiga en España estos accidentes.

Después, en el ámbito judicial, se confirmó la imputación, por primera vez, de un alto cargo del ADIF, el exdirector de seguridad en la circulación, Andrés Cortabitarte. No solo eso: el juez instructor y los magistrados de la Audiencia asumían las coordenadas cardinales de la visión que las víctimas y muchos expertos tienen sobre el accidente del Alvia, especialmente en lo que respecta a la ausencia de análisis de riesgo que detectaran el peligro -por otra parte evidente- en la curva de Angrois.

Tras estos logros en el ámbito de la investigación técnica y la judicial, las víctimas están a punto de asistir en primera línea a una comisión que dirimirá si hubo responsabilidades políticas, un caldo de cultivo que pudo haber sacrificado la máxima seguridad por otras prioridades.

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