Esta posición no satisface a todos los socios de la coalición, pero EU y Podemos miran para otro lado
10 sep 2017 . Actualizado a las 05:00 h.En el 2012, el año en que Xosé Manuel Beiras se marcha del BNG para fundar Anova, la CUP se presenta por primera vez a las elecciones al Parlamento de Cataluña y obtiene 3 escaños. La fascinación del beirismo por este partido asambleario, independentista y antisistema fue inmediata. Anova lo convirtió en su homólogo catalán, toda vez que ERC bailaba con el BNG y CiU era la derecha. La sintonía entre Anova y la CUP fue escenificada muchas veces. La última, el pasado 25 de Xullo, cuando Beiras compartió charla en Santiago con la diputada Anna Gabriel para insistir en la ruptura del modelo constitucional español. Allí advirtió que «el único torpedo» en circulación capaz de hacer estallar la santabárbara del régimen del 78 no era ya Podemos o la unidad popular, sino el proceso soberanista catalán.
Con estos precedentes no resultó raro que Antón Sánchez, portavoz nacional de Anova y número dos de En Marea en el Parlamento, respaldara esta semana con fervor la ley de convocatoria del referendo de independencia de Cataluña, pese a que no tiene amparo legal alguno, como tampoco chirrió que anunciara que mañana estará presente, junto a sus socios de la CUP, en la manifestación de la Diada en Barcelona.
Más novedosa resultó la posición de Luís Villares, líder orgánico de En Marea, fuerza integrada por Podemos, Esquerda Unida y varias candidaturas municipales, cuyo ideario dista mucho del independentismo que profesa Anova. La defensa cerrada que Villares hizo de la convocatoria ilegal de la consulta, y el silencio mostrado por Esquerda Unida y Podemos, es la constatación de que es Anova, con sus pocos cientos de militantes, quien marca la posición de una organización como En Marea, que obtuvo 273.000 votos en las últimas elecciones.
La pulsión hacia el independentismo de En Marea no satisface a todos sus socios internos, pues se trata de una posición que no ha sido discutida, ni pactada previamente. No obstante, tanto EU como Podemos, por mera supervivencia del proyecto común, miran hacia otro lado y a Anova le dejan hacer.
Entretanto, no son pocos los que en el PP y el PSdeG se llevan las manos a la cabeza al ver a un magistrado en excedencia del Tribunal Superior de Xustiza, como Villares, defendiendo algo completamente ilegal, como el referendo catalán. «Es inaudito y va a tener consecuencias», advierten en el PPdeG.
Por lo de pronto, la primera consecuencia se va a ver en el discurso de la oposición. La última vez que el Gobierno de Feijoo tramitó una ley exprés en el Parlamento fue una reforma de la Lei do Solo para que no se frustrara la ampliación de la planta de Citroën en Vigo, y diputados que ahora están en la cúpula de En Marea, como Antón Sánchez o Consuelo Martínez, hablaron de «procedemento ilegal», «patada para diante» o tramitación «chafalleira».
La ley del referendo catalán fue mucho más allá, pues incumplió todas las reglas y desautorizó al letrado mayor del Parlament. Y no solo no mereció reproches, sino que En Marea la aplaudió de forma entusiasta.