El independentismo toma Barcelona, pero con menos gente que otras Diadas

Insiste en su desafío a las instituciones del Estado: «Votaremos, nadie lo impedirá»


barcelona / Colpisa

Cinco años después del inicio del desafío soberanista catalán, que arrancó con la primera gran protesta de la Diada del 2012, el secesionismo volvió a salir este lunes a la calle para reclamar la independencia y el referendo. Bajo el lema «Diada del sí», cientos de miles de personas se manifestaron en Barcelona por sexto año consecutivo. Pese a lo masivo de la concentración, la asistencia fue menor que en años anteriores. Según cifras de la Guardia Urbana, en torno a un millón de personas participaron en la manifestación, celebrada entre el paseo de Gracia y la calle Aragón, donde la multitud formó una enorme cruz, un símbolo positivo «por la democracia y la libertad». La Delegación del Gobierno en Cataluña habló de 350.000 personas. Más allá de la guerra de cifras, la capacidad de movilización de las entidades soberanistas es innegable, aunque también muestra que el independentismo ha tocado techo. La propia policía municipal barcelonesa cifró en 1,8 millones de personas la asistencia a la manifestación del 2014, que fue de 1,6 millones, según los Mossos, el año anterior, bastantes más que este lunes. Los número fueron similares a los del año pasado, a pesar de que el secesionismo había planteado la Diada de este año como la primera vuelta del 1-O.

A 20 días del 1 de octubre y justo después de que el Gobierno catalán y el Parlamento autonómico consumaran el desafío y el Estado pusiera en marcha el proceso judicial, un secesionismo eufórico y muy impaciente se conjuró para celebrar la consulta y proclamar la república catalana, para separarse de un Estado que calificó de «dictatorial» y «franquista», según la presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia. El referendo, sin embargo, sigue en al aire. El Gobierno central ha asegurado que hará todo lo que esté en su mano para que no haya urnas, justo lo contrario que el Ejecutivo autonómico, que promete una consulta vinculante con todas las garantías. Puigdemont insistió este lunes en lanzar una última oferta a Rajoy para negociar la consulta. Uno de los dos Gobiernos, en cualquier caso, deberá comerse sus palabras la noche del 1-O. En el 9N, hubo un acuerdo más o menos tácito entre ambas Administraciones para que la jornada transcurriera sin incidentes. Pero en esta ocasión la situación es distinta.

Aunque el Gobierno insiste en que no habrá urnas, los máximos responsables de las entidades convocantes -la Asamblea Nacional Catalana, Òmnium y la AMI- tomaron la palabra al término de la manifestación y garantizaron el 1-O. «Votaremos, nadie lo impedirá», afirmó Jordi Sánchez, de la ANC, que llamó a la ciudadanía a que se declare insumisa ante los tribunales y las leyes españolas, que «solo buscan preservar la unidad de la patria». De forma desafiante, Sánchez se dirigió a todos los que buscan las urnas y las papeletas. «Sabemos dónde están. Si el día 1 vais a los colegios electorales, encontraréis la urnas llenas de votos», retó. El presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, mientras, señaló, con una papeleta en la mano: «Ya nos hemos autodeterminado: ya no reconocemos sus tribunales». Y como aviso a navegantes, remató: «Estaremos en pie lo que haga falta. Hasta el 1-O y más allá».

El Gobierno lleva al Constitucional la ley de ruptura, «el mayor ataque a la democracia»

m. balín / n. vega
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Los magistrados se reúnen en un pleno extraordinario para admitir el recurso y apercibir una vez más al Ejecutivo catalán

El Tribunal Constitucional (TC) se reúne este martes por la mañana para admitir a trámite el recurso de la Abogacía del Estado, en nombre del Gobierno, contra la ley de transitoriedad que aprobó el Parlamento catalán el pasado jueves con los votos de Junts pel Sí y la CUP, las formaciones independentistas. La admisión de la impugnación supondrá la suspensión automática de la norma que regula la transición a una hipotética república catalana en caso de que en el referendo (suspendido por el TC y por lo tanto sin carácter vinculante) salga el sí. Además, se prevé que la resolución recoja el apercibimiento, una vez más, a las autoridades afectadas, en este caso el Gobierno de Puigdemont y la Mesa del Parlament.

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